El Gobierno nacional dispuso este miércoles la entrega de tierras a una comunidad mapuche en la provincia de Río Negro. La resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, rechazó los planteos interpuestos por un propietario de tierras que había rechazado la sesión de un terreno de 481 hectáreas a la comunidad Lof Che Buenuleo.
El INAI argumentó su resolución en “que el relevamiento territorial indígena se enmarca en un contexto de emergencia territorial en el que se encuentran las comunidades indígenas como sujetos de derecho resultando el ordenamiento jurídico aplicable de orden público y su derecho de carácter colectivo”. De esta manera, ratificó la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Che Buenuleo.
El Gobierno recordó en su resolución que el 30 de enero de 2010, “Antonio Buenuleo, en su calidad de Lonko de la Comunidad solicitó el Relevamiento Territorial de la Comunidad Lof Che Buenuleo”. Y que “la Comunidad Lof Che Buenuleo podría haber contado con un reconocimiento de su ocupación territorial desde el año 2011″.
Tras darse a conocer la resolución en el Boletín Oficial, el diputado opositor Aníbal Tortoriello expresó en Twitter: “La cesión de tierras no es más que un aval del gobierno nacional a la violencia y la extorsión. Tristísimo”.
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La Corte Suprema había rechazado la ocupación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado el 9 de febrero de 2023 un recurso de queja del INAI y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 había dictado sentencia el 18 de junio de 2021 en el que rechazaba el planteo de Friedrich por validar “el procedimiento administrativo de relevamiento técnico-jurídico catastral de tierras de la comunidad Lof Che Buenuleo iniciado en el año 2010″. De esta manera, había reconocido “la ocupación actual, tradicional y pública” de los terrenos.
Más tarde, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la resolución y le dieron la razón a Friedrich y consideraron que el INAI no había cumplido debidamente el procedimiento previo al dicado de la resolución.
“El deber que recae sobre el Estado Nacional -derivado de nuestra Constitución Nacional y de las demás normas que a ella deben ajustarse- de asegurar a las comunidades indígenas el pleno goce, posesión y propiedad de las tierras que tradicional e históricamente ocuparon, no puede ser sino cumplido mediante la implementación de procedimientos administrativos (…)que, con el objeto de llevar a cabo tal propósito, resguarden el derecho de defensa no sólo de los colectivos aborígenes sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas”, sostuvo la Cámara de Apelaciones.
“El derecho a reivindicar la propiedad de los territorios aborígenes no es absoluto, al igual que todos los derechos consagrados en nuestra Ley Suprema (…) circunstancia que justifica, aún más, la intervención de los sujetos cuyos derechos puedan verse efectivamente comprometidos”, agregaba el fallo del 21 de diciembre de 2021.
