En medio de la descomposición del poder real de la coalición gobernante aparecen iniciativas que no solo refuerzan la idea de anomia, sino que simplemente dejan a la mayor parte de la población atónita ante el espectáculo que brindan las más altas autoridades intentando querellar a un personaje de ficción o gastando dinero público para la publicación de “manuales de comportamiento” para los corresponsales argentinos que viajen a cubrir el mundial en Qatar.
//El INADI lanzó un manual con frases que recomienda no decir a los periodistas que viajen al Mundial de Qatar
En las últimas dos semanas se hilvanaron estos dos sucesos, que la sociedad tomó con particular hilaridad. Primero el debate sobre lo que podía decirse o no sobre el Presidente en un reality show, luego el manual para evitar que los periodistas se refirieran al panorama “oscuro” de un equipo o relaten el contenido de los cánticos de los hinchas en las canchas. Conviene reflexionar sobre el desacierto de las dos posturas gubernamentales sobre lo que puede o no decirse en televisión, radio, diarios o redes sociales.
Victoria Donda que, junto a Myriam Lewin, se autoerigieron como una suerte de comisarias del pensamiento y vigías de las redes sociales, ya no sorprenden con su concepción autoritaria sobre la prensa, la pluralidad de pensamiento o sobre la libertad de periodistas y ciudadanos para reflejar y contar la realidad según sus propias miradas. Ellas pretenden que los periodistas escriban según lo que dictan en sus manuales de estilo.
Y que la opinión pública se forme desde sus personales perspectivas políticas sobre izquierdas o derechas, derechos humanos, diversidad sexual, cultural, étnica o religiosa. Ignoran que jamás puede ser un organismo o un funcionario estatal el que determine cómo y que puede decir un periodista, un corresponsal que realiza una cobertura deportiva dentro o fuera del país o un medio de comunicación.
Los manuales de ética y los códigos de conducta profesional deben surgir de la auto-regulación de medios y periodistas y nunca ser una imposición de estado. Tanto como Lewin cuando lanzó sus “Recomendaciones para periodistas sobre el tratamiento del conflicto de Malvinas” en marzo de este año, como la titular del INADI ahora con su “Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022″ incurren en la misma maliciosa omisión.
Es decir, el periodismo tiene protección constitucional, la confidencialidad de fuentes, el chequeo de información y la libertad editorial son sus elementos distintivos. La autorregulación la prensa esta tutelada dentro del sistema interamericano de derechos humanos, fijada en todos los pactos y tratados de rango constitucional y ratificado en la última “Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital” firmada por las relatorías de libertad de expresión de la ONU.
Entonces, si gran parte del mundo comparte la visión democrática sobre la libertad de expresión, la auto-regulación del periodismo y la importancia de mantener los contenidos de internet libre de restricciones, cabe preguntarse: ¿De dónde surge esta posición autoritaria, anacrónica y casi policial sobre lo que escriben ciudadanos y periodistas sobre determinados temas de la agenda pública?
¿Por qué el gobierno no piensa en medidas de protección y asistencia diplomática para los periodistas que vayan a cubrir el mundial en una región que se rige con parámetros muy distintos a los estándares interamericanos en vez de muñirlos de manuales de estilo estatales? ¿Por qué todas las ideas que surgen del gobierno actual van en camino a restringir, regular, o controlar la expresión, opinión e información que circula en las redes sociales?
Desde el ciberpatrullaje de Federic, el observatorio NODIO, las redes tóxicas de Beliz, los intentos de regular el “discurso de odio”, o las recomendaciones del INADI, todas las iniciativas apuntan a imponer una perspectiva única sobre lo que es correcto o incorrecto pensar o transmitir desde el punto de vista de un funcionario o de quienes encabezan la coalición gobernante, al conjunto de la sociedad.