La presencia de Sergio Urribarri en la embajada argentina en Tel Aviv, durante el acto del 25 de Mayo, es la imagen de un poder acostumbrado a la impunidad que se resiste a perder sus privilegios. El exgobernador de Entre Ríos renunció como embajador en Israel a principios de abril, forzado por una condena a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Justicia lo encontró culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado, tras dar por probado que el exmandatario peronista era parte de un sistema de cartelización de empresas que permitía desviar fondos de las arcas públicas. Es posible que Urribarri confíe en que se va a sacar de encima este inconveniente. Por de pronto, la corporación político-judicial entrerriana ya se sacó de encima a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche.
La misma que había impulsado la investigación contra el exgobernador. Lo hizo mediante un jury express en medio de otra causa mayor, hoy paralizada, que llevaba adelante la fiscal. Se trata de un escándalo que involucra a la Legislatura entrerriana, que a través de contrataciones truchas causó un perjuicio al fisco de más de USD 50 millones en diez años. Ella promovió la elevación a juicio de 32 imputados, donde hay funcionarios de segunda línea y al cuñado de Urribarri.
El caso puede escalar más arriba. Siempre que se siga investigando, claro, lo que hoy no parece probable. Junto a fiscales y jueces que cumplen con su trabajo, hay en muchas provincias, especialmente los feudos peronistas, una colonización de los máximos tribunales judiciales. Esto consolidó sistemas mafiosos que garantizan el poder eterno del caudillo local junto con una impunidad que le permite manejar el dinero público como si fuera propio.
A la luz de lo actuado por el jury que destituyó a la fiscal, el poder entrerriano está decidido a abortar todo avance judicial que implique asomarse al vértigo de un sistema corrupto. Pero hay un problema: el sistema ya quedó expuesto. Tanto por lo que Goyeneche y su equipo sacaron a la luz como por la reacción de un poder que, sorprendido en offside, parece dispuesto a todo por defender su impunidad y sus privilegios.
La celeridad de la destitución, la causal endeble y el hecho de que un abogado llevara la acusación en lugar de un fiscal (una irregularidad procesal) hacen presumir que la falta de objetividad estaba del otro lado. ¿Qué imparcialidad habría que concederle a un juez cuyo hijo, exministro de Urribarri, fue investigado e imputado por Goyeneche en una causa por corrupción?
En un Frente de Todos desunido, lo que los iguala es la búsqueda de impunidad. Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para aumentar el número de jueces de la Corte Suprema. Firmaron el pedido 16 gobernadores oficialistas que saben de lo que hablan: Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, entre ellos. ¿Podrán convertir al país en un feudo?
La principal interesada es Cristina Kirchner, que interpuso 13 recursos en la Corte para frenar sus causas por corrupción. Detrás de esta movida y detrás de la destitución de la fiscal Goyeneche hay un sistema político arcaico que busca pervivir: aquel que ve en el Estado un botín a conquistar, se enriquece a costa del esfuerzo de la sociedad y genera más y más pobreza. Pero hay esperanza: quien condenó a Urribarri es también el Poder Judicial de Entre Ríos.
