El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos ordenó el desmantelamiento del barrio privado “Amarras”, que estaba en construcción en la localidad de Puerto Belgrano, debido al impacto negativo que las obras tenían en el medio ambiente.
El fallo indicó que la elevación de tierras llevada a cabo para la construcción provocó la crecida del Río Gualeguaychú, la cual tuvo entre sus consecuencias la necesidad de evacuar a 150 personas afectadas.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]“Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona y el agua que desplazaba ingresaba profusamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”, explicó el fallo, firmado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell.[/su_note]
El rol del barrio en el impacto negativo sobre el resto de la población local quedó de manifiesto en un estudio realizado por técnicos y científicos de la Universidad Nacional de La Plata, designada por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.
El pedido de retrotraer las obras había sido cursado mediante un recurso de amparo por la misma Municipalidad de Gualeguaychú. El máximo tribunal provincial inicialmente rechazó la petición, pero un mes después la Corte Suprema de Justicia de la Nación discrepó con el criterio y dejó sin efecto su sentencia.
Este fue el argumento principal esbozado por el tribunal provincial a la hora de fundamentar el nuevo fallo: “Resulta a todas luces evidente que la resolución de la CSJN constituye un criterio vinculante que debe ser respetado por este tribunal, por lo cual, carece de fundamento cualquier decisión en contrario que se aparte de la posición adoptada por el más alto Tribunal del país en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y leyes dictadas en consecuencia”, indicó.
Además, destacó la necesidad de prevenir mayores daños en el futuro y “la recomposición de la polución ambiental ya causada”.
“La recomposición del ambiente -volviendo las cosas a su estado anterior-se impone como la única solución posible”, explicó el fallo, que también ordenó un resarcimiento pecuniario.
En concreto, el proyecto inmobiliario proyectaba la construcción de 445 lotes, 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Ahora, los responsables del emprendimiento -llamado Altos de Unzué- tendrán 180 días para desmantelar la zona y devolver el terreno a su estado original.
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