El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la coparticipación y ordenó que se entregue el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción. Ya en la tarde del mismo día, el presidente Alberto Fernández se refirió al hecho desde la provincia de Formosa, donde afirmó que “es un día aciago para el federalismo, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta y el resto del país”.
Ayer jueves, el primer mandatario reunió a los gobernadores al mediodía en Casa Rosada, con el objetivo de discutir los pasos a seguir después de la decisión judicial, que le permitió al jefe de Gobierno porteño anotarse un triunfo político en el cierre del año, luego de una discusión extensa por la coparticipación.
En las últimas horas, Presidencia de la Nación publicó un duro comunicado en el que anuncia que recusará a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo compartió en sus redes el texto presidencial.
Y agregó: “Como Gobernador y tucumano SIEMPRE voy a DEFENDER los recursos que por ley le corresponden a la provincia de #Tucumán”. En su texto, el presidente señala que desde el 2002 la Ciudad de Buenos Aires recibe el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables más el costo de funcionamiento de la Policía municipal, esto último desde 2016.
El comunicado también contradice los argumentos del fallo de la Corte respecto a las provincias: “Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
También asegura que es un “fallo político de cara al año electoral” que busca “sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA” y apunta las complicaciones que genera el fallo, ya que el Congreso aprobó el presupuesto 2023 sin contemplar este traspaso de fondos.
El presidente anuncia mediante el comunicado que dio las indicaciones para recusar a los miembros de la Corte Suprema y presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada. De esta manera, Tucumán se involucra de lleno en el conflicto con la Corte Suprema y el gobierno porteño, que tendrá nuevas instancias tanto judiciales como políticas en el corto plazo.
