Por un lado, hay empresas que no logran contratar a los trabajadores que necesitan y, por otro, personas que cobran desde hace muchos años planes provistos por el Estado y que temen perder esa fuente de ingresos si aceptan algún puesto, dada la inestabilidad que puede tener el mercado de trabajo; además, el dinero de esas asignaciones sociales es muchas veces complementado con lo que se obtiene por changas en la economía informal. Dada esa situación, los salarios de los empleos registrados, en general y según lo que muchos perciben, no compensan el costo de “pegar el salto”, y eso provoca que no se salga a buscar un trabajo declarado.
Ampliar la actividad de una pyme no vale la pena, afirman no pocos empresarios, por los riesgos de que el negocio no funcione tan bien como se espera y de que, entonces, los empleados contratados hagan un juicio si hay que desvincularlos. Los costos laborales no salariales son altos y, entonces, a la vez que hay disconformidad de los trabajadores por el sueldo recibido en mano, existe también la percepción, por parte de los empleadores, de que se hace un esfuerzo grande…
Las frases de los dos primeros párrafos de esta nota reflejan solo algunos de los problemas que enfrenta, según diferentes actores del mundo del trabajo, una economía en crisis.
El mercado laboral está en tensión. Los planes de asistencia intentan compensar la falta de ingresos de muchas personas, mientras se aplican impuestos y cargas que se consideran agobiantes a la población que trabaja “en blanco”. Se suman el desorden macroeconómico y algunas rígidas reglas laborales que no contribuyen a la creación de empleo, según la advertencia de varios especialistas. Se trata de un sistema que, desde un análisis de largo plazo, se concluye que no funciona y que, sin embargo, no se modifica. Los expertos concuerdan en que es necesario mover el péndulo hacia una relación sana y productiva en el mundo del trabajo. Hoy, un plan más un trabajo no registrado o algunas changas pueden rendir más, en términos de ingresos, que un trabajo formal.
La ecuación ingresos-egresos no da en la Argentina. En parte porque, según datos recopilados por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF y Asociados), hay 18.866.690 personas que cobran una asignación del Estado, si se consideran los chicos alcanzados por la AUH y por las asignaciones familiares, las prestaciones por desempleo y las jubilaciones y pensiones. En 2001 eran 5.541.930. Solo los programas de asistencia al trabajador (grupo del que hoy es parte el Potenciar Trabajo) aumentaron de 122.606 que había en 2015 a 1.551.114 en la actualidad.
Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) señalan que, aun tomando como fuentes de información datos oficiales, “cuantificar los planes sociales es difícil en Argentina”. Y explican: “Hay muchos microprogramas a nivel nacional y diferentes programas provinciales, y ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es un plan social. En este sentido, lo que suele llamarse “plan social” es el Potenciar Trabajo; en cambio, a la AUH y a la Tarjeta Alimentar no se las suele ubicar bajo ese rótulo, sino bajo el de asignaciones”.
La Asignación Universal por Hijo, según datos de agosto, llega a 4.327.538 chicos; el programa Alimentar, de acuerdo a cifras de abril último alcanzan a 4.178.812 personas y el plan Potenciar Trabajo tiene 1,3 millones de titulares. De todas maneras, muchas veces los datos sobre la cantidad de titulares no están o no están actualizados, advierten en el mencionado centro de investigaciones.
Los últimos informes del Ministerio de Trabajo muestran que el número de empleos asalariados del sector privado registrado llegó a los niveles de la prepandemia: son 6.207.000 trabajadores en esa condición, mientras que antes de la irrupción del Covid-19 eran, 6.195.000. Sin embargo, la cantidad de personas en este tipo de relación laboral está estancada si se mira el mediano plazo: desde 2012 creció solo un 2%.
A su vez, el número de puestos de empleo público creció en los últimos 10 años de 2.637.000 a 3.383.000, aunque consultoras privadas estiman que es más alto (en OJF, por ejemplo, calculan que son 3.655.000).
Una manera de ver el estancamiento del mercado en el sector privado es observar que por cada 100 asalariados privados registrados que había en 2012, diez años después hay solo 102, a pesar de que cada año ingresan muchas más personas al mercado de trabajo. Siguiendo con este esquema de comparación, por cada 100 ocupados que había una década atrás en el sector público, hay ahora 133; a la vez, se pasó de 100 a 121 en el empleo en casas particulares. Y, siempre por cada 100 que había en 2012, hay ahora 95 autónomos (contribuyentes que pagan IVA), 143 monotributistas y 300 monotributistas sociales. Este es el panorama del trabajo que surge de un análisis de los números de Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Con estos números, es fácil “spoilear” el resultado de la nota, que se propuso obtener la opinión de diez expertos en materia laboral: hay trabajo -de hecho la actual tasa de desocupación está en 6,9% de la población activa-, pero la calidad de los puestos sufrió, en el promedio, un notable deterioro.
Hace 10 años que las empresas privadas no amplían su nómina, en términos agregados. El mercado laboral privado y formal se fue haciendo más difícil, sobre todo por el miedo a los juicos laborales que tienen las pymes, que aportan el 70% del empleo privado formal y que tienen menos espaldas para afrontar costos extras. Se agregan hoy otros problemas como la inflación, los costos laborales, las dificultades para importar insumos, entre otros. Mientras tanto, un 37,8% de los asalariados no tienen descuento jubilatorio, según el dato más reciente de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
Los ingresos también se deterioraron a nivel general. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), era en octubre de $174.436. Mientras tanto, una familia de dos adultos y dos niños necesita $139.738 para no estar bajo la línea de pobreza, según el Indec. Los programas de asistencia al trabajador pagan la mitad del salario mínimo, que ahora es de $61.953, mientras que la AUH genera para quienes tienen 3 hijos algo más de $29.000 en total a partir de este mes. Cada uno puede sacar sus conclusiones.
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En este contexto, diez referentes del mercado laboral contestan la pregunta: ¿hay trabajo en la Argentina? Y dan pistas de lo que creen que se podría hacer para que, gradualmente, se pueda mejorar los ingresos en general, disminuir el número de planes y generar trabajo de calidad que ayude a salir del estancamiento económico y del empobrecimiento social.
1- Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina
Para el sociólogo Agustín Salvia, la brecha de desigualdad entre remuneraciones subió en la pospandemia. “La Argentina produce trabajo de distinta calidad para los distintos estratos sociales; los sectores más dinámicos, algunos de los cuales crecen y exportan, demandan trabajo, pero no mucho, y exigen calificaciones que a veces no encuentran, con salarios de clase media profesional que no tienen riesgo de pobreza porque están arriba de $250.000. Hay demanda para estos empleos, pero hay que estar en condiciones de obtenerlos”, plantea. En este segmento hay sectores y ramas que negocian muy bien, como petroleros, bancarios, camioneros, y van creando “una cúpula de trabajadores de elite en términos de ingresos y que ganan más que un comerciante mediano o pequeño, o que un profesional del derecho o medicina recién recibido”, dice Salvia.
En segundo lugar, se refiere al grupo de comerciantes, trabajadores de oficios y quienes tienen empleo en una empresa, sin estar altamente calificados. “Estos empleos también crecen, pero no con puestos bajo relación de dependencia directa, sino bajo formatos nuevos de subcontratación de servicios, para que la empresa no tenga costos laborales. Generan cuentapropismo o trabajo autónomo, o precarización laboral. A veces, la gente ya no busca el descuento jubilatorio, sino que es importante tener trabajo y un ingreso regular. Son salarios que están alrededor de la línea de pobreza”, indica.
En tercer lugar, se refiere a “otro mundo”, que es el que “ha creado más empleo en este último año”. Se trata de la economía informal. Desde un pequeño negocio que recuperó su nivel de actividad en la pospandemia hasta alguien que se quedó sin empleo y creó su propio negocio informal, pasando, por ejemplo, por los viejos botelleros. En este grupo hay ingresos de alrededor de $60.000 o $70.000 por mes.
“Hay más plata circulando, porque el primer y el segundo segmento tienen ingresos que se devalúan y, por eso, compran bienes y servicios y se crean estos empleos. De 2019 a la fecha hay más ocupados, pero son más precarios que los que había antes, con remuneraciones más bajas”, describe.
¿Los planes conspiran contra el trabajo? “El programa social complementa ingresos de baja productividad, de baja calificación”, dice el experto de la UCA. “Se podría decir que compiten contra los empleos no registrados de muy baja remuneración. Con respecto a una queja muy común, que es que los trabajadores no cumplen, suele suceder que si el salario es muy bajo e informal, si sale una changa de dos días la van a tomar. Si fuera un buen ingreso, dejarían el plan. Esta es la Argentina que no ofrece un plan de crecimiento sostenido. Si se ofrece lo mismo que el programa, ¿por qué dejarlo? Se necesita que arranque la rueda, que la economía crezca, que haya demanda, que mejoren los salarios”, razona.
2- Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
Hace años que el economista Juan Luis Bour estudia el mercado laboral. “El problema no es el empleo, sino la calidad del empleo -afirma-. La tasa de desempleo no es muy alta. No hay empleo de calidad porque la productividad es declinante. Si se mira el PBI del 2012 y se lo divide por el empleo total y se hace la misma cuenta hoy, la productividad bajó un 10%. Significa que cada trabajador produce en promedio 10% menos que hace 10 años. Hay una pérdida de productividad porque solo se crea empleo en sectores con menor valor agregado”.
Y agrega: “El éxito de un programa social no se mide por cuánta gente entra, sino por cuánta gente se va. El problema no es el programa, sino la perpetuidad del programa. Desde 2002, que se instalaron estos programas masivos, el mensaje es que hay una asignación que es una jubilación a una persona joven, que la va a defender toda la vida”
Además, sostiene que el plan no es una herramienta de trabajo, sino el proyecto de un ingreso permanente. “Es como que de pronto te jubilaste a los 25 años. Si se mira la tasa de actividad con respecto a otros países, es baja”, afirma. Y respecto de la posibilidad de salir de la situación, advierte: “La Argentina está entre los países con más regulaciones para el empleo. Estamos haciendo difícil que una pequeña empresa, cuando le sube la demanda, pueda contratar gente”.
“Hay trabajo, lo que no hay es mucha gente dispuesta a tomar un trabajo de bajo nivel salarial. Se necesita un mercado que genere empleo, flexible, vibrante, que contrate gente. Para esto hay que cambiar las leyes laborales”, sintetiza el economista. “Si la diferencia entre el salario mínimo o el mínimo de convenio y el plan fuera más alta, seguramente habría menos gente con los programas, y hay que recordar que hay mucha gente con más de un plan”, finaliza.
3- Julián de Diego, abogado laboralista, Académico de Número en Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y director del Posgrado en RR.HH. de la UCA
“Hay una contradicción entre el nivel de desempleo, de 6,9% según la encuesta de hogares del Indec, y la cantidad singular de beneficiarios de planes sociales no computados como desempleados, que encubren y coexisten en gran medida con el trabajo en negro o no registrado”, afirma De Diego.
El abogado laboralista agrega que el sector más postergado y de más baja calificación reclama trabajo. “Seguimos con reactivación más inflación, fórmula que sigue deteriorando el poder de compra de los ingresos fijos. Más del 60% de la población registrada en la Anses está por debajo de la canasta básica completa del Indec”, señala.
En cuanto a los juicios laborales, traza un diagnóstico complejo: “A las calamidades como los montos desproporcionados, la jurisprudencia a favor del empleado, los fallos arbitrarios, los intereses confiscatorios, la inversión de la carga probatoria o las presunciones en contra de las empresas, hay que añadir una reciente resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Nación que aprobó un sistema de capitalización de intereses sobre intereses, que triplica los montos históricos y vuelve impagables las sentencias. Los juicios deben estar en el foco de cualquier reforma laboral”.
4- Fausto Spotorno, director de Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados
¿Qué incidencia tienen los planes sociales en que la gente salga o no a buscar trabajo? Para Fausto Spotorno, también director de la Escuela de Negocios de la UADE, la situación incide en la tendencia a la informalidad de algunas personas a la hora de trabajar. Además del temor a perder el plan, “hay gente que ha vivido mucho tiempo de los planes sociales y, cuando sale a trabajar, le falta experiencia, currículum”, sostiene.
“Cuando alguien entra a trabajar y le va cada vez mejor, es un ejemplo para otras personas, un estímulo para también salir a buscar trabajo registrado. Esto podría ser un trampolín para salir del plan -considera el economista-. El tema es que la persona que trabaja en blanco está cada vez más empobrecida. Si una familia es de cuatro personas y los dos padres trabajan cobrando el salario mínimo en blanco, no cubren la canasta básica familiar”.
Hay una distorsión en el mundo laboral. “La señal que se le da a la persona que tiene un plan es: ¿para qué me voy a buscar un trabajo en blanco y voy a salir del plan si no sé si me va a ir mejor?. El salario real viene cayendo desde hace 10 años y, además, los costos laborales hacen que se pague por tres sueldos, entre el salario y los impuestos, cuando en realidad se tienen dos empleados”, concluye
5- César Litvin, contador público, CEO de Lisicki Litvin & Asociados
El contador César Litvin integra el Movimiento de los valores por la cultura del trabajo, donde se intenta hacer un enlace entre la oferta de trabajo y la demanda, a través de una capacitación. “En la Argentina no solamente hay trabajo, hay oferta de trabajo que queda insatisfecha. Los planes sociales están generando un efecto contraproducente porque aumentan la informalidad. Se está produciendo un fenómeno, y es que los planes aumentan la informalidad. Algunas personas que cobran los planes están dispuestas a trabajar, pero en la informalidad”, dice el titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva I, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Califica como una situación “muy dramática” que varias generaciones se hayan acostumbrado a que el Estado se tiene que hacer cargo de sus requerimientos personales y todas las necesidades básicas que una persona tiene que proveerse a partir del trabajo. Coincide con otros expertos en que se generan “planes sociales eternos”, en vez de ser por tiempo limitado. “Es contraproducente, porque se pulveriza el espíritu del trabajo. Hay nietos que nunca vieron trabajar a sus abuelos ni a sus padres. Esto va generando una cultura donde se considera que es el Estado es el que tiene que proveer sus necesidades individuales y no cada uno” opina.
En cuanto al “costo laboral”, plantea: “En la Argentina está en un 34%; hay una sobrecarga y esto genera una distorsión muy grande. Si el empleador desembolsa, en una remuneración promedio, 100 pesos, el empleado recibe solo $66. Está a los mismos niveles que OCDE, sin sus prestaciones sociales”.
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6- Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC, licenciado en Ciencia Política, magister y doctor en Gobierno
“La última tasa de desempleo fue de 6,9%, que no es un porcentaje alto. La Argentina tiene principalmente un problema de calidad del empleo, dada la alta informalidad y una caída en los últimos años del poder de compra de los salarios”, coincide con otros expertos Manuel Mera, investigador del Cippec.
Con respecto a la transición de programas sociales a puestos de trabajo privados dependientes, afirma que “se trata de un debate presente hace varios años, que atravesó a diversas gestiones”. Por un lado, está la condición sine qua non del crecimiento económico para generar puestos. Por otro lado, debe haber mecanismos e incentivos para que trabajadores y empleadores decidan dar el paso. Los beneficiarios de planes sociales ven los riesgos de la inestabilidad del empleo y la situación económica, mientras que los empleadores tienen resquemores respecto de los perfiles asociados a los programas. La solución no es sencilla. Requiere generar garantías y confianza de las partes. Para esto es clave la previsibilidad de reglas y del horizonte económico. Hoy en día, es difícil pensar estas condiciones”, sintetiza.
7- Bárbara Perrot, especialista de Empleo y Desarrollo Productivo de la OIT Argentina.
“Los programas de empleo se implementaron en la Argentina y en otros países del mundo, ya que estamos saliendo de una crisis mundial muy importante”, señala la especialista de la OIT Bárbara Perrot. “Hubo políticas de emergencia que se tuvieron que implementar, pero con la voluntad de que esos sistemas de ayuda sean transitorios, para pasar luego a la incorporación de las personas al mercado de trabajo formal”, agrega.
Parece obvio, pero en la Argentina ya no lo es. No es lo mismo para una persona tener un plan que un trabajo formal, aunque a veces se acerquen peligrosamente en materia salarial. “El trabajo es generador de ciudadanía. No es solo el ingreso que se percibe por el desarrollo de una tarea. Da lugar a muchos derechos fundamentales, como vacaciones, obra social, condiciones adecuadas de seguridad e higiene y otros que no vienen de la mano de un plan”, afirma. Y, sobre todo, a la participación en la sociedad. “Estar inserto en el sistema productivo implica una integración social. Además, tener un trabajo formal da la posibilidad de proyectarse y planificar en familia. Hay una institucionalidad laboral que acompaña al empleo formal. En cambio, un programa implica una inestabilidad, la incertidumbre de no saber si se va a continuar o si se va a indexar. Un programa es una situación de subsistencia que no tiene punto de comparación con un empleo formal”, dice.
¿Cómo sería el tránsito de un plan a un trabajo formal? “Las iniciativas que se ven en la Argentina implican un subsidio a la contratación. Se trata de acompañar el proceso hacia el trabajo formal”, explica.
Por otro lado, en materia de flexibilización laboral, opina: “La discusión se basa en cuáles son los motores de crecimiento del empleo o por qué una empresa contrata. Los costos de despido son una parte de la discusión, pero hubo un momento en la Argentina en que se disminuyeron aportes y contribuciones y, sin embargo, el empleo no creció. Los costos son parte de una discusión más global, que tiene que ver con la agenda de la productividad para generar mayor demanda de empleo, con capacitación y formación de las personas”.
El costo del despido, ¿atenta contra la creación de empleo? “En un contexto de incertidumbre, todos los planes de contratación suenan muy riesgosos. Lo importante es no circunscribir la discusión a costos laborales e indemnización. La indemnización existe en el mundo y no se cuestiona como un freno a la creación de empleo”, sostiene Perrot.
8- Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina
Daniel Funes de Rioja advierte que, si bien la tasa de desocupación es baja, la informalidad es más del 37%. Y afirma: “La realidad es que, en general, la gente prefiere mantenerse como trabajador informal, o no registrado, para seguir cobrando planes. Esta es una respuesta muy frecuente ante quienes ofrecen trabajo, porque la conjunción de planes permite vivir de changas y no de un trabajo formal”.
Según su diagnóstico, hay un divorcio muy fuerte entre las habilidades y oficios con demanda laboral y la poca formación técnica que se encuentra en potenciales trabajadores. “Esto condiciona mucho la incorporación al mercado laboral. Los planes todavía no han podido unir las dos puntas, la oferta y la demanda. Creo que es un tema que hay que trabajar de una manera mucho más intensa. Aquellos que tienen puestos de trabajo para ofrecer deberían poder conseguir la gente adecuada para cubrirlos”, indica.
“Obviamente -continúa- es un tema que tiene una mirada de corto aliento que es la necesidad de formación profesional, y una de largo aliento, que es de la educación en general. Esa compatibilidad también requiere niveles de productividad y actitud para el empleo, cuestiones que también son carencias que se observan en determinados sectores en la oferta laboral de baja calificación”.
Algunas propuestas de la UIA, consignadas en su “Libro Blanco”, tienen en cuenta que existe una enorme dificultad para crear empleo: la Argentina combina una elevada presión tributaria y un bajo crédito. Allí se plantea modernizar el régimen de multas para reducir el nivel de judicialización de los conflictos, una reforma en las leyes de educación técnico-profesional y de pasantías e incorporar políticas de fomento de la productividad, entre otras propuestas.
9- Luis Galeazzi. Director ejecutivo de Argencon, que nuclea a empresas prestadoras de servicios en todos los verticales de la economía del conocimiento
“El mundo digital se amplía. Hoy está claro que el mundo IT necesita desarrollo de software, análisis de datos, soporte de infraestructura, diseño de sistemas, y entonces hay perfiles altamente demandados. También hay oportunidades en el mundo audiovisual, en el diseño, las ciencias biotecnológicas, el marketing digital. La amplitud de demanda de conocimiento es cada día mayor”, afirma Luis Galeazzi. “Todos los jóvenes con habilidades digitales desarrolladas y con dominio de inglés tienen pleno empleo en la Argentina. Esta situación va a continuar porque a nivel global estas capacidades son cada día más demandadas. Hay una explosión de la demanda de talento digital mucho mayor a la capacidad de los sistemas educativos para generar las fuentes de ese conocimiento”, remata.
Para el especialista, el colegio es el ámbito natural para crear las capacidades necesarias para el desarrollo posterior de las profesiones del conocimiento. “Hay que trabajar tanto en la formación lógica, la abstracción, la resolución de problemas , el pensamiento crítico, aprender a aprender, poder buscar las herramientas necesarias para la construcción del conocimiento, trabajar con otros, comunicarse adecuadamente, expresarse correctamente y todo lo que hace al compromiso y la responsabilidad. Estas cualidades deben formarse en la escuela, desde el primer peldaño”, asegura.
Galeazzi afirma que es importante trabajar sobre la población vulnerable “para ver nuevas técnicas de enseñanza y cómo suplir la falta de educación básica. Es muy importante el trabajo de las ONG, que hagan un acompañamiento personalizado del proceso para que un joven pueda recuperar lo que en el primario y secundario no recibió naturalmente. Se trata de llenar no solo los baches de conocimiento técnico sino otros, como de resiliencia y de concentración”
10- Víctor Beker, director del Centro de Estudios para la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano
“Si uno parte de la realidad de que hay tres generaciones que no han tenido trabajo, eso prácticamente las ubica fuera de la posibilidad de insertarse, porque no hay una cultura de cómo conseguir trabajo. Y, por el otro lado, hay empresarios que no pueden cubrir sus vacantes. Hay escasez de oferta] en ocupaciones con cierto nivel de formación, y mucha gente que no tiene trabajo y no está capacitada para tenerlo. Esto es un problema a largo plazo, porque una economía moderna no absorbe gente con una cultura laboral del siglo pasado”, asegura Víctor Beker.
“Hay gente que se conforma con planes y una changa… es cierto, pero significa que el mercado formal no ofrece un piso de salario atractivo para que una persona con planes esté dispuesta a migrar al mercado formal”, razona.
El especialista afirma que no hay cifras con respecto a cuánta gente estaría capacitada para reconvertirse e ingresar al mercado de trabajo. “Mucho se viene hablando, pero no se ven los resultados. Del dicho al hecho hay largo trecho. No hay herramientas que hayan funcionado desde los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social. Estamos anclados en esta situación”, advierte.
Con respecto al cobro de la AUH, Beker estima que es difícil que una mujer logre una remuneración que justifique pagarle a una persona que cuide a sus hijos. Además, juegan un rol muy importante las tarifas del transporte público. “Trabajar lejos es muy característico de la Argentina. En otros países el costo del transporte delimita el trabajo que se va a tomar. Si hubiera más diversificación geográfica de la localización de la actividad económica sería mas beneficioso para todos. Hay que tratar de descentralizar”, dice.
Para terminar, Beker reflexiona: “Es muy difícil que funcione un país con este grado de división, donde uno dice blanco, y el otro negro. Es ingobernable, no se puede avanzar”.
