Con un rapto de nerviosismo extremo, Cristina Kirchner respondió a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos con una aseveración que el tiempo dirá si se cumple. Dijo que su nombre no aparecerá en ninguna boleta electoral el año próximo: sabe que los números lejos están hoy de acompañarla. Muchos de sus acólitos comenzaron a preocuparse.
Muchos otros con los que habla habitualmente la prensa descreen del supuesto renunciamiento. Sea como fuere, hay algo a lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner ha decidido no dimitir: el manejo de las “cajas” de la política que más dinero manejan del presupuesto nacional. Los fondos públicos que controla el kirchnerismo son los más abultados del Estado nacional.
No solo eso: esa facción domina hoy el 70 % de las dependencias donde se giran esos dineros, situación que también habla muy claramente del módico poder que ese sector le asigna al Presidente para decidir y gestionar. Como si eso no alcanzase, varios de los organismos en manos de La Cámpora, recibirán para 2023 el doble o casi el doble del presupuesto que tuvieron este año.
Y a pesar de los recortes, quitas de subsidios y demás anuncios rimbombantes de Sergio Massa. Queda claro que los ajustes no rigen para todas las áreas del Estado por igual y, peor aún, pareciera que solo rigen para los ciudadanos de a pie, para las empresas pequeñas, medianas y grandes; las industrias, y, muy especialmente, para áreas del Estado claves como la educación y la salud, que sufrieron fuertes recortes presupuestarios y los seguirán padeciendo.
Lo corroboran los números. Por ejemplo, la Anses, que controla la kirchnerista Fernanda Raverta, tendrá un presupuesto de casi 13 billones de pesos (93% de aumento); el PAMI, que dirige la camporista Luana Volnovich, recibirá también casi el doble de ingresos respecto de 2022, mientras que Enarsa, empresa decisiva en la política energética del país, manejada por el kirchnerista Agustín Gerez, recibirá transferencias del Tesoro por $925.019 millones, un 133% más para 2023.
Los datos surgen de estadísticas oficiales y de informes elaborados por sectores de la oposición. Está claro que no hay decisiones de gobierno que no sean aprobadas por la vicepresidenta, aunque, en los hechos, trate de desentenderse de lo actuado. No se recuerda en la historia argentina un nivel de hipocresía e insensatez mayor. Si el “relato” va por un lado –tratando de imponer una verdad única– los hechos se encargan por sí solos de poner negro sobre blanco.
Por caso, la Anses tendrá para 2023, un presupuesto de 12,9 billones de pesos, casi el doble de lo que recibió este año. El PAMI –que solo cosecha tan desesperadas como dolorosas quejas de sus afiliados por las enormes trabas para conseguir insumos de todo tipo y porque no hay turnos médicos hasta dentro de muchísimos meses, entre otros aberrantes destratos–, recibirá transferencias del Tesoro por 329.739 millones de pesos, un 82% más que en 2022.
Ojalá sea para mejorar la situación sanitaria de los casi cinco millones de jubilados que desatiende y no para seguir fortaleciendo su enorme “caja política” ante el riesgo de que el voto ciudadano los desplace del poder. Casi medio país bajo la línea de la pobreza, con jubilaciones mínimas que rozan la miseria y una inflación que, a pesar de las estimaciones oficiales para 2023, podría no alejarse mucho del brutal porcentaje con que terminará este año, cercano al ciento por ciento.
En ese marco, no se concibe que la política siga eludiendo el ajuste que se le exige al resto, asegurándose dinero fresco para el que, sin dudas, será otro año de grosero dispendio electoral. Seguir dando de comer a un Estado obeso de ineficiencia en lugar de achicar los gastos improductivos ha sido y sigue siendo la impronta básica de las cuatro gestiones del kirchnerismo. La verdadera proscripción es la de millones de ciudadanos que seguirán sin poder satisfacer sus necesidades básicas.
