El estado de desastre ambiental, urbanístico y cultural persiste en el cerro El Pelao. Lo reconoce la Provincia, que envió a la Legislatura un proyecto de ley para que se extienda por un año más el estado de emergencia y la prohibición de nuevas construcciones en la montaña ubicada en un sector interjurisdiccional entre la Comuna de El Mollar y la Municipalidad de Tafí del Valle.
Con las firmas del gobernador Juan Manzur y del ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, el Poder Ejecutivo envió el lunes una iniciativa para que la Cámara que preside Osvaldo Jaldo extienda por un año, hasta el 10 de julio de 2024, el estado de emergencia ambiental, ecológica y zona de protección arqueológica, en el marco de la Ley N° 9.261, de 2020.
“Motiva la presente el hecho de la persistencia de las condiciones que hicieron necesaria la declaración de emergencia por la Ley N° 9.261 y sus prórrogas dispuestas posteriormente, emergencia que fue declarada ante el peligro para la seguridad y salud de los habitantes de la zona, al presentarse una sobreexplotación de los recursos naturales, una sobrepoblación del área de montaña, posibles movimientos de tierra, desprendimientos u otros”, se plasmó en el proyecto.
“Avance indiscriminado”
El Ejecutivo resaltó que, debido a que se trata de un sector interjurisdiccional, es preciso “implementar un sistema provincial unificado de estudio de la situación actual, propuestas de acciones de recuperación y soluciones para la gestión futura del área, propiciando la participación en los diferentes niveles de gobierno”.
La Casa de Gobierno dejó en claro que la necesidad de extender la emergencia se basa principalmente en la necesidad de frenar la urbanización descontrolada que erosiona el cerro. Con la prórroga, busca “mantener y conservar bienes de carácter ambiental y cultural-paisajístico dado el avance indiscriminado del fraccionamiento y urbanización de terrenos, y de la construcción de viviendas y obras edilicias de cualquier tipo que existiría en dicha zona de no contar con tal protección”.
La urbanización descontrolada en el El Pelao fue detenida con la fuerza de la ley hace tres años, luego de que un grupo de 30 vecinos denunciara la “desnaturalización” de la ladera que desemboca en el arroyo Los Morales. La Legislatura suspendió por un año -y aprobó luego dos prórrogas- el fraccionamiento de terrenos y la construcción de viviendas en ese cerro de El Mollar.
Multas millonarias
En los últimos años, la montaña fue devorada por las casas y los caminos. Desde casi cualquier punto del Valle de Tafí pueden divisarse los terrenos excavados para edificar viviendas sobre cornisas y precipicios, además de socavones y otras anomalías que modificaron sensiblemente el entorno natural.
La Ley N° 9.261 establece en su artículo sexto que, en caso de detectarse la infracción de la norma, la autoridad competente debe asegurar que se continúe con el incumplimiento. Dispone también el secuestro de herramientas, maquinarias y vehículos usados en la obra.
En el artículo séptimo se establece que habrá desde apercibimientos hasta sanciones que van de 300 a 5.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Provincial.
El haber básico de la categoría 18, sin contemplar antigüedad ni otros ítems adicionales, es de $25.230, según el último incremento. Así, 300 unidades de multa equivaldrían a casi $7,57 millones; mientras que la pena máxima supera los $126 millones.
En diciembre de 2021, a pesar de estar vigente la ley de prohibición, detectaron nuevas construcciones en El Pelao. La Comuna de El Mollar denunció entonces que es difícil controlar la situación por la falta de personal y de una estructura institucional mayor.
