La construcción de una cárcel en la localidad de Benjamín Paz ha generado polémica. Los vecinos se movilizaron para rechazar su edificación, pero con la presencia de dirigentes de diferentes partidos políticos, el planteo se politizó. En un sector se encuentran los que seguirán con la protesta y hasta amenazaron con cortar la ruta 9. En otro, los que no quieren el penal allí, pero decidieron llamarse al silencio por temor a recibir presiones o represalias de las autoridades de turno.
El pueblo está ubicado a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán y pertenece al departamento Trancas. Según los últimos datos, tiene unos 3.000 habitantes; la mayoría son productores bolivianos que se instalan por épocas en el lugar para desarrollar cultivos de estación.
El proyecto del penal de Benjamín Paz se presentó en 2017. Contemplaba la construcción de una nueva cárcel que tendría capacidad para más de 2.200 personas. Por falta de financiamiento no se inició la obra y la crisis carcelaria siguió empeorando.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, aprovechando la designación del gobernador, Juan Manzur, como jefe de Gabinete, consiguió una partida pero la nueva unidad no será la proyectada en un primer momento. Las autoridades confirmaron que tendrá capacidad para 900 personas y que su construcción será veloz, ya que se levantará con la metodología de módulos premoldeados.
“Es similar a lo que se hizo con una alcaldía de Florencio Varela. Nuestros técnicos viajaron hasta ese lugar para conocer cómo la habían construido y adaptarla a lo que harían en Benjamín Paz”, señaló una fuente del Ministerio de Seguridad.
En Benjamín Paz hay un revuelo. Un grupo de vecinos indicó que no están dadas las condiciones para que se construya la cárcel. “Este es un pueblo chico, de productores que no quieren que se llene de delincuentes. Será un problema porque estaremos indefensos ante ellos”, comentó Hugo, un vecino que prefirió no dar su apellido por cuestiones laborales.
Lo que era un comentario entre lugareños, se recalentó luego de que el candidato de Juntos por el Cambio Roberto Sánchez se reuniera con ellos para escuchar sus reclamos. Eso generó cierto malestar y, según denuncia, los detractores comenzaron a ser perseguidos por los dirigentes oficialistas.
“Estábamos visitando Trancas en medio de la campaña y referentes de esa localidad quisieron hablar con nosotros sobre este proyecto. Sólo los escuchamos, no hubo nada político en esta situación”, explicó el intendente de Concepción en uso de licencia.
El aspirante a ocupar un cargo en la Cámara de Diputados informó cuáles fueron las quejas que había recibido. “Básicamente planteaba que Benjamín Paz necesita otras cosas. Por ejemplo, cuestionaron no tener una escuela secundaria, por lo que los adolescentes deben viajar a Trancas para poder seguir sus estudios, lo que constituye todo un problema”, explicó.
“También plantearon que el terreno donde se construirá la cárcel pertenecía a la Nación y que luego fue cedida a la Provincia para que se hagan ensayos de diferentes cultivos. Hubo buenas experiencias y con el tiempo, quedó en la nada. En definitiva, no creen que la llegada del penal se transforme en un progreso. Prefieren la construcción de un barrio”, concluyó Sánchez.
Los vecinos consultados sostienen que esa localidad no tiene los servicios básicos para recibir una cárcel que llenará de personas el lugar. Agua potable hay, pero apenas si alcanza para los que viven allí. No cuentan con cloacas ni gas natural. En el pueblo hay un dispensario, pero sólo atiende por la mañana y no siempre hay médicos. El servicio público de transporte público de pasajeros ingresa al pueblo cuatro o cinco veces al día.
“Nos dicen que la llegada de la prisión significará desarrollo, pero no les creemos. Años atrás nos dijeron que la instalación de servicio en la ruta mejoraríamos. Pero no fue así. Llegaron problemas, como la prostitución y las drogas, porque son muchísimas las personas que se quedan ahí a pasar la noche”, explicó Juana, otra habitante. “Tenemos miedo de que la delincuencia crezca en la zona. Esta era una localidad tranquila que se fue tornando insegura. No queremos que empeore”, agregó la mujer.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, se mostró sorprendido por la reacción de los residentes de la zona, pero pidió tranquilidad. “No creo que la instalación de la cárcel sea perjudicial para los habitantes de esa localidad. Al contrario, su construcción traerá numerosos beneficios”, explicó.
“En la lista de ventajas podemos decir que tendrá mejores accesos, más iluminación, mayor seguridad porque se deberá instalar un destacamento policial importante; conectividad porque la cárcel debe estar conectada con el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia, habrá mejor servicio de transporte de pasajeros”, explicó el ministro.
“También hay que reconocer que se puede activar económicamente el lugar. En todas las provincias que se hicieron estas cárceles, hubo un incremento económico a su alrededor. Se abrieron muchos negocios”, añadió.
