Dos de los problemas que provoca la práctica de comprar seguidores es que quien lo hace, padece en algún momento no sólo de una falta de credibilidad y legitimidad en el contenido de sus propuestas, sino que además los vínculos que establece no son auténticos. Esta mirada crítica, de una práctica habitual en las redes sociales, dócilmente, es trasladable al clientelismo en la política.
Y lo padece hoy el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. No se puede desestimar la utilización por parte del Gobierno de los recursos con fines clientelísticos. Las imágenes de bicicletas y electrodomésticos regalados en municipios del Conurbano para asegurarse el voto de los más humildes, denota la certeza del oficialismo de que el voto de los más pobres se puede comprar fácilmente.
Pero lo que no se puede comprar es la lealtad o la convicción de esa persona por un partido político o un ideal. Las elecciones PASO reflejaron un dato alarmante para la radiografía del oficialista Frente de Todos, nada más en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo perdió 1.300.000 votos; y apenas retuvo el 57% de los votantes que en el 2019 permitieron que Alberto y Cristina regresaran a la Casa Rosada.
Esa pérdida se divide en 405 mil personas que en 2019 votaron por el kirchnerismo y el 12 de setiembre lo hicieron, por el contrario, por los candidatos de Juntos por el Cambio. Ese segmento, según la consultora Inteligencia Analítica que suele trabajar con el oficialismo, se compone, básicamente, de ciudadanos de clase media y media alta. A ello hay que sumarle los casi 900 mil votantes del Frente de Todos que en las PASO ni siquiera sufragaron.
Lo componen gente de clase media baja, y baja. Es decir que, por distintos motivos, una porción importante de la clase media y la clase baja bonaerenses le dieron la espalda al kirchnerismo. ¿Por qué la clase baja votaría en contra de quienes les dan los planes sociales? Porque el clientelismo ya no es efectivo y refleja que el peronismo/kirchnerismo tiene un votante leal del orden del 30-35%; al igual que Juntos por el Cambio. Nada más.
El poder adquisitivo de los planes cayó y el impacto de esa ayuda es limitado. Además, los beneficiarios lo han tomado como un derecho adquirido y ahora quieren algo más, pero si le dan lo mismo, no les interesa. Inmediatamente se activa la imagen de distintas coberturas de los canales de noticias, donde manifestantes confesaban que estaban en una marcha para hacer un “reemplazo” de otra persona que no pudo ir y que por ello les pagaban “sólo mil pesos”.
La hora en el duro trabajo de la construcción para un oficial especializado, ronda apenas los $350. No hay parangón. Poco parece importar que haya trabajadores en relación de dependencia en el sector privado que sean pobres. Porque son el único ingreso familiar y ganan menos de $67.800, lo que sale la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, que incluye alimentos y otros rubros, pero no el alquiler de la vivienda.
Es horrible que un gobierno esté pensando en las elecciones y no en gobernar para todos. Es posible que haya más desempleo porque las empresas ven que para compensar este gasto delirante va a tener que haber alguna restricción. Puede ser algún impuesto nuevo, más inflación, más dificultades para importar, entonces difícilmente quieren aumentar su capacidad de producción o contratar más gente.
De la crisis social con los terribles números de pobreza, empleo y suba de precios, el país está ingresando a la segunda crisis, la económica de índole más estructural. Se basa en sumarle a las variables sociales la falta de reservas, de control del tipo de cambio, el nivel de los depósitos. No obstante, todos coinciden en que la salida no es económica sino política; es decir, un paquete ambicioso de medidas en el que lo más importante será no su contenido sino quién enuncie esas medidas.
