YMAD ha sido una fuente de enriquecimiento millonario para funcionarios de la UNT, propietaria parcial de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Hay funcionarios universitarios y empresarios procesados por el robo de 85 millones de dólares.
Este martes, el rector de la UNT, Sergio Pagani, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil -cuyo hermano Fernando Jalil era hasta el arribo de Milei al Ejecutivo el presidente de YMAD-, expresaron su “preocupación” por la posible privatización de YMAD, ya que ninguno quiere renunciar a los millones de dólares en regalías que genera la explotación de los yacimientos mineros en la provincia vecina, donados a la UNT por el generoso Abel Peirano, descubridor del yacimiento de Farallón Negro, y repartidos por una ley del gobierno del radical Arturo Frondizi (1959), que reza:
ARTICULO 18- Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:
a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.
La Ciudad Universitaria nunca se construyó, pero altos funcionarios de la UNT se enriquecieron descomunalmente de la mano de YMAD.
“Nos sentimos obligados a expresar nuestra preocupación por la incorporación que se ha hecho de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio en el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por el cual se pretende declararla “sujeta a privatización”, desconociéndose la especial naturaleza de este “ente interestadual” -así fue caracterizada de modo unánime- que ha sido el fruto de un acuerdo de voluntades de sus propietarios que son, precisamente, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, a quienes representamos”, sostiene el texto de Pagani y Jalil, dado a conocer a través de Página12.
Tanto Catamarca como la UNT se pusieron a “disposición a ampliar los fundamentos que legitiman esta presentación si se considera conveniente. Entendemos que en la multiplicidad de materias que se pretende reformar se haya producido la inadvertencia de ameritar las razones que de modo categórico impiden que YMAD pueda formar parte del lote de empresas a privatizar”.
En la nota conjunta se especifica que “es unánime la jurisprudencia judicial y de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como calificada doctrina que analizan la especial caracterización de YMAD, que es el fruto de un acuerdo de entes estaduales (Acta de Farallón Negro del año 1958), por lo que la Ley N? 14771 ha sido considerada como una muy especial “ley convenio” que solo puede ser modificada o alterada, como condición de legitimidad, como resultado de un nuevo acuerdo de la Provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán, que respectivamente representamos y que son los únicos dueños y exclusivos legitimados a los derechos económicos derivados de su explotación”.
Para finalizar, reafirmaron estar “convencidos de la fortaleza de nuestra postura y de las razones, fundamentos y antecedentes que la avalan, explicitamos nuestro disenso con tal indebida inclusión realizada respecto a YMAD, recabando que en el camino del diálogo y del consenso se recepte la realidad y se resguarde la legalidad”.
José Roberto Toledo, uno de los directores de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), reconoció que el organismo se ha convertido en un símbolo de la corrupción.
El exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, dos de sus excolaboradores y 22 empresarios locales fueron procesados por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Casa de Altos Estudios, por el manejo de 85 millones de dólares que recibieron de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa de la que es socia.
Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal N°2, amplió el procesamiento, sin prisión preventiva, contra Cerisola, Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones Universitarias, y amplió embargo sobre sus bienes (67 millones de pesos entre los tres), tras la ampliación de la investigación que se lleva a cabo por presuntas irregularidades cometidas durante el 2008 y 2010.
La Cámara Federal de Apelaciones ordenó en agosto de 2016 profundizar la pesquisa en relación a las eventuales responsabilidades penales de los representantes de las empresas que participaron en las obras realizadas. Esta tarea fue llevada a cargo por el fiscal federal Carlos Brito, que investigó “si se produjeron anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”, según explicó La Gaceta.
Andrea Silvana González, auditora de AUI de la UNT, detalló que se detectaron inconsistencias en el pago a las empresas; algunas de ellas que no se encontraban inscriptas en los organismos fiscales y otras adjudicadas pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables.
Además, informó que se hicieron obras complementarias en una licitación por un monto mayor a la licitación de origen, o que se adjudicaba a una empresa una obra y terminaba haciéndola otra que no figuraba en el pliego. También se detectó que en el Registro Público de Comercio algunas empresas no estaban inscriptas.
El ex rector Cerisola, a la izquierda, se habría robado muchos millones de dólares de YMAD.
En el extenso informe se acusó, por ejemplo, a la empresa Boero de haber cobrado en 2008 $4,7 millones por encima de los precios de mercado de entonces ($ 2,4 millones) por la obra del Laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas. A la empresa Anticorrosiva del Norte se le endilgó sobreprecios en la remodelación del salón de uso múltiple en la Facultad de Educación Física. Se cobraron en 2008 $ 2,9 millones y el valor de mercado era $1,9 millón. Hubo obras en la escuela de Agricultura, en la Residencia Universitaria de Horco Molle, en la Facultad de Psicología, en Asunt, la Facultad de Odontología, La casa 10 de Horco Molle, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, la casa 8 de San Javier. Se encargó un informe técnico a Gendarmería que determinó perjuicios por sobreprecios, así como un informe de la Procelac.
Por 18 obras bajo investigación, el fiscal citó a declarar a Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Sylvia Viviana Coronel, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Aldo Antonio Polti, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos, Máximo Federico Mellace, así como a Cerisola, Venturino y Cudmani.
El juez Poviña detalló que los empresarios deben ser considerados como partícipes necesarios, y “Cerisola, Cudmani y Venturino son co-autores del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
También ordenó procesamiento sin prisión preventiva y embargo sobre bienes de los empresarios Boero ($ 5 millones); Varela Ottonello y Peña ($ 2 millones cada uno); Pasquini y Cossio ($2,5 millones cada uno), Aranda y Zóttola ($4 millones cada uno); Ricardo y Ruth Fernández ($3,5 millones cada uno); Manuel y Roberto Galindo ($9 millones cada uno); Martínez Riera y Prado ($6 millones cada uno); Guzmán ($ 15 millones). Horacio y Fernando Gordillo ($ 10 millones cada uno); Zeballos y Mellace ($4 millones cada uno); Movsovich ($ 18 millones); Héctor G, Héctor F .y Alejandro Preatonio ($ 10 millones cada uno). Asimismo, declaró que por ahora no existen méritos suficientes para procesar ni tampoco para sobreseer a Sylvia Coronel ni a Aldo Polti. También declaró lo mismo para Cerisola, Cudmani y Venturino en el caso de una de las obras, la numerada 513.
