El subdirector de Desarrollo, Julio Valdez, habló en exclusiva con Tucumán Despierta y se refirió al escándalo acerca del ingeniero Eduardo Cobos, quien en su calidad de Defensor del Pueblo, abría nombrado a 100 nuevos empleados que, financiados con dinero de la entidad, serían militantes para la campaña de su hijo Tomás Cobos, quién se postula como candidato a legislador en el 2023.
Dio a conocer una grave denuncia que involucra el propio Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, quien habría contratado más de un centenar de militantes para colaborar en lo que sería la campaña de su hijo, Tomás Cobos, en aras de convertirlo en legislador en las elecciones del año que viene. En ese marco, desde Tucumán Despierta entrevistamos a quien realizó esta denuncia, el subdirector de Desarrollo, Julio Valdez.
“En los últimos días, alguien me dice que están haciendo política con la institución porque todos los móviles que tiene la Defensoría, es decir, los cuatro móviles, camioneta, furgón y tiene incluso un minibús, bueno, resulta que todos esos móviles son utilizados para hacer política para el hijo del Defensor, Tomás Cobos”, explicó el funcionario provincial acerca de ese escándalo que hasta tuvo trascendencia nacional.
Asimismo, añadió que “de acuerdo a la propaganda que hace con los videos que se los han publicado y que están en el Facebook y en todas las redes sociales, Tomás Cobos tiene una fundación y a través de la fundación el Defensor dice que hace un convenio con la institución y todo el cuerpo de este de personal, es decir, los asesores o empleados con lo que cuenta la institución van por distintos lugares”.
Aclaró que estas personas “dependen del este que es donde va a trabajar el hijo y hacen, digamos, todo como una especie de propaganda para que en el futuro sea la propaganda para el hijo, mejor dicho, para la campaña proselitista haciendo campaña política para el hijo”. Además, se señaló que serían unos 127 individuos que cobrarían entre 60 y 80 mil, que multiplicado por 127 durante medio año le estaría costando al Estado más de 50 millones.
Pero esa no es la única irregularidad debido a que comenzaron a notar que “los móviles de la Defensoría del Pueblo empezaban a hacer actividades que no competen a la misma, es decir, al mismo trabajo de la Defensoría. En ese marco, notaron a diario un flujo de personas que quizás no estaban antes. Y es ahí cuando empiezan también a darse cuenta los empleados de que se incorporaban, en teoría, nuevos empleados”.
En ese sentido, Valdez recordó que “sobre todo allá en la casa matriz o casa central digamos de la Defensoría, empezamos a ver que la misma gente que maneja la parte de Recursos Humanos, en vez de tener una sola oficina, ahora tiene cuatro bastantes grandes”.
Sobre ello, puntualizó que “después empezamos a ver que no solamente funcionaban las oficinas a la mañana, sino a la tarde en otras oficinas”.
Acerca de las mismas indicó que “venían un montón de personas, concurría un montón de gente desconocida y no sabemos de qué se trataba y después nos enteramos que toda esa gente eran punteros políticos que trabajaban para el hijo de Eduardo Cobos. En una lista que me pasaron estaban estas 127 personas y todas son de la localidad de Cruz Alta porque justamente la parte del este es por donde trabaja el hijo”.
En ese marco, Valdez infirió que “si esas personas no vienen a la institución porque aquí es muy chico como para albergar a las personas. Sabemos que acá más de 200 personas no pueden estar y entonces estas personas está nombradas, pero no habían cumplido su labor”. Acerca de hipotéticas explicaciones al respecto, dijo que “dónde está el hijo están las propagandas y los vídeos muestran a personas con las chaquetas diciendo Tomás Cobos 2023”.
Siguiendo con las irregularidades, señaló que “el listado oficial tiene que venir de Hacienda que es de donde se dice cuál es la cantidad de empleados”.
No en vano, aseguró que “lo normal es que tengan nombre y apellido y que tenga el número de legajo y el DNI, pero acá lo particular es que es un listado a donde tienen nombre, apellido y localidad. Lo que me llama la atención es que en cualquier institución los contratados provienen de todo Tucumán, no necesariamente de una localidad determinada. Por eso de ahí surge que todos son de Cruz Alta”.
Es por todo ello que Valdez aseguró que “no nos va a quedar otra que ir con todo este tipo de documentación y pedir el juicio político, porque yo pienso que para todos los cargos el funcionario público tiene que cumplimentar y hacerlo en virtud de una ley y acá en este caso, a este señor, la Legislatura lo ha nombrado y lo honrado con el cargo de Defensor del Pueblo y no está cumpliendo con las premisas ni con la función que le ha sido asignada”.
En esa sintonía, opinó que “Cobos está malgastando la plata de los ciudadanos de Tucumán con hacer designaciones políticas todas para el hijo y eso está prohibido por ley. No nos está respetando a nosotros como empleados.
