Un sector del sindicalismo representativo comenzó a rendirse ante Javier Milei. Es parte de una estrategia que mezcla tregua y pragmatismo frente a un Presidente indescifrable para los jerarcas sindicales. Lo curioso de este giro es que se da tal vez en el momento más débil del Gobierno, en el que la economía se desploma, el dólar enciende alarmas y cuando manda la incertidumbre sobre el intento del oficialismo en aprobar su primera ley en casi un semestre y de avanzar en un ambicioso acuerdo de diez puntos con las provincias. El Pacto de Mayo de Milei será hoy sin ley y con un gobernador.
Después de activar dos paros generales en cinco meses, la CGT no está por ahora dispuesta a ir hacia un esquema de huelgas a repetición para forzar una negociación sincera con del Gobierno. Es probable que los gremios se movilicen al Congreso si es que se sesiona por la Ley Bases. Sería hasta el momento la única protesta marcada en el calendario, prevista quizás para la primera semana de junio.
Se multiplicaron en cambio los reclamos sectoriales para reabrir paritarias o por despidos y suspensiones. El desempleo ya dejó de caer en dosis homeopáticas y los salarios no le ganan a la inflación, como argumentan desde la Casa Rosada. Hay conflictos abiertos con estatales, docentes, médicos, personal de sanidad, textiles, albañiles y metalúrgicos, entre otros rubros. La mecha que más preocupa es la que se encendió hace una semana en Misiones, donde la policía se agremió y buscó apoyo en otros sectores para reforzar su demanda por una mejora salarial. Lo de Misiones es por ahora un caso aislado a pesar de que los sueldos de los efectivos de esa provincia coinciden o incluso son más altos que los de otros distritos. Axel Kicillof evalúa apurar un aumento para la policía bonaerense en un intento de diferenciarse, pero también como estrategia preventiva por temor a un coletazo en un territorio siempre caliente.
No hubo todavía movimientos internos en la CGT para agrupar a todos los conflictos y evaluar otra medida de fuerza conjunta como la del 9 de mayo pasado. La hoja de ruta está por ahora vinculada directamente con lo que suceda en el Congreso, con el futuro de la Ley Bases y el paquete fiscal, y en la Justicia, con el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23, sobre el cual debería expedirse la Corte Suprema, aunque sin plazo predeterminado. “Hay mucha incertidumbre y todavía no hay contexto para escalar la confrontación. Veremos”, planteó un dirigente gremial con diálogo frecuente con la Casa Rosada y mandatarios provinciales. Otro gremialista, de un perfil mucho más combativo, pidió impulsar una estrategia “para evitar un estallido social y económico”.
Sin un plan coordinado tras la última huelga general, cada sindicato se abocó a sus problemas sectoriales. En ese juego autónomo, Sergio Sasia, jefe de la Unión Ferroviaria, se desmarcó del perfil duro de sus socios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), digitados por Pablo Moyano. La Catt, que reúne a más de 30 gremios del transporte, se encamina hacia una ruptura definitiva que podría tener consecuencias en el rompecabezas de la CGT.
Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. El dirigente ferroviario se sienta entre una y dos veces por semana alrededor de una mesa de la Secretaría de Transporte en la que se discute sobre cómo optimizar recursos y en la que se definiría próximamente los alcances de un plan de retiros voluntarios y prejubilaciones. “Si no somos inteligentes, va a quedar marcada una grieta muy fuerte en el movimiento obrero. Nos va a pasar la realidad por encima si no discutimos una actualización laboral”, argumentó Sasia sus razones por las que aceptó negociar con el Gobierno. A diferencia de los aeronáuticos, por ejemplo, Sasia no se opone a la privatización de los ferrocarriles. Imagina un sistema mixto y asegura tener coincidencias con los grandes grupos empresarios que gestionan mejoras en el trazado del servicio de cargas.
En una negociación con algunas similitudes se encuentra Alberto Cejas, jefe de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Aceptó el plan de retiros voluntarios en el Correo Argentino, donde el Gobierno proyecta despedir a 7000 personas antes de una eventual privatización. Sasia y Cejas sirven como botón de muestra del pragmatismo sindical. Ambos son los sucesores de dos sindicalistas históricos cuyos recuerdos están nublados de polémica: José Pedraza y Ramón Antonio Baldassini, respectivamente.
Pero también hay dos pesos pesados que se mueven hoy con esa lógica pragmática y negociadora. Uno es Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio desde 1986 y quien tomó distancia de la mesa chica de la CGT para reforzar su vínculo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si se aprueba la Ley Bases, el gremio mercantil adoptaría el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, uno de los puntos de la reforma laboral libertaria. Cavalieri fue menemista, kirchnerista, macrista y albertista. No dudaría ahora en proclamarse mileísta. Tal vez no lo hace a pedido de Pettovello, para no interferir en el relato oficial sobre los vínculos con “la casta”.
El otro rostro del pragmatismo sindical es Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Martínez contabiliza casi 100.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023. Logró que los legisladores nacionales de distintos partidos advirtieran en el Congreso sobre los riesgos de cortar el financiamiento. Preocupan el deterioro de las rutas y los proyectos inconclusos. La reanudación de las obras depende de que el ministro de Economía, Luis Caputo, libere los fondos, aseguraron fuentes oficiales y sindicales.
Alianzas novedosas y Preventivos de Crisis
A la caída de la actividad económica y la escalada del dólar, se suma otra señal alarmante. En la Secretaría de Trabajo de la Nación se concretaron 61 pedidos de empresarios para activar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Unas diez solicitudes cada 30 días. Una estadística similar se dio en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde 60 empresas pidieron la aplicación del artículo 223 bis para avanzar en un plan de suspensiones, que involucraría a unos 10.000 trabajadores, según precisaron fuentes del gobierno que encabeza el radical Maximiliano Pullaro. Santa Fe suele ser un termómetro de la crisis económica. El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones, aunque depende de un acuerdo con el principal sindicato de la actividad.
Así como surgen novedosos acuerdos entre empresarios y sindicalistas para avanzar con un recorte consensuado, aparecen otras alianzas inéditas para rechazar los alcances del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que está incluido en la Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados. La Cámara de la Industria Aceitera, donde tallan multinacionales como Cargill, Dreyfus, Molinos y Bunge, advirtieron sobre una posible “competencia desleal” en caso de que prospere el proyecto oficial tal cual se validó en la Cámara baja. No dista demasiado de lo que expresó Daniel Yofra, el jefe de la Federación de Trabajadores Aceiteros, quien también se opone con pies de plomo a otorgar los beneficios impositivos a los eventuales nuevos grandes inversores.
“Las empresas que ya funcionan en el polo agroexportador se van a ver afectadas si avanza el RIGI. Como también se van a ver afectadas si es que se restituye el impuesto a las ganancias, porque eso va a generar mayor conflictividad”, dijo Yofra, un dirigente que interviene poco en el ajedrez interno de la CGT tal vez porque su raíz política surgió en la izquierda. Yofra es influyente en el polo agroexportador del Gran Rosario y es uno los referentes sindicales de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la boca de salida del 80% de las exportaciones del país y, sobre todo, de la soja. Su gremio parará la actividad el día que se trate la Ley Bases en el Congreso a modo de protesta. Su próximo paso será buscar consensos entre los gremios que tengan injerencia en las exportaciones para activar una huelga que impacte directamente en la recaudación del Gobierno. Prevé contactos con la UOM, petroleros, camioneros y bancarios.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, aliado de Milei para impulsar la Ley Bases con modificaciones, precisó que el RIGI es para desarrollar la explotación minera, petrolera y gasífera. Desde la Asociación Obrera Minera de la Argentina, uno de los sectores que supuestamente sería beneficiado, hubo reparos a la letra chica del proyecto.
Héctor Laplace, el jefe del gremio de los mineros, hizo cuentas y cruzó números en un borrador sobre el RIGI antes de su presentación de esta semana en la Expo San Juan Minera. Confeccionó un cuadro de las ventajas que el RIGI ofrece por encima de las condiciones en que se manejan en la industria nacional. En un papel, comparó: Ingresos Brutos, 0% para la empresa que invierta de la mano del RIGI, y 6% para la industria que ya está en actividad en el país; Ganancias, 25% contra 35%; IVA, 0% contra 21%; Impuesto PAIS, 0%, CONTRA 17,5%; derechos de exportación, 0% contra 16%, y derechos de importación, 0% contra 13%. “Es competencia desleal, pero es también un saqueo de los recursos naturales de la Argentina”, dijo Laplace, un sindicalista de trato cotidiano con multinacionales gigantes y que espera sin demasiada expectativa el posible desembarco de Elon Musk para invertir en la explotación de litio.
En caso de que se concrete su llegada al país, Musk tendrá competidores chinos y australianos. Un dato que no debería pasar por alto la canciller Diana Mondino, que hace una semana, en una visita a Washington, reforzó el alineamiento político y comercial con Estados Unidos al firmar un memorando al que calificó de “acuerdo prenupcial”. Otro revival de los 90 en la nueva era de las relaciones carnales.
