Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
En la semana que pasó para ya no volver, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Centro Judicial de la Capital resolvió suspender el sistema de Estacionamiento Medido implementado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán entre finales de julio y principios de agosto. Fue justamente este hecho que despertó la ira de Germán Alfaro que no escatima recursos para defender lo indefendible.
O, más bien, habría que decir que, en primer lugar, Alfaro no se hace cargo del desastre ocasionado por su propia impericia. Pero, además, lo que despilfarra el intendente capitalino, en realidad, corresponde a dinero público. Y lo gasta para difundir sus mentiras sacando solicitadas en el diario de mayor tirada de la provincia, con un costo aproximado de un millón de pesos.
En ese sentido, lo evidenciado en exclusiva por parte de Tucumán Despierta fue un contrato que está viciado de nulidad desde su nacimiento. Esto se debe a que la empresa lleva concursada desde el 2002 y recién en marzo del 2022 le levantaron el concurso. Sin embargo, el contrato firmado con la municipalidad es del 28 de julio del 2021, por lo tanto, se encontraría viciado de nulidad.
De más está decir que al presentarse una empresa concursada, la misma de ninguna manera tendría que haber participado siquiera, muchísimo menos obtener la concesión. Lo cierto es que las pruebas están a la vista que indican que la empresa al momento de ser adjudicataria estaba concursada. Además, la Municipalidad sabe esto y de ninguna forma puede alegar no haber sabido que se encontraba concursada.
Mucho menos sobre la contratación directa que Alfaro hizo dándole la concesión a una empresa que no cumplía con los requisitos legales primordiales, es decir, haberlo hecho violando todas las normas de contratación de servicios. Al respecto, cabe mencionar que, en el mismo, más específicamente, en lo que hace al artículo 10, establece: “Impedimentos para ofertar. No podrán resultar oferentes por sí o por interpósitas personas…; 2) Los concursados o con procesos judiciales de quiebra…”.
Asimismo, en el artículo 28, del mismo pliego, se establece: “Causas de extinción. El Contrato de Concesión debe extinguirse por: 1) Conclusión normal… Por concurso preventivo, quiebra o liquidación del concesionario…”. De esta manera, queda claro que resulta necesario resaltar que esa declaración de nulidad, bajo ningún motivo, le podría costar al municipio de San Miguel de Tucumán.
En ese sentido, el intendente nunca dice nada acerca de la suspensión del cobro del estacionamiento (des) medido. En cambio, prefiere no contar la realidad, pero sí continuar faltando a la verdad. Por suerte, hasta nuevo aviso, ningún automovilista que pretenda estacionar dentro de las cuatro avenidas de la ciudad debe abonar un peso, ni a través de la aplicación ni tampoco en ninguno de los puntos de venta dispuestos para el cobro del servicio.
La resolución judicial responde a un recurso presentado por representantes de FODECUS (Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán). “La concesión está viciada por muchos factores. El momento de la adjudicación la empresa no contaba con todos los elementos que había prometido, tampoco se ha hecho una audiencia pública y dejan en la calle a muchas familias que viven de esto”, explicaron desde FODECUS.
Otra de las razones que impulsó la presentación de los defensores de los consumidores, según cuentan desde el propio organismo, el avance del sistema de cobro más allá de las cuatro avenidas y la utilización de recursos municipales para cumplir con tareas a cargo de la empresa.
“Ya estaban abusándose, se salieron del límite de las cuatro avenidas, secuestraban autos con los mismos vehículos de la Municipalidad y el galpón a donde los llevaban era también de la Municipalidad; todo esto habla de una gran improlijidad”, enfatizó el titular de FODECUS.
Y adelantó que pedirán una audiencia pública en caso de que se quiera volver a implementar estacionamiento pago en la Capital. Pero también este freno se produjo gracias a la publicación de la resolución judicial en forma exclusiva de Tucumán Despierta, donde se mostró que la empresa se encontraba concursada al momento que Germán Alfaro le entregó las calles de la ciudad, era inminente la suspensión del cobro del estacionamiento. De la misma manera que ocurrió cuando no le hicieron lugar al pedido de la Municipalidad y le rechazan in límine el pedido que hace el alfarismo.
Cuando le comunican el pedido en contra de la suspensión volvió a ser rechazada desde la Justicia, Germán Alfaro perdió todos los estribos. No en vano, en la solicitada millonaria, pagada no de su bolsillo, sino del erario público, que publicó no se le ocurrió mejor idea que estigmatizar a los cuidacoches a los que identificó como “trapitos” y los acusó de la inseguridad que se vive en la capital como si este flagelo no fuera también su responsabilidad.
Además, cabe recordar que el propio Alfaro fue despectivo cuando hace unas cuantas semanas remarcó que con el nuevo sistema “las personas no son extorsionadas por trapitos; que no son atropelladas las mujeres; los hombres son extorsionados por trapitos que les van a rayar el auto o que les van a pinchar las gomas; los trapitos funcionaban como campanas para cada una de las casas para los robos”.
Y es que más discriminador que el intendente no se encuentra, cómo sí ocurre con su evidente falta idoneidad para gobernar la quinta ciudad más importante de la Argentina. Él prefiere hablar de la inseguridad en la provincia cuando tiene el manejo de la Policía Municipal. Por esta razón, queda claro que la seguridad no es solo responsabilidad de la provincia sino también del municipio, pero Alfaro sigue sin hacerse cargo, prefiere hacerse el desentendido.
En definitiva, quedó claro en la semana que se esfumó para jamás retornar que, además de las cuestiones legales antes mencionadas, surge claramente una situación de atropello a los vecinos, a los trabajadores informales, al sistema republicano, a la legalidad. Lo cual demuestra, una vez más, que Alfaro no es más que un oportunista que sólo tiene como objetivo espurio acumular poder sin importar los atropellos institucionales que implique su fraudulenta cruzada.
