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Jefa comunal santiagueña, procesada por cobrar comisiones para gestionar planes sociales para sus vecinos

La denuncia fue realizada por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. Hay 2 funcionarios más imputados.

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EL LUGAR. Acceso a la humilde comuna santiagueña en la que se investiga el delito.
Descacharreo

Una jefa comunal santiagueña fue procesada por la Justicia Federal, acusada de la comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trata de Antonia del Valle Serrano, que cumple funciones de comisionada en la localidad de Patay-Lilo Viejo -en el interior del departamento Moreno-, quien según la investigación, en complicidad con Mayra Araujo Cristian Adrián Santa Cruz, otorgaban y cobraban un plus para “la chica que hacía el trámite”.

La denuncia comenzó el pasado 3 de mayo cuando Daniel Escobar Correa -abogado de la Agencia Territorial dlocal del Ministerio de Trabajo de la Nación-, se presentó en el Ministerio Fiscal y dejó al descubierto la maniobra.

Según consta en la acusación en contra de los funcionarios, todo sucedió en el marco del programa “Promover Igualdad”, el cual prevé ayuda para las personas con discapacidad, y fue descubierto por un efectivo informático que se habría comunicado con los presuntos beneficiarios.

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Allí quienes recibían tal plan manifestaron que ellos mensualmente aportaban $500 a la cuenta privada de la comisionada y que luego esta los repartía con Araujo -quien representa al Ministerio de Trabajo en nuestra provincia- y a Santa Cruz, que trabajaba en el Ministerio de Acción Social local.

Según las averiguaciones, los acusados habían recibido cerca de 50.000 pesos por parte de los beneficiarios, que además no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a tal plan, los cuales después eran divididos.

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Era la comisionada la encargada de recibir el dinero de la Nación en la cuenta de la comuna y luego ella misma la transfería a la cuenta privada de sus cómplices. En su defensa, la mujer explicó que en su “ignorancia” accedió a la propuesta realizada por los otros implicados creyendo que “sería por una sola vez”.

Tras la investigación del Juzgado Federal Nº2 a cargo del Dr. Sebastián Argibay resolvió procesar sin prisión preventiva a los tres acusados y embargar sus bienes por un monto de un millón de pesos a cada uno para reparar los daños ocasionados.

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