El juez de garantías de Salta Julio Bavio imputó a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El beneficio está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos durante la cuarentena por coronavirus.
La audiencia fue este miércoles después de que el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, los acusara por haber recibido el subsidio pese a que no debían.
En la acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, a los imputados también los embargaron por 60 mil pesos.
Toranzos indicó este jueves en diálogo con TN que la investigación comenzó a partir de un trabajo periodístico de FM Noticias de Salta. “Cruzaron información de la página de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el número de documento de dos funcionarios que ellos estimaban que podían haber solicitado el IFE y salió la información de que habían obtenido ese subsidio”, explicó.
El fiscal señaló que, a partir del entrecruzamiento de datos, se llegó a un universo de 53 personas sospechadas. Se trata de funcionarios públicos, en su mayoría concejales, que corresponden a 15 localidades provinciales distintas.
Tras la investigación periodística, el fiscal pidió informes a la oficina central de la Anses, que aportó listado de quiénes cobran el IFE, pero también documentación que acompañó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores.
Toranzos explicó que, a partir de la evidencia recolectada desde el 27 de julio, pudieron clasificar tres grupos de personas: “En primer lugar, funcionarios públicos que habían solicitado el IFE, pero que el mismo sistema los había descartado. Segundo, los que habían solicitado el subsidio y la Anses lo aprobó, pero no lo cobraron. Tercero, un grupo de quienes hicieron el requerimiento, fueron aprobados y lo cobraron”.
“Algunos cobraron una cuota y otros dos. Lo hicieron en la misma cuenta sueldo de concejal, aunque otros pidieron cobrar en el correo”, señaló.
En la imputación, el fiscal recordó que el IFE está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios y sufrieron más el impacto provocado por la pandemia.
La Fiscalía evaluó que los acusados conocían que no podían cobrar el IFE, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos con sueldos que van desde los 30 a 60 mil pesos. “Ellos cobraban lo mismo con el aislamiento”, destacó Toranzos y resaltó que, además, los imputados “fueron elegidos por el pueblo y juraron hacer respetar las leyes”.
“Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, sentenció el fiscal, quien además de los concejales imputó a Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
