Javier Milei no piensa ni remotamente en dar marcha atrás con su decreto de necesidad y urgencia (DNU). El Presidente, aseguran en su entorno, hoy no baraja la posibilidad de convertir su instrumento de 366 artículos en un proyecto de ley espejo para que lo debata el Congreso. Eso -que es lo que le reclama la oposición dialoguista- es lo que hizo Mauricio Macri en 2018. Por el contrario, el líder libertario ya traza la estrategia para defender su megadecreto hasta las últimas instancias, tanto en el ámbito legislativo como en los tribunales.
El Presidente no incluyó al DNU en el temario de las sesiones extraordinarias, que convocó entre el 26 de diciembre y el 31 de enero. Eso le permitirá ganar tiempo, de mínima, hasta marzo, ya que los plenarios de las cámaras no podrán tratarlo ahora. La apuesta de la Casa Rosada es intentar manejar la agenda de la discusión parlamentaria. Para eso, dicen cerca de Milei, primero buscarán asegurarse la presidencia de la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo para un legislador de La Libertad Avanza o un férreo aliado. “La llave de todo es la presidencia de comisión”, comentó el viernes en Balcarce 50 un estrecho colaborador presidencial.
En la Casa Rosada se muestran confiados del devenir del DNU en el Congreso. Advierten que la historia está de su lado, porque ningún DNU fue rechazado por ambas cámaras. “Del centenar de DNU de Alberto Fernández no se trató ninguno”, subrayan. Cerca de Milei creen, además, que el tiempo permitirá suavizar las posturas de los bloques opositores no kirchneristas, especialmente la UCR, que cuestiona al instrumento -apunta que el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus funciones- pero podría estar de acuerdo con el espíritu del texto.
“A la hora de votar en el recinto, va a pesar más la cuestión de fondo. Hay reformas, como lo de las obras sociales sindicales, que son música para los oídos de los radicales”, dijo un diputado que tiene muy buena llegada a Balcarce 50.
En el Congreso ya comenzaron los movimientos para conformar la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe ser integrada por ocho diputados y ocho senadores. En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel quiere imponer la proporción que logró aplicar al resto de las comisiones, por lo que cinco de los ocho lugares pertenecerían a bloques no kirchneristas. Unión por la Patria reclama una silla más. En Diputados, tal como contó LA NACION, Martín Menem apunta a replicar la proporción de la Cámara alta.
Aún cuando se intente bloquear al kirchnerismo, La Libertad Avanza (LLA) no tiene asegurado un dictamen de mayoría a favor del DNU ya que el radicalismo y Cambia Federal, entre otros bloques, ya exhibieron reparos por el avance del Poder Ejecutivo en prerrogativas del Congreso.
Los nombres no están confirmados, pero por LLA suenan el senador riojano Juan Carlos Pagotto y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Alguno de ellos podría presidir la comisión y así manejar los tiempos y traccionar un dictamen en caso de empate.
“A partir de ahora se inicia un juego de presiones y de tiempos. En el anterior gobierno, el peronismo no reunía la comisión para tratar los DNU y los presidentes de las cámaras miraban para un costado”, apuntó un legislador muy sintonizado con la Casa Rosada. Un colaborador de Milei redobló la apuesta: “Si el Congreso entorpece al Poder Ejecutivo, van a aparecer más DNU”.
Frente judicial
En la Casa Rosada desestiman los amparos que se presentaron para frenar el DNU. “El decreto no afecta los derechos de nadie, tiene que haber un derecho adquirido afectado para que alguien para que se haga lugar a un reclamo”, esgrimen en la mesa chica de Milei. Más allá de la narrativa que construyen cerca del Presidente, el Gobierno comenzó a armar su estrategia jurídica para defender la legalidad del DNU en los tribunales.
Según pudo reconstruir LA NACION, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comenzó a aglutinar a un cuerpo de abogados para abordar este tema específico. Habrá letrados de su cartera, de la Jefatura de Gabinete y de la Procuración del Tesoro, que está encabezada por Rodolfo Barra y que es el área que actuará formalmente en la defensa del Estado en los litigios. El Gobierno sumará, además, a abogados de estudios jurídicos privados.
“Estos abogados van a justificar la necesidad y la urgencia de cada artículo del DNU y van a analizar cada planteo judicial”, dijeron fuentes oficiales.
El panorama judicial se clarificó en las últimas horas porque el juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari admitió tratar como proceso colectivo la primera demanda presentada contra el DNU y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos. Esto significa que Furnari apunta a concentrar a todos los casos contra el decreto de Milei en uno solo.
La entidad que demandó al Estado en este caso es la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad en conjunto con el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano. Por otro lado, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad. Ese expediente quedó a cargo del juez federal Pablo Cayssials, pero podría terminar acumulado en el juzgado de Furnari.
Barra, figura clave
El Gobierno confía en la destreza de Barra para defender los decretos en el fuero contencioso administrativo, que él conoce muy bien y en el que litiga desde 1973. Ostenta gran poder en ese fuero el camarista Sergio Fernández, hermano de Javier Fernández, que fue secretario privado de Barra durante el menemismo.
En los tribunales dicen que los hermanos Fernández llevan años peleados. Y Barra niega ser amigo de Sergio Fernández. Asegura que la relación que tienen es la de un litigante y un juez que se vinculan en los expedientes desde hace muchos años.
Barra no trabajó en la arquitectura jurídica del DNU, si bien tuvo influencia en la parte final del proceso y promovió un recorte que -dicen en el Gobierno- redujo el decreto considerablemente (trascendio que el primer borrador era mucho más amplio). Barra creía que hubiera sido mejor no recurrir a un solo DNU, sino a varios, cuentan fuentes que conocen la opinión del flamante Procurador del Tesoro, que fue ministro de Carlos Menem y juez de la Corte de la “mayoría automática” de los 90.
Más allá de esta discrepancia, Barra defiende con énfasis el decreto. A nadie sorprende: lleva años sosteniendo en los expedientes, en sus clases universitarias y en sus libros la postura amplia más extrema sobre las atribuciones legislativas del Presidente.
La valoración de la necesidad y urgencia la hace el presidente y es una cuestión política “no justiciable”, dice Barra en su libro “Derecho Administrativo”. En esta obra, el autor sostiene -en contra de la doctrina de la Corte- que el Presidente “resulta habilitado para elegir discrecionalmente entre enviar un proyecto de ley y la emisión rápida de un DNU”.
