El presidente Javier Milei acepta entablar una negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de desactivar el paro anunciado por la central obrera para el 24 de enero próximo en rechazo del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) que introdujo, entre otras reformas drásticas, numerosas modificaciones en la legislación laboral y en el sistema de salud. Así se lo aseguraron a LA NACION en la Casa Rosada.
“El Presidente entiende que la CGT no es el problema, sino las regulaciones”, remarca uno de los colaboradores más estrechos de Milei. En el Ejecutivo relativizan la reacción de los gremios a la letra chica del decreto y aspiran a retomar las conversaciones para explorar un acuerdo y reencauzar el vínculo en el amanecer de la gestión de los libertarios. Según fuentes oficiales, el Presidente está dispuesto a recibir a los popes sindicales para “zanjar” las diferencias en torno a su drástica reforma de leyes y regulaciones y escuchar los reclamos.
Si bien los referentes del Gobierno machacan con que no darán marcha atrás y se atan a la estrategia del “a todo o nada” para marcar el rumbo de su gestión, interlocutores de confianza del primer mandatario aseguran que Milei le abriría la puerta a rediscutir o reconfigurar aspectos de la propuesta para avanzar con una “modernización del régimen laboral”. Eso sí, aclara un funcionario influyente, solo accedería a pedidos razonables. Bajo la nueva doctrina de “no hay plata”, están dispuestos a ensayar un gesto para acercar posiciones, pero quieren saber cuáles son las cuestiones centrales en las que la CGT está dispuesta a ceder. “Hay margen y tiempo hasta el 24 de enero. La negociación aún no comenzó. Hay que ver qué nos plantean”, sintetizan en la cima del Ejecutivo.
Quienes rodean a Milei en sus primeros pasos en el poder justifican su ambiciosa intención de aplicar un shock de ajuste y avanzar con cambios radicales para terminar con una estructura “hiper-regulada” de la economía dada la “situación de emergencia”. “No hay alternativa al ajuste. Si se emite, nos vamos a una hiperinflación. Y no hay financiamiento externo”, insisten.
En la Casa Rosada saben que Milei juega con fuego al tocar las fibras de algunos sectores corporativos del ámbito público y empresarial con poder de lobby sin ostentar mayorías en el Congreso o tener un andamiaje político consolidado para resistir la presión. Argumentan que hay una porción mayoritaria de la sociedad que exhibe una vocación de cambio, basados en el 55% del balotaje, y que acompañará las transformaciones. Asumen que atravesarán cinco o seis meses muy complejos. Y creen que el desafío de Milei es mantener el apoyo popular mientras logra un equilibrio macroeconómico. En ese lapso, en los que esperan que la economía no dé signos de mejoría, el Presidente deberá resistir. Cerca de Milei aventuran que recién en abril o mayo podrán exhibir resultados del shock de ajuste. Se esperanzan, sobre todo, en el ingreso de los dólares por la cosecha.
En ese mar de incertidumbre por un contexto económico y social inédito, los funcionarios que rodean a Milei apuntan a lograr un entendimiento con la CGT. En Balcarce 50 saben que hay dirigentes más combativos, como Héctor Daer o Pablo Moyano, y otros que permanecen en una posición más dialoguista, como Armando Cavalieri o Gerardo Martínez. “Vamos a conversar sobre lo que sea. A veces uno pide 100 y arregla por 70″, grafican en el equipo de Milei. En un sector del Gobierno se sorprendieron por la medida de fuerza de la CGT. Se habían entusiasmado con la reunión que mantuvo Cavalieri con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, para manifestar su apoyo al fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, o las señales de los Moyano. En el oficialismo no descartan que más jerarcas sindicales imiten el gesto de Cavalieri.
Las razones de la pelea
Los gremios eran una de los sectores con los que el Gobierno de La Libertad Avanza había logrado tender puentes para dialogar sobre el paquete de cambios con los que Milei procura enfrentar la crítica situación económica y social por la espiral inflacionaria. Sin embargo, la magnitud y el alcance de los cambios que planteó el capítulo laboral del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), sobre todo lo referido a las cuotas solidarias -una de las cajas sindicales, y la revisión de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) o el impacto en las obras sociales, otra fuente de recursos, y cambios en las indemnizaciones, puso en pie de guerra a los jefes gremiales.
Cuando aún no terminaban de digerir el decreto, Milei les asestó un nuevo golpe con el vasto proyecto de ley ómnibus que incluyó restricciones a la protesta social y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años. Por eso, tras cuatro años de inacción, anunciaron una medida de fuerza de doce horas con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero. Con esa jugada procuran marcarle la cancha al Gobierno y enviarle un mensaje a los diputados y senadores antes de la eventual votación de la ley ómnibus. Se sumarán las dos CTA y los piqueteros.
Desde que Milei asumió la Presidencia, el ministro del interior, Guillermo Francos, y Omar Yasin, secretario de Trabajo, encabezaron las conversaciones con los gremios. Pettovello también mantiene contactos frecuentes con los sindicalistas. Incluso hubo sondeos informales durante las últimas horas. En la cúpula de la CGT dicen que no hay margen para abrir una negociación para desactivar el paro salvo que Milei anule el capítulo laboral del DNU o baje la ley ómnibus, a la que califican de “inconstitucional” por las amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo por la emergencia y los límites a la protesta. “Si el Presidente nos llama, iremos a la reunión, pero no hay negociación posible con ese DNU y proyecto de ley. No es un emperador”, advierte uno de los históricos dirigentes de la central obrera.
En el Ministerio de Capital Humano sospechan que los jefes sindicales activaron un paro político porque el diálogo “estaba abierto”. “Es una reacción obligada de los gremios. No hay un trasfondo o un clima de conflicto”, grafica una fuente al tanto de las tratativas. En el Gobierno hubo diferencias respecto del contenido del megadecreto en materia laboral. Francos mantuvo una posición moderada e intentó prescindir de los pasajes más conflictivos de la reforma. Hasta último momento hubo tironeos por las contribuciones patronales, pero sobre todo por los denominados aportes solidarios -para cobrarlo se pedirá el consentimiento del empleado-, una de las principales fuentes de recursos de los gremios, y la ultractividad de los convenios colectivos de trabajo. Con esa medida el gobierno aspira a que sindicatos y empresas firmen convenios más modernos que reflejen las nuevas modalidades de trabajo.
Esas modificaciones “entraban y salían” del texto que circulaba entre los ministros. Hubo funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que se sorprendieron cuando leyeron la versión final. No está claro si Milei o Federico Sturzenegger, el arquitecto intelectual del DNU, fueron los redactores que dieron las puntadas finales.
Milei repite ante los suyos que no pretende chocar con los gremios. Al contrario, se autopercibe distinto a Mauricio Macri en ese aspecto. “Tiene apertura y quiere explicar que sus propuestas son lo mejor para los gremios. ¿Dónde está el daño a los trabajadores? No hay una reforma laboral, sino tres o cuatro modificaciones”, arguyen en el Ejecutivo.
En ese sentido, los colaboradores de Milei defienden su paquete de reformas y se jactan de haber habilitado paritarias libres. “Están obligados a hacer algo porque les sacamos la cuota solidaria y la ultraactividad”, chicanean. En un ala del Gobierno descreen que el Presidente desactive parte del DNU, que entró en vigencia anoche. “Es un camino de ida, no se puede retirar el compromiso”, dicen. Podría haber una negociación con Capital Humano a la hora de homologar los acuerdos paritarios que incluyen el aporte solidario. Pero hay quienes no descartan que duplique la apuesta y desafíe a los gremialistas si mantienen una postura intransigente. “Hacen un paro light, de doce horas. Podemos salir a decir que todo el mundo vaya a trabajar. Ellos tienen poca legitimidad”, avisan. Uno de los apuntados por el Gobierno es Daer, a quien notan en una posición inflexible y combativa a Milei.
Atento al clima social y la necesidad de negociar con los gobernadores para garantizarse los votos para avanzar con las reformas, Milei retiró la restitución de ganancias del megaproyecto de ley ómnibus. Lo hizo con el objetivo de presionar a los mandatarios provinciales. Les pide apoyo a cambio de que él les devuelva los recursos que les sacó Sergio Massa. En rigor, con esa jugada, Milei también evitó acrecentar el enojo de los gremios y de la clase media, que sufre el impacto del ajuste fiscal y afrontará los aumentos tarifarios durante los próximos meses. “La situación no da para más”, dicen en el Gobierno.
