Luego de que el domingo pasado tucumandespierta.com, revelara en exclusiva la responsabilidad patrimonial que recae sobre el ex delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, el cual debe devolver en su carácter de ex comisionado comunal en el período reclamado. Se trata de una cifra contundente de nada menos que $151.112.621,03 millones de pesos, ahora nuestro medio continúa “destapando la olla” sobre este personaje que no sólo navega en deudas.
Sino que también surfea en grandes olas de una impunidad tan basta como el mismo océano. En esta oportunidad, se conoció que el Expediente N° 820-270-RCCR-2023 en el cual por Acuerdo N° 2686 de fecha 26 de junio de 2023 se dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas en la Comuna Rural de El Manantial, en razón de la falta de regularización del Comprobante de Observación N° 805, por un monto total de $26.320.917,03.
Pero esto no es todo debido a que también trascendió el expediente Nº 1079-270-RCCR-2023 en el cual obra Acuerdo N°3706/23 de fecha 31 de agosto de 2023 mediante el cual se ordenó un Sumario de Cuentas en el ámbito de la Comuna Rural de El Manantial, en razón de falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 859 correspondiente al 2º BIM/21 por un monto de $10.528.289,98.
De más está decir que el sindicado todavía no ha regularizado la situación de ambos Comprobantes de Observación. De hecho, es por esta razón que corresponde iniciar un Juicio de Cuentas, según lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en contra de Bernard conforme lo establecido en el Artículo 145 de la Ley 6970 de Administración Financiera, “por lo que, dando por concluido el Sumario de Cuentas, corresponde ahora iniciar el correspondiente Juicio de Cuentas”, al igual que en otros expedientes también fue declarado en rebeldía.
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Sin embargo, el dinero no “aparece” y, lejos de constituir un problema para Bernard, desde el poder político no tuvieron mejor idea que premiarlo al término de su mandato en El Manantial, con el cargo de subsecretario de Comercio Interior. Lamentablemente no se trata de una broma, ya que Bernard ahora es un funcionario de alto rango en el gobierno provincial. Lo cual, además, fue posible con la anuencia de quien sería su “padrino político”, tal y como lo mencionamos el domingo pasado.
Como señalamos desde Tucumán Despierta, se trata nada menos que de Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, quien, de acuerdo a diversas fuentes, sería el que puso a Bernard en ese cargo a pesar de conocer los antecedentes negativos del ex delegado de El Manantial. Lo irónico del caso es que un personaje de la calaña de Bernard sea justamente, y de manera paradójica, haya sido “palanqueado” por quien se desempeña como ministro de Justicia.
¿Regino Amado habría empleado toda su influencia para que alguien como Bernard consiga un fin determinado, es decir, haber llegado a la subsecretaría de Comercio Interior de Tucumán?. Para colmo, Regino Amado continúa sin hacer nada al respecto, siendo que ya es de público conocimiento desde el pasado domingo la irregular situación en la que se encuentra su “ahijado político”.
El ministro está obligado a denunciar los delitos de acción pública como funcionario. ¿Acaso desconoce Regino Amado el Código Procesal Penal de Tucumán Ley 8933? Recordemos que en el Art. 147 – Obligación de denunciar se señala que “tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto impuesto por la Ley”.
Más precisamente, el inciso 3 refiere claramente que “administradores, depositarios o encargados. Las personas que por disposición de la Ley, de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en perjuicio de esta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan del hecho en ejercicio de sus funciones”.
Como si esto fuera poco, no debemos olvidar que no parece antojadizo el momento en el que Bernard fue recibido por el ministro Regino Amado, nada menos que en su propio despacho en Casa de Gobierno. Y es que el viernes 5 de abril fue cuando declararon al ex delegado comunal de El Manantial como “patrimonialmente responsable” de más de 151 millones de pesos. El pasado domingo nos preguntamos sobre interrogantes que a la fecha todavía no han sido contestados.
Insistimos: ¿Acaso Juan Carlos Bernard fue a ver a su “padrino” para que lo salve?, o ¿Justo el mismo día de la resolución se reúnen para la foto? ¿La publicación en redes sociales fue un mensaje al Tribunal de Cuentas y, eventualmente a la Justicia, para que jamás sea tocado Bernard?, ¿El mensaje podría o debiera ser decodificado como “con este no se mete nadie”? Lo cierto es que resulta a todas luces incomprensible que tenga lugar un hecho como este.
Sobre todo, cuando la orientación del Poder Ejecutivo local va por otro lado. Sin embargo, es necesario hacer hincapié justamente en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Y es que no se entiende que haya permitido que alguien como Bernard ocupe el cargo que ocupa en un organismo que claramente depende de Regino Amado, cuando el ex delegado comunal de El Manantial debe rendir cuentas acerca de qué hizo con más de 200 millones a la fecha.
Y es que suena descabellado que Bernard ocupe ese lugar como si fuera un funcionario impecable, cuando según el mismísimo Tribunal de Cuentas señala todo lo contrario. Al respecto, cabe recordar lo que estipula la Ley 7242, que establece en su Artículo 1: ´Créase el “Registro de Sanciones e inhabilitaciones de la Administración Pública”, designándose como autoridad de aplicación al Tribunal de Cuentas de la Provincia´.
En lo que hace al Artículo 2, se deja en claro que “en dicho registro deberán asentarse en forma “obligatoria” la totalidad de las sanciones emergentes de la ley de administración financiera, las inhabilitaciones dispuestas en sede legislativa y judicial Impuestas a empleados, funcionarios y demás estamentos de Ia administración pública descentralizada, organismos autárquicos y comunas rurales”.
Mientras que en el Artículo 3 se señala se establece ´la obligatoriedad por parte de cualquier autoridad pública de la Provincia de obtener en forma previa a la incorporación de agentes para cargos públicos, bajo cualquiera de sus formas, el pertinente “certificado de habilitación” que sólo podrá ser expedido por la autoridad de aplicación establecida por el artículo 1°, en forma gratuita´.
Como si esto no resultara suficiente, hay que recurrir a nuestra carta magna provincial, es decir, la Constitución de Tucumán, ya que en el Capítulo Segundo, en lo relativo a los órganos de Control, se indica que, en lo que hace al Tribunal de Cuentas, el Art. 78 señala que “ es el órgano de control externo y fiscalización del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales”.
Mientras que en el Art. 80.- explicita que “son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos por ley el control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos”.
En esa línea, deja sentado que “cuando advierta transgresiones legales o reglamentarias deberá realizar observaciones con carácter de formal oposición al acto, suspendiéndose su ejecución. El acto observado por el Tribunal de Cuentas sólo podrá cumplirse mediando insistencia, por decreto firmado en acuerdo de ministros, si se tratara de un acto emitido por el Poder Ejecutivo”. ¿Acaso existe el cumplimiento de esos deberes? La realidad indica que lastimosamente no es así.
Más precisamente, “las autoridades del Tribunal de Cuentas, que a pesar de haber administrativamente fallado en que Bernard tiene que pagar esos millones que no aparecen, ¿Cumplieron con sus deberes y obligaciones de funcionarios públicos y lo denunciaron en la Justicia penal como lo establece el art. 147 del código procesal penal? Es más, ¿No debería Bernard estar en el Registro de Sanciones e inhabilitaciones de la Administración Pública?
¿Acaso Bernard no debió ser investigado antes de ser postulado como corresponde con todo aquél que quiera ingresar en la administración pública? ¿Cuenta Bernard con el certificado de habilitación? De no ser así, ¿Cómo es que pudo ingresar de todas formas? Pero, en caso de poseer ese certificado, ¿Cómo pudo ser esto posible considerando que quién lo otorga es nada menos que el propio Tribunal de Cuentas?
¿Tomaron en consideración que se trata de un funcionario que debe más de 200 millones al erario público hasta el día de hoy? ¿Es posible que el Tribunal de Cuentas esté violando el artículo 147 del Código Procesal Penal debido a que no estaría cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos? ¿Cabría considerar que, tal vez y a lo mejor, exista detrás de este escándalo la mano de Regino Amado para que se haga la “vista gorda” ante tamaño desaguisado?
Lo cierto es que esto de ningún modo tendría que ser así considerando que la Ley 6970 de Administración Financiera en su Capítulo II expresa que, en lo que hace al Art. 114.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia es el organismo que ejercerá el control externo en el ámbito del Sector Público Provincial, comprendiendo tal concepto el control de la Administración Pública Provincial Centralizada, los organismos descentralizados o autárquicos, y el de la ejecución presupuestaria o el empleo de fondos que por cualquier vía realicen los Poderes Legislativo y Judicial”.
Lo cierto es que se trata de una realidad que ya generó desde el domingo pasado una reacción en cadena de parte de gente que vio cómo la indignación brotaba por sus propios poros. Lo cual los llevó a pedir en las redes de Tucumán Despierta decenas de auditorías en las distintas comunas del interior provincial. La gente está harta de tanta impunidad y lo hace saber tras la publicación que el domingo pasado hiciera en exclusiva nuestro medio.
“Son irregularidades que asustan. Son delitos graves porque estamos en una coyuntura social bastante complicada y lo que menos necesitamos son estas acciones”. Vaya ironía del destino. Y es que este textual pertenece nada menos que a Juan Carlos Bernard, quien así se expresó en el marco de un operativo de control llevado a cabo en supermercados de Capital y de Yerba Buena a fines del 2023. ¿Y si de una buena vez por todas le toman la palabra el Tribunal de Cuentas y Regino Amado?
