“Pido disculpas públicas a los señores guardias de seguridad de la portería del countrie ‘Los Azahares’ y a toda otra persona que hubiere ofendido con mis dichos y comportamiento”. Este fue el contenido de la solicitada que llevó la firma del médico Ernesto Prebisch.
El aviso, publicado el domingo, correspondió a una de las condiciones de la reparación integral que debió cumplir el profesional, tras ser retenido por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio días atrás, de acuerdo el proceso judicial.
Bajo esa disposición legal, el especialista respondió a una sanción económica de $ 200.000, monto destinado al Sistema Provincial de Salud (Siprosa), informaron fuentes judiciales.
Está previsto también que Prebisch concrete una donación por $ unos 20.000, lo que sumado al costo de la solicitada llevaría el monto total de la reparación a un poco más de $ 240.000, dijeron desde tribunales penales de avenida Sarmiento al 400.
El escándalo se conoció mediante un video que circuló a inicios de este mes por las redes sociales. En las imágenes, dos agentes de seguridad del barrio privado de Yerba Buena le impedían el ingreso al médico, en momentos en que ya estaba vigente la cuarentena en la provincia. Ante esa acción, el hombre los increpó con gritos e insultos, y afirmó que era médico de la Policía.
“Fui a ver un paciente, que vive en ese country. En la portería me dicen si tenía identificación y ahí comenzó la discusión. Cometí dos errores: salir y, después, pelearme”, reconoció Prebisch horas después del hecho. “Decidí ir en la bicicleta porque soy cardíaco. Tal vez si iba en el auto, como lo hago a menudo, no pasaba esto”, añadió el especialista, quien terminó aprehendido por violación del aislamiento, entre otras infracciones.
A partir del programa “Nadie en las calle”, el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició más de 4.600 causas en contra de personas que habían violado las disposiciones oficiales. Dentro del proceso penal, la Unidad Fiscal Enfermedades Sanitarias, a cargo de Carlos Picón y Mariana Rivadeneira, ha adoptado dos vías de solución del conflicto penal, entre otras que contempla el Código Penal: la reparación integral y la suspensión de juicio a prueba o “probation”.
“En el caso de la reparación integral no intervine un juez y no es condición que la persona (el aprehendido) haya declarado como imputado. El fiscal puede establecer la reparación integral y no hay un monto indemnizatorio establecido”, había dicho Picón.
En cambio, la suspensión de juicio a prueba es una de las alternativas previstas para evitar la condena por un delito, en caso de que el proceso avanzara. Por ejemplo, la Justicia dispuso semanas atrás la suspensión de un proceso, por un año, en una causa por violación del aislamiento social por arribo al país. Una pareja comenzaría a cumplir reglas de conducta, como no salir de su casa durante la cuarentena -salvo alguna urgencia-, y hacer efectivo un resarcimiento económico a favor del Ministerio de Salud y también una donación al hospital Avellaneda.
Entre otras medidas, el Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de los operativos “Nadie en las calles” para hacer cumplir el aislamiento social y obligatorio, dispuso una guía de control para las empresas y el personal de seguridad privada en los barrios cerrados.
También se ordenó que los agentes de seguridad deben informar de inmediato, a través de WhatsApp, las identidades de aquellas personas que realicen actividades recreativas, deportes, encuentro sociales o esparcimiento en las calles internas y espacios comunes: plazas, canchas de fútbol, de paddle, piscinas, club house, capillas, cines y gimnasios, entre otros. /La Gaceta
