La audiencia relacionada con el crimen de Chacabuco 59 no fue una más, sino un debate crucial para esclarecer el caso de Laura Gabriela Picciuto, víctima de homicidio. Durante la audiencia, el ex esposo de la víctima, José Luis Fumero, optó por el silencio, mientras que los otros cuatro imputados enfrentaron decisiones sobre su detención. De estos, Fumero es el único que continuará en prisión, mientras que los otros tres cumplirán prisión preventiva en arresto domiciliario.
El auxiliar Miguel Fernández, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, solicitó la extensión de la detención de Fumero, Alfredo Socci y Natalia Liberman hasta el 11 de agosto. Sin embargo, cabe mencionar que a Socci y Liberman se les permitirá cumplir la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Aunque no se solicitó una prórroga de la medida cautelar para Sofía Alejandra di Cianni, se pidió un cambio de entorno, pasando de una celda a una vivienda.
Al respecto, la elección de la fecha no es casual, ya que coincide con el vencimiento de la orden de detención para Leonardo Salomón, el quinto acusado de homicidio. El representante del Ministerio Público argumentó la necesidad de esta solicitud destacando que aún quedaban pericias por realizar. Se mencionó la falta de información durante casi dos meses desde la desaparición de la señora, lo cual sugiere un posible encubrimiento y comportamiento evasivo por parte de los imputados, quienes presuntamente ocultaron el cuerpo debajo de una cisterna.
Según el fiscal, “lo han escondido y se han quedado todos callados”. Fernández hizo hincapié en la situación de Fumero durante la audiencia, señalando que el imputado vendió su parte de la casa antes de que se resolviera su situación legal y les dijo a los inquilinos del local comercial que Picciuto había sido declarada insana en Concepción. Además, destacó que Fumero cambió la cerradura y permitió que otra persona hiciera modificaciones en la propiedad.
Estos argumentos buscaban resaltar las acciones sospechosas del ex esposo de la víctima. Tanto el primer abogado defensor de Fumero, Ricardo Vernal, como su actual representante legal, Daniela Escalante, habían anunciado que el acusado rompería el silencio y revelaría detalles sobre supuestas irregularidades relacionadas con la venta de la casa de Chacabuco 59. Incluso, Vernal solicitó que se investigara a la procuradora Luciana Marín de la Fuente, a su hermano Isaías Marín de la Fuente y a Walter Marchese, el comprador de parte de la propiedad de la víctima.
Sin embargo, lo cierto es que ninguna de estas investigaciones se llevó a cabo. Durante la audiencia, Fumero no solo decidió no hablar, sino que su abogada planteó una teoría diferente y solicitó su liberación basándose en nuevas evidencias. Según Escalante, la escritura de la propiedad demostraría que era un bien ganancial y que Fumero había contratado a una mediadora para iniciar la división de los bienes, la cual no se concretó, señaló la profesional, reconociendo que el ex marido de la mujer no estaba autorizado a venderla.
