Una irregularidad fue suficiente para que estallara la polémica. El Tribunal de Cuentas (TC) frenó el pago de más de $ 20 millones a estaciones de servicio que proveían de combustible a los móviles policiales y ordenó una investigación en el mecanismo que se viene utilizando, ya que sospechan que podrían ser varias las anomalías. El caso no sólo puso en peligro las tareas de prevención, sino que además generó el inicio de un sumario interno (que incluyó la separación del personal afectado a esta tarea) y una posible denuncia penal contra los responsables.
El sistema de abastecimiento de combustible está sistematizado en la fuerza. Depende del Departamento Logística, conocido como D4. Cada una de las cinco regionales (Capital, Norte, Este, Oeste y Sur) tiene un representante de la división que entrega vales para que todos los móviles, ya sean motos, autos, camionetas y camiones, carguen nafta o gasoil. Luego, las estaciones de servicio presentan el total de lo adeudado que, después de un control, se factura y luego, después que el jefe de Policía y el TC lo aprueban, se libra la orden de pago.
No se puede establecer cuánta es la cantidad de combustible que consume la fuerza por día. Sí se sabe que diariamente se autoriza a que las motos carguen entre cinco y siete litros; los autos entre 10 y 15 litros; y las camionetas entre 15 y 20 litros. También están contempladas situaciones particulares: hay un cupo especial para los móviles que deben realizar un viaje al interior (ya sea por un caso especial o trasladar detenidos) o los vehículos que brindan un servicio especial. “El camión de Bomberos, por ejemplo, siempre tiene el tanque lleno porque consume mucho y, ante una emergencia, no puede detenerse a cargar gasoil”, explicó una fuente de la fuerza.
Avance
El año pasado, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa decidió instalar GPS a todos los móviles de la fuerza. Justamente, ese instrumento sirvió para detectar una irregularidad que alteró el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento de combustible.
Según la resolución del TC, el 24 de abril, el jefe de Policía Julio Fernández firmó una orden de pago por más de $ 14 millones para abonar el combustible que habían cargado entre el 1 y el 31 de enero de este año los móviles de la Unidad Regional Norte en una estación de servicios de Yerba Buena. La Delegación Fiscal del organismo de control descubrió, comparando los remitos presentados con la información del GPS de los móviles, detectó que uno de los patrulleros nunca se presentó en el establecimiento.
“Como resultado del trabajo complementario se puede concluir que estos 1.166 remitos no están vinculados con cargas de combustible realizadas a móviles de la policía ya que el móvil no se encontraba allí”, se lee en la resolución. “A partir del resultado que se indica en la planilla anexa, se tuvo en cuenta el tipo de combustible, la cantidad de litros que indica cada remito presentado por la estación de Servicios y el precio del combustible, se los valorizó totalizando el importe de $ 5.199.136,30 que constituyen el monto del facturado y no brindando de acuerdo a la documentación respaldatoria obrante en el expediente”, añadieron los controladores.
A raíz de esta situación, el TC decidió frenar las siguientes órdenes de pago:
– Cargas por más de $ 3 millones realizadas por las unidades de la Unidad Regional Capital del 1 al 31 de marzo pasado.
– Abastecimientos realizados entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de este año por personal de la Unidad Regional Oeste en Tafí del Valle y en Lules por unos $ 6,8 millones.
– Compras de combustible efectuadas para los móviles de la Unidad Regional Sur entre el 1 y el 31 de marzo por más de $ 5 millones.
En una resolución firmada por Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, el TC decidió unificar todos los expedientes y designar a un abogado y dos contadores para comenzar con una investigación.
Silencio
LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con los funcionarios del Ministerio de Seguridad para que dieran a conocer su opinión sobre el tema. Sin embargo, pudo establecerse que se inició un sumario administrativo en la fuerza para investigar el caso. Por esa razón, habrían sido separados de sus funciones el jefe del D4 y al menos un profesional que se encarga de la distribución del combustible.
Trascendió además que cuando se conozcan los resultados de la investigación interna, se hará una denuncia penal. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que ya hay una causa iniciada por esta irregularidad y está en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira.
La decisión del TC de detener el pago a los proveedores generó una crisis en la fuerza. Varias estaciones de servicio comenzaron a negarse a cargar combustible, por lo que los funcionarios de Seguridad tuvieron que realizar diferentes gestiones para no resentir las tareas policiales.
Algunas versiones indicaron que varios móviles se abastecieron en la Jefatura de Policía, donde se instaló un camión cisterna con combustible. Algunos empresarios, después de arduas negociaciones que se registraron durante todo el fin de semana, aceptaron abastecer de combustible a los patrulleros con la promesa que a partir de mañana comenzarían a recibir el pago de esas operaciones.
Licitación: con tecnología buscan controlar el gasto de más de $1.100 millones en combustible
Las supuestas irregularidades en la compra de combustible quedaron al descubierto seis semanas después que el Tribunal de Cuentas aprobara el llamado de licitación para que haya un mayor control en la compra y el uso de combustible por parte de la Policía. La resolución firmada el 27 de abril autoriza a contratar la provisión mediante una plataforma informática, dispositivos de carga con medidas de seguridad y control con una red de estaciones de servicios multibandera en nuestra provincia y con cobertura nacional en casos de excepción. “Esta herramienta permitirá garantizar la operatividad de la flota de vehículo de la Policía y el acceso en tiempo real la información de consumo de las unidades por un plazo de 24 meses”, se puede leer en el documento donde se aprueba el llamado a licitación. “El acuerdo será por un plazo de 24 meses por un monto anual aproximado de más de $ 1.112 millones en combustible y $ 60 millones las aplicaciones”, añadieron en el documento al que tuvo acceso
Los detalles del sistema
Todos los móviles de la Policía tienen un cupo de combustible para cargar por día. También están contemplados los casos particulares.
El Departamento Logística (D4) tiene la responsabilidad de entregar los vales para el abastecimiento de la nafta o el gasoil.
La división responsable tiene un representante en cada una de las cinco regionales que se encarga de organizar el sistema de abastecimiento.
Son estos funcionarios los que una vez al mes, después de hacer un control, elaboran una orden pago para el proveedor del combustible.
