Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en distintas localidades de Neuquén, Córdoba, Mendoza y el conurbano bonaerense, sumados a los cierres de comercios en algunos barrios porteños frente a rumores sobre intentos de saqueos, nos retrotraen a los peores momentos vividos durante la hiperinflación de 1989 y la crisis de diciembre de 2001. Frente a aquellos nefastos recuerdos y a la posibilidad de que el vandalismo vuelva a adueñarse de las calles, es imperioso no insistir en negar la realidad.
Al tiempo que tener presente que el orden no puede ser considerado nunca una mala palabra. Imágenes de un supermercado incendiado y saqueado en Moreno como las del dueño de un negocio en Tres de Febrero intentando defenderse a escopetazos de grupos violentos o como las de vecinos del Bajo Flores y de la villa 1-11-14 organizando postas de vigilancia, armados con palos, para prevenir saqueos, no solo dan cuenta de la ausencia del Estado a la hora de proteger a la población.
Son un perfecto resumen de que en no pocos lugares impera la ley de la selva. En este contexto, provocaron indignación las irresponsables afirmaciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien en momentos en que se estaban registrando hechos de violencia, insistía en que no había saqueos y que todo se trataba de “una operación de la gente de Javier Milei” para “generar desestabilización”.
Varios funcionarios buscaron separarse de sus dichos frente a lo innegable, aunque hasta ese momento las máximas autoridades del país, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, optaban por un silencio cómplice. Nadie puede desentenderse de las complicadas circunstancias que vive la economía y de las fuertes remarcaciones de precios registradas en los últimos días, síntoma de la galopante inflación promovida por erradas políticas que siempre terminan castigando particularmente a los sectores más vulnerables de la población.
Del mismo modo, es sabido que el Estado gasta unos 4000 millones de pesos por día en planes sociales, un monto sideral canalizado mayormente a través de organizaciones sociales. Así como el empobrecimiento de la población es un hecho innegable, también lo es que episodios violentos como los saqueos no ocurren de manera espontánea ni promovidos necesariamente por quienes menos tienen.
Responden fundamentalmente a móviles políticos y a la acción de grupos acostumbrados a delinquir. La propia Cristina Kirchner lo reconoció en un mensaje público que pronunció en 2012, en el que responsabilizó a sectores del peronismo por los saqueos que forzaron las renuncias anticipadas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Hoy hay suficientes motivos para pensar que, detrás de los hechos de vandalismo más recientes, anida la intención de recurrir al colapso para dirimir cuestiones políticas.
Que estos episodios de violencia hayan comenzado una semana después de la peor derrota del peronismo en una elección nacional y luego de no pocas advertencias de dirigentes y funcionarios kirchneristas sobre las eventuales consecuencias sociales de un triunfo electoral de la oposición, puede decirnos mucho sobre su origen. Las irresponsables palabras de Eduardo Valdés, dando a entender que solo el peronismo puede garantizar la paz social.
O de funcionarios como Aníbal Fernández, presagiando que correrá sangre si la oposición llega al gobierno, no pueden ser dejadas de lado. Tampoco la instigación a cometer delitos por parte de dirigentes piqueteros como Raúl Castells. Cuando dirigentes del oficialismo se jactan y hasta se enorgullecen de su capacidad para ejercer impúdica e impunemente la violencia callejera para tomar como rehenes a los argentinos de bien, no puede descartarse que, una vez más, nos encontremos ante un intento para extorsionar a la ciudadanía, sembrando miedo ante la posibilidad de un cambio político.
Los saqueos registrados en las últimas horas son el fruto de una serie de factores en los que se conjugan la miseria, la marginalidad, la decadencia de la educación, el narcotráfico y el fracaso de las políticas populistas e inflacionarias. La falta de autoridad representada por un Estado inoperante para garantizar la seguridad y la búsqueda del aprovechamiento político por parte de grupos que temen perder el poder y sus privilegios han hecho el resto. Este último sector acaba de emitir su temerario mensaje y la ciudadanía deberá responderle en las urnas.
