El intendente de San Miguel de Tucumán tendría responsabilidad en el crecimiento del mercado negro de motos que no para de crecer en la provincia y, sobre todo, en la capital. Luego de que trascendiera un informe que da cuenta sobre cómo se maneja de forma clandestina todo un negocio de partes desarmadas de los rodados más populares de la provincia, es necesario hacer hincapié en el papel que juega la Municipalidad.
Y es que en las redes sociales aparecen aviso que dan cuenta de ofertas de motos que estarían confiscadas en los depósitos oficiales del municipio. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Se trata de una mentira de parte de malvivientes? ¿Acaso existe la posibilidad de que se lucre de forma absolutamente ilegal con los rodados secuestrados por los polémicos agentes de tránsito de la municipalidad capitalina?
Cabe mencionar que no existe ningún tipo de control sobre el Estado de las motos que secuestra impunemente la municipalidad, y que su recuperación es casi imposible por las abultadas multas y el laberinto burocrático que hay que atravesar. De hecho, el propio director de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, admitió que suele ser más cara la multa que la adquisición de otra moto, sea legal o ilegal.
A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el dicho. Y es que el funcionario municipal está consciente de que la actitud municipal es la que le hace el juego a los ladrones de motos que saben que las multas de la intendencia de Germán Alfaro resultan muchas veces impagables para los vecinos que utilizan este vehículo como un modo de transporte para ir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.
No en vano, escenas como la del padre de tres niños que se viralizó hace unas semanas cuando fue salvajemente golpeado por parte de cuatro agentes municipales, grafica en toda su dimensión la desesperación de un trabajador de que el saquen su único medio de transporte. Y es que recuperar el rodado puede resultar más caro que conseguir uno en el mercado negro, aunque esté mal.
Además, cabe recordar que configura un delito, pero la política de secuestro de motos por parte de la Municipalidad que conduce el intendente Alfaro es funcional a que esto siga ocurriendo. Pero, también, es la incapacidad del intendente a la hora de combatir la inseguridad la que provoca que el robo de motos siga ocurriendo, de hecho, la mayoría de este delito tiene lugar en la zona de la capital tucumana.
¿Hasta cuándo tendrá que seguir siendo carne de cañón la gente que habita la capital de estos depredadores que están dispuestos hasta matar con tal de robarse una moto? Germán Alfaro no sólo no combate la inseguridad en la capital, ya ni siquiera controla como corresponde que la gente no se movilice en rodados robados. ¿O acaso hay algo más que desidia administrativa detrás del mercado negro de motos?
