La semana que se fue para ya no volver, cerró con la novedad de que fue ratificada la solicitud de “formación de jurado de enjuiciamiento” a un Fiscal de Cámara Penal del Régimen Conclusional. Se trata nada menos que del polémico magistrado, Daniel Marranzino, cuya causal de apartamiento pasa por el hecho de que habría ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones en lo que hace a una causa crucial para Tucumán.
Se trata de aquella en la que Jorge Yapura Astorga debe ser juzgado por presuntos hechos de corrupción. Ahora bien, la mencionada ratificación podría constituir en sí misma un antes y un después en la vida institucional de Tucumán. Esto se debe al hecho de que la Legislatura provincial, tendrá que decidir si la balanza se inclina del lado de la justicia, o si se ubicará del lado de la impunidad.
Y es que los integrantes de la Comisión de Juicio Político tendrán la oportunidad histórica de inclinar la balanza para el lado del bien, en el caso de que deban decidir acerca del futuro de Marranzino. Se trata de una ocasión en la que no se valdrá ser “neutral”. Esto se debe a que todos los ojos estarán puestos en los integrantes de dicha comisión en caso de tratar el pedido de exclusión que pesa sobre este polémico fiscal.
En ese sentido, cabe recordar que los integrantes de esta comisión son los legisladores: Raúl Ferrazano (PJ), Zacarías Khoder (PJ), Raúl Pellegrini (alfarista), Mario Casali (FR), Sergio Mansilla (PJ), Gonzalo Monteros (PJ), Adriana Najar (PJ), Enrique Bethencourt (PJ), Norma Reyes Elías (PJ), Tulio Caponio (PJ), Carlos Gómez (PJ), Graciela Gutiérrez (PJ). Como se ve, diez (10) de los doce, responden al peronismo.
Cabe destacar que el pedido de destitución no se trata de un accionar caprichoso. Y es que esta solicitud arribó a la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán en virtud de lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley Provincial N° 8734 con sus modificaciones. A su vez, el pedido destaca que el representante del Ministerio Público cuestionado incurre en las causales de destitución en el marco de la causa que investiga a Yapura Astorga y su banda.
Cabe señalar que el cúmulo de pruebas de cargo oportunamente ofrecidas son también lo palmariamente suficientes para que se proceda con la destitución del fiscal cuya actuación se descalifica en el marco de lo que bien puede considerarse de una extrema gravedad institucional que reviste el comportamiento del fiscal cuestionado. Esto se debe al hecho de que su actuación garantiza la impunidad de Jorge Yapura Astorga y de la asociación ilícita que integraría.
En ese marco, los legisladores de la Comisión de Juicio Político de la Cámara parlamentaria local, tendrían que decidir sobre la destitución del fiscal que debía juzgar a uno de sus pares. Pero el punto es que Yapura Astorga se encuentra tan comprometido por las pruebas en su contra y que están en poder de la Justicia que, al parecer, todo indicaría que tuvo que recibir una “ayuda” de Marranzino para intentar zafar de su castigo.
En realidad, a lo que aspira es a intentar demostrar que tiene más poder que el mismísimo Poder Judicial. La causa de esto sería debido a que estaría siendo protegido por el bloque peronista de la Cámara Legislativa. Y es que resulta a todas luces evidente que Yapura Astorga pretende hacer valer su pertenencia a la casta política del boque justicialista que le daría impunidad. Lo cual también demuestra que este procesado delira con tener algún tipo de beneficio.
Es por ello que cabe preguntarse entonces: ¿Serán transparentes los legisladores del FDT como para desmentir lo que la sociedad piensa sobre ellos? O, por el contrario, ¿Mostrarán oscuridad, impunidad y corrupción? Y es que esta casta política realiza con sus silencios cómplices una defensa corporativa. No vaya a ser cosa de que algún día necesiten apoyo, sea de Marranzino o de algún otro integrante de la otra casta: la judicial.
Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa reza el viejo refrán. Y es que, lastimosamente, existe la posibilidad de que la Comisión decida dejar en su cargo a Marranzino. De esta forma, lo que harían estos (supuestos) representantes del pueblo no sería solamente salvar a Marranzino, sino también favorecer indirectamente a Yapura Astorga y los blindaría a todos en el mismo barro de la impúdica impunidad.
De esta manera, el edificio ya dejaría de ser transparente como sus vidrios, para convertirse nada más ni nada menos que en un sótano oscuro y lleno de impunidad. Es decir, una verdadera cloaca maloliente a causa de una casta nauseabunda que despide el hedor clásico de la podredumbre institucional. En ese sentido, cabe preguntarse también: ¿Cuál sería el mensaje de quienes tienen que representar al pueblo para con la sociedad a la que se deben?
Y es que deberían recordar los legisladores que ellos no son más que simples y circunstanciales administradores de poder en tanto y en cuanto fueron elegidos para cumplir con la ley. Y es que será el pueblo, el mismo que los puso allí, el que los estará mirando a la hora de la verdad. Al momento en el que deberán decidir si continúa o no al frente de esta causa el polémico fiscal Marranzino.
Justamente, en el momento en que deberán decidir si fallarán en favor de la Justicia, o lo harán en favor de la impunidad, convirtiendo los deseos espurios de Yapura Astorga en realidad. Y es que en el hipotético caso de que los legisladores decidan “ayudar” a Daniel Marranzino. ¿Acaso no estaríamos ante un claro “apriete” a cualquier juez o fiscal que quiera investigar y hasta juzgar por casos de corrupción a algunos de los suyos?
Se trataría de un entramado que se tejió y continúa tejiéndose en la “Justicia” para que Jorge Yapura Astorga quede limpio. Y lo hace el fiscal Daniel Gerardo Marranzino en representación del MPF, que utiliza un dictamen como si fuera un comodín en una especie de juego macabro en el que no hay ganadores, sino perdedores en el conjunto de una sociedad asqueada y desbordada por la inmundicia de impunidad que nace desde las entrañas del Poder Judicial.
¿Con qué predisposición los pocos representantes honestos del Poder Judicial intentarían cumplir con la investigación de la corrupción si el Poder Legislativo hace lo que quiere y beneficia a los malos del MPF? Y es que quedaría al descubierto la espuria connivencia entre un Ministerio Público Fiscal conducido por Edmundo Jiménez y un poder político que va por todo, sobre todo, en materia de conseguir impunidad para aquellos que “mantengan los pies dentro del plato”.
En ese sentido, la opinión pública está consciente de que es la Legislatura provincial la que, por intermedio de su Comisión de Juicio Político, tiene la última palabra. Es decir, o defiende a un fiscal que dañaría una causa de corrupción como la que involucra a Yapura Astorga y su banda, o le demuestran a una sociedad asqueada de tanta impunidad que no quieren una “justicia adicta” al poder político.
En definitiva, la Comisión de Juicio Político deberá rendir examen ante la sociedad y demostrar que no se trata de una casta política al servicio de la perpetuación de la impunidad de Yapura Astorga por medio del “auxilio” espurio del fiscal Marranzino. De lo contrario, les habrán asentado un nuevo y duro golpe a las instituciones de la democracia. Serán los legisladores quienes decidan hacia dónde se inclina la balanza: si del lado de la justicia o de la impunidad.
