Trascendió la información que la Secretaría de Estado de Comunicación Pública (S.E.C.P.) de la provincia, por medio de una licitación pública, busca un denominado “Servicio de Seguimiento Periodístico de los principales medios gráficos y sitios web de Tucumán, nacionales e internacionales”. Se trata de un asunto de evidente gravedad institucional, debido a que es violatoria de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional y en varios pactos internacionales.
Cabe recordar que el derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en la Constitución Nacional (artículos 14 y 32), así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), entre otros instrumentos con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN).
En lo que hace al Artículo 14 de la Constitución Nacional, dice explícitamente que “todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
La Licitación:
Licitación 4521 Seguimiento… by Tucumán Despierta
Al tiempo que en el Artículo 32 queda expreso que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Mientras que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
En ese sentido, agrega que “el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores” y que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Justamente es por esto que se encienden las alarmas que indican que se encuentra en peligro la libertad de expresión si prospera la intención del gobierno provincial, debido a que bien podría tratarse de una forma de control oficial. Y es que en la licitación se deja en claro que a lo que apunta el oficialismo es a un “seguimiento” de una “selección de noticias sobre el Gobierno de la Provincia de Tucumán, de su Gobernador, del Gabinete Provincial”.
Además, se propone realizar un denominado “informe semanal cualitativo sobre la prensa nacional”. Como si se trata de documentación confidencial, se deja en claro que todo lo elaborado “será propiedad del Gobierno de Tucumán”, al tiempo que se aclara que “el adjudicatario no podrá hacer uso ni divulgación de los informes, estudios y documentos elaborados”. Es decir, todo parece demasiado turbio como para alarmarse por esto.
Hasta incluso se aclara que el adjudicatario deberá entregar toda la información recopilada durante la prestación del servicio, procediendo a eliminarla de las aplicaciones de su propiedad. Y se deja en claro que se establece un compromiso en torno a que se le brindará “un trato reservado y confidencial a toda la información que la empresa pudiera obtener del Gobierno de Tucumán y a procurar su custodia y no divulgación”.
Una iniciativa como esta no tiene lugar en democracia. No es constitucional, y ningún Poder Ejecutivo tiene competencias para crearlo. Lo que se esconde detrás de esto es evitar la crítica, el disenso e imponer una única verdad que disimule lo malo y ensalce los logros del oficialismo provincial. Y es que se trataría de una especie de ciberpatrullaje, mediante la observación persecutoria por medio de la vigilancia de los contenidos.
¿Acaso se intentará decretar la maliciosidad o falsedad de comentarios o noticias? ¿Se buscará que sus autores podrían ser penalizados de alguna forma? Como sociedad debemos defender la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como base fundamental del sistema democrático. El periodismo, escruta, molesta, indaga y cuestiona al poder, esa es la razón de su existencia y son los funcionarios los que deben rendir cuentas y dar explicaciones.
