Los intendentes radicales Pablo Macchiarola, Alejandro Molinuevo y Ana Paula Quiles -de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista respectivamente- son los impulsores de un proyecto de nuevo régimen de Coparticipación que suplante al Pacto Social. Para ello, tienen garantizado el respaldo de los diputados nacionales Mariano Campero y Roberto Sánchez, como de legisladores opositores: “Desde el minuto cero de 2024, la distribución debe ser equitativa”, resumió el parlamentario Manuel Courel.
Este viernes, desde las 9:45 en la Legislatura de Tucumán, un equipo de letrados de los tres municipios que hoy están en manos de la oposición tucumana presentarán las bases del nuevo proyecto de Coparticipación que promueven Macchiarola, Quiles y Molinuevo y que pondrán a consideración del Gobierno de Tucumán, luego de que se reunieron semanas atrás con el gobernador Osvaldo Jaldo.
Los jefes municipales cuentan con el respaldo político de los diputados radicales Mariano Campero y Roberto Sánchez y de los legisladores Manuel Courel (anfitrión del encuentro previsto para este viernes), Silvia Elías de Pérez, José Saleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Raquel Nievas; y del referente del PRO José Macome. También respalda la iniciativa el exintendente de Bella Vista, Sebastián Salazar.
“Necesitamos un instrumento que nos permita hacer la transición desde el Pacto Social al nuevo régimen de coparticipación. Se tiene que fijar una pauta objetiva y transitoria de la relación entre la Provincia y los municipios”, consideró Salazar en la antesala del encuentro. “Porque en este momento, todo es unilateral. Desde el minuto cero de 2024, la distribución debe ser equitativa y justa”, agregó el legislador Manuel Courel.
Los intendentes y referentes radicales presentarán las bases de una nueva Ley de Coparticipación, que apunta a dos cambios sustanciales con respecto al mecanismo actual: en primer lugar, impulsan que se coparticipe ingresos brutos u otros impuestos que lo reemplacen. Una segunda modificación importante que contiene este nuevo proyecto radical es que se determinen los índices de distribución de acuerdo a la información oficial suministrada por los censos.
Esto implicaría que los índices se modifiquen a partir del 1 de enero de cada año posterior a la realización de un censo. Actualmente -apuntaron- se toma un coeficiente vigente desde 1991. En septiembre pasado, Campero y Salazar denunciaron que el Gobierno de Tucumán hace un reparto discriminatorio de la masa coparticipable -reintegrable y no reintegrable-.
Los radicales objetaron el modo en que la Provincia distribuye los fondos a los municipios que se encuentran dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes conocido como “Pacto Social”, Ley 8.829; hoy Ley de Coparticipación 6.316). “Consideramos inconstitucionales las leyes de coparticipación y del Pacto Fiscal. Creemos que lesionan las autonomías municipales porque permiten al Gobierno manejarse con discrecionalidad. Con esto, buscamos que cada municipio reciba lo que le corresponde”, manifestó Campero.
En octubre y con el patrocinio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, el exintendente de Yerba Buena y flamante diputado nacional Campero presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), buscando que se declare la inconstitucionalidad del artículo que fija los porcentajes de distribución de los dineros para municipios y comunas. Además, con el patrocinio del constitucionalista Antonio Hernández, y el respaldo de Salazar y Molinuevo, motorizaron una denuncia de características similares ante la Justicia de Tucumán.
