El Gobierno terminaba de pulir este fin de semana un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de enorme alcance -la última versión tenía más de 200 páginas- para desregular múltiples áreas económicas, laborales y estatales. Javier Milei pretende que ese documento fije las bases para desplegar su plan económico de corte ultraliberal. La norma (que estaba pensada para ser promulgada mañana mismo, pero luego asomaron dudas por los tiempos) incluirá un largo catálogo de iniciativas que, a los ojos de la cúpula libertaria, pueden promulgarse sin pasar por el Congreso.
El DNU incluiría desde modificaciones en el funcionamiento del Estado hasta desregulaciones económicas y reformas laborales, como la habilitación del “modelo Uocra” para que las empresas puedan optar por un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones.
En las semanas previas a su asunción, Milei tenía previsto enviar su listado de reformas al Congreso. La idea era darle formato de proyecto de “ley ómnibus”, como un paquete cerrado. En la cúpula libertaria, incluso, decían que lo remitiría el primer día hábil al frente del Poder Ejecutivo. Pero el ejercicio efectivo del poder obligó al líder libertario a recalcular su ambicioso plan.
Así, el libertario optó por hacer la primera semana solo el anuncio de las “medidas de emergencia económica” que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo. En la narrativa que transmiten en la Casa Rosada, esas medidas fueron “inevitables” y “para evitar la hiperinflación”, pero “no son el verdadero plan económico”. Aún cuando incluyeron una devaluación de más del 100%, la quita de subsidios al transporte y la modificación de las jubilaciones, todos aspectos de impacto en el poder adquisitivo.
En segundo término, Milei optó por hacer un peinado fino de las regulaciones que tenía carpeta para trasvasar a un DNU a todas aquellas que -presuntamente- no requieran tratamiento legislativo y cuya promulgación por decreto pueda justificarse por su carácter de urgencia.
Quien hizo la última revisión jurídica de ese criterio fue el flamante procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exfuncionaro menemista. Es una jugada audaz, porque podrían aparecer planteos de inconstitucionalidad.
Finalmente, se espera que en los próximos días Milei haga la convocatoria a sesiones extraordinarias, con un temario que aún resta pulir. Allí mandaría al menos tres proyectos: una reforma impositiva y económica, una reforma política y una reforma del Estado, con los aspectos que no puedan promulgarse por DNU. Los plazos aún no están definidos (“no hay precisiones sobre eso”, dicen cerca de Milei), pese a que desde el Congreso advierten que el Presidente debería apurarse si quiere que el tratamiento comience antes de fin de año.
Cada equipo técnico del Gobierno hizo, con la colaboración de estudios jurídicos externos, la revisión del capítulo referido a su área. Federico Sturzzenegger se involucró fuertemente tras aportar su paper sobre la “desburocratización” de la economía. No se descarta que este economista se sume al gabinete en un cargo vinculado a la modernización de la administración pública (esta semana se creó la “Secretaría de Transformación del Estado” y la “Secretaría de Simplificación del Estado” dentro de Jefatura de Gabinete).
Iniciativas
Según pudo reconstruir LA NACION, el DNU incluiría buena parte de la reforma laboral que tiene en carpeta Milei. Este apartado contempla el “modelo Uocra”, con un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones. No será compulsivo sino optativo, para las industrias donde resulte aplicable.
Otros puntos apuntan a disminuir la litigiosidad laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de “mejorar la competitividad de las empresas”. Son todas formulaciones que podrían generar fuerte resistencia de las centrales sindicales. Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores que está planteado en la Ley de Empleo 24.013.
Otro aspecto que estaría incluido en el DNU es el del achicamiento de los gastos del Estado, incluyendo la reducción de choferes para funcionarios y el traspaso de la flota de vehículos a las fuerzas de seguridad. También habría modificaciones en la ley de Empleo Público.
El capítulo de las privatizaciones, que, se especuló, podía ser incluido en el DNU, quedaría para ser tratado en el Congreso, según altas fuentes de la Casa Rosada. La iniciativa de Milei propondría modificaciones en las empresas públicas para que puedan convertirse en sociedades anónimas. En los proyectos de ley también se incluirá la modificación de cuatro leyes económicas con el objetivo de promover la inversión privada en infraestructura.
La reforma electoral y la reforma impositiva, en tanto, deben pasar por el Congreso. En el primer caso, en la Casa Rosada apuntan a que se trate, en un mismo paquete, la eliminación de las PASO y la boleta única.
Respecto a lo tributario, según trascendió, se incluiría un blanqueo de capitales y una moratoria de regularización de deudas con la AFIP por 120 días, además de modificaciones en bienes personales.
Un tema pendiente es la marcha atrás con la modificación del impuesto a las Ganancias, que provocó una caída en la coparticipación. Milei votó a favor de reducir el impuesto durante la campaña electoral, pero ahora estaría dispuesto a volver sobre sus pasos para responder al reclamo de los gobernadores. Sin embargo, el Presidente quiere, antes de enviar este tema al Congreso, contar con el respaldo político de los mandatarios provinciales.
Muchos de los gobernadores apoyaron la modificación en Ganancias que había enviado Sergio Massa al Congreso con cálculo electoral. Por eso ahora pretenden que haya una compensación a través del impuesto al cheque. Según fuentes de la Casa Rosada, esa opción está descartada porque afectaría el déficit cero. Todo esto se hablará el martes en la reunión de Milei con los gobernadores.
