El Gobierno convocó este miércoles a los gremios docentes para discutir los salarios, frente a las amenazas de los sindicatos a convocar a un paro que impida el inicio de las clases. La reunión fue convocada para el próximo martes 27, en la semana previa a la vuelta al colegio de la mayor parte de los estudiantes.
A la reunión fueron convocados los ministros de Educación de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, todos como parte del Consejo Federal de Educación, y los gremios docentes con representación nacional para iniciar un diálogo, con el fin de acordar el convenio marco del salario mínimo docente para todo el país.
La reunión se realizará en la avenida Leandro N. Alem 650, en la sede de la Secretaría de Trabajo.
Del encuentro participarán, también, como invitados, los representantes de las entidades del sector de educación pública de gestión privada.
Frente a la convocatoria del Gobierno , los cuatro gremios docentes de alcance nacional que integran la CGT levantaron el paro que habían anunciado para el inicio de clases. El salario mínimo de los docentes es actualmente de 250.000 pesos. La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que reúne a los principales gremios docentes, adoptaría la misma postura y se apresta a negociar con la gestión de Javier Milei.
La reunión del martes con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, será clave para definir el piso salarial, que servirá de referencia para las paritarias provinciales. Por este motivo, el funcionario abrió también la convocatoria a sus pares de Educación de las provincias.
Entre los gremios docentes hay optimismo porque sienten que su presión surtió efecto. La semana pasada, los cinco gremios de alcance nacional habían condicionado el comienzo de las clases a la convocatoria de la paritaria nacional. Argumentaron que está contemplada en la ley 26075, de financiamiento educativo. Los gremios, además, exigirán que se restablezca el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un componente del salario que está a cargo de la Nación y que representa entre un 10 y un 15 por ciento del salario de un maestro. El Gobierno nacional pretende trasladar ese costo a las provincias, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
“Celebramos que el Gobierno nos haya escuchado y nos haya convocado. Un docente no puede cobrar $250.000 y estar por debajo de la línea de pobreza. Si el martes no hay acuerdo volveremos al plan de lucha”, dijo Sergio Romero, jefe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En la Argentina hay alrededor de 1.200.000 docentes. De acuerdo a los registros oficiales de diciembre último, siete de los 24 distritos provinciales pidieron auxilio económico a la Nación para cubrir el salario mínimo docente.
Servicio esencial
Con el inicio de clases en suspenso por el reclamo sindical y la falta de acuerdo entre las provincias y los gremios, el gobierno de Milei también trabaja para declarar a la educación como un servicio esencial. Se trata de algo que se intentó inicialmente a través de la ley ómnibus que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria y también por medio del mega decreto 70/2023, cuyo capítulo laboral está judicializado, a la espera de una definición de la Corte Suprema. De avanzar con un nuevo decreto, el objetivo oficial es claro: al declararlo de ese modo se exige tener una prestación mínima en los días de medidas de fuerza.
La negociación alrededor de los salarios docentes que se dará en los próximos días surge del artículo 10 de la ley de financiamiento educativo y no es técnicamente una paritaria nacional, como distinguieron en el Poder Ejecutivo Nacional. “Lo que la Nación convoca es a fijar el salario mínimo docente, no son paritarias”, recalcaron fuentes oficiales. Entre las explicaciones está que las paritarias solo se dan entre empleadores y empleados y, como la Nación no administra las escuelas, este no sería el caso. “Las paritarias son provinciales”, insistieron en referencia a que el vínculo empleador-empleado es entre los gobiernos provinciales, que administran las escuelas, y los gremios.
“La idea es sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo. La ley obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional”, argumentaron en la Casa Rosada.
Telam
El presidente Milei reforzó la postura oficial. “Es un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”, dijo el jefe del Estado, la semana pasada.
“Estimamos que va a ser dura la negociación, pero van a acordar. A nadie le conviene que no comiencen las clases”, dijo un funcionario a LA NACION. Al tiempo que otro estimó que una posibilidad, también, es que el encuentro termine sin acuerdo, como sucedió con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil , en el que ahora deberá laudar el Presidente.
El Gobierno, además, mantiene una pulseada con las provincias por el reparto de fondos que destina la Nación para la educación, como el Fonid. Fuentes oficiales informaron a LA NACION que “están asegurados [los fondos] y se encuentran en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias” los montos pendientes de 2023, pero no aseguran que el auxilio financiero se mantenga durante 2024. “El Fonid no sigue. Y se está trabajando en una propuesta superadora”, dijeron fuentes gubernamentales. El vocero Adorni, por su parte, sostuvo en conferencia de prensa: “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”.
