Por caso, quien escribe estas líneas ha contado in extenso acerca de los llamados del hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández, apretando a aquellos que intentaban hacer su trabajo de manera honesta. En esos días, era jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Néstor Kirchner.
“Yo te puedo hacer mierda”, era su frase más brutal en los idus de 2004. Este cronista fue destinatario de ella, al igual que los colegas de revista Noticias y diario Perfil.
Néstor y Cristina también pensaban así, por lo cual intentaron impulsar diversas medidas en contra de los medios no kirchneristas.
En ese contexto se entiende el impulso de la ley de servicios audiovisuales o la creación de programas como 678. Todo en pos de controlar a la prensa. Una obsesión bien K.
Ahora, en el mismo marco, el gobierno de Alberto y Cristina ha motorizado la creación de un “observatorio contra la desinformación y la violencia” llamado Nodio.
Desde la Defensoría del Público se presentó como “un observatorio de medios y plataformas digitales con el objetivo de garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y de las falacias”.
Entonces arrecian las preguntas: ¿Cómo se evaluarán las noticias “maliciosas”? ¿Quién lo hará? ¿Bajo qué criterios? Aún nadie ha respondido al respecto.
Es curioso, porque se habla de que el observatorio trabajará “en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”, pero no se detalla respecto de cómo se hará. Eso sí, ello se instrumentará en pos de “proteger a la ciudadanía comunicacional de este tipo de informaciones”.
Cuando uno lee algo semejante, le corre un frío por la espalda. Porque los dictadores sostienen ese tipo de cuestiones cuando censuran aquello que los incomoda. Siempre “so pretexto” de proteger a la ciudadanía.
Como si la gente necesitara que alguien la defendiera de algo semejante, siempre subestimando el sentido común de la sociedad. Ciertamente, lo que la gente reclama es otra cosa: que haya empleo pleno y no siga subiendo la inflación, entre otras cuestiones.
Como sea, la licenciada en Bibliotecología y Documentación Florencia Bossié recuerda que “a lo largo de la historia, los Estados y los distintos grupos de poder se ampararon en el argumento de su deber de proteger a la sociedad de las ideas perniciosas para ejercer la represión a la opinión libre. Esto resulta coincidente con las justificaciones utilizadas por la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 para ejercer su coerción hacia la sociedad”.
Es paradójico, porque el kirchnerismo siempre se ha mostrado a nivel discursivo contra el criminal Proceso de Reorganización Nacional de los 70. Sin embargo, coincide en su aversión y avanzada contra la prensa.
Por caso, la defensora del Público, Miriam Lewin —quien lleva adelante la iniciativa Nodio—, anticipó por dónde viene la cosa: “Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática”.
La imprecisión de sus palabras genera pavor. Porque, ¿cuál es el parámetro para medir la eventual intolerancia? Y, más importante: ¿Quién lo va a evaluar?
Lewin se mete en un terreno pantanoso, que coincide con la avanzada de la irritabilidad K contra los medios: “El discurso del odio, la desinformación y las noticias maliciosas promueven la polarización social y la violencia colectiva, avasallan el derecho a estar informado, degradan el debate público y amenazan la democracia”, sostiene la mujer.
¿Contemplará la valoración de Lewin el trabajo de los colegas de medios como C5N, cuyo discurso coincide con su cruda descripción? ¿O solo se perseguirá el “odio” de una sola “vereda”?
Lo que viene no parece nada auspicioso, sino todo lo contrario. De pronto, ser periodista en la Argentina se ha convertido en un trabajo de riesgo. A menos que uno sea kirchnerista, claro.
