Luego de que la Justicia autorizara los descuentos a los empleados públicos, posibilitando que el Banco Macro pueda continuar reteniendo los montos reclamados del sueldo de los trabajadores por algunas empresas, desde Tucumán Despierta entrevistamos en exclusiva a Carlos Giménez, representante del Sindicato Docente de Tucumán (Si.Do.T), y se refirió a los pasos a seguir luego de esta decisión.
Se expresó en contra, debido a que alegó que el delito que se cometió en su momento consta que alguien que la Justicia no determinó todavía, brindó los datos de CBU de los empleados estatales que fueron “saqueados” en sus sueldos. En este marco, pidió que se trate el proyecto de ley que posibilite tener libre elección de bancos por parte de los damnificados como en el caso de los trabajadores privados.
Acerca del fallo de la Justicia, opinó que le parece arbitrario y que beneficia a las entidades privadas que hicieron abuso y no castiga como plantean los damnificados a aquellas empresas, entidades o mutuales que, sin contar con la autorización correspondiente, tomaron parte de sus sueldos. Además, lejos de definir la cuestión de fondo, les posibilitan que puedan seguir adelante con los descuentos.
Es por ello que Giménez calificó al fallo de absolutamente injusto, razón por la cual, previendo esta situación, se realizó una junta de firmas para presentar un proyecto de ley para que los empleados públicos puedan tener libre disponibilidad de elección de bancos. En ese sentido, le extrañó al dirigente que la Justicia fallara como lo hizo sin realizar ningún tipo de sanción al Banco Macro.
De cara a lo que viene, dijo que, luego de la acción colectiva que llevó adelante la Defensoría del Pueblo, supuso que habrá una apelación al fallo por parte de esta entidad. Por otro lado, la idea es iniciar una denuncia penal contra el Banco Macro para determinar quién o quiénes violaron el secreto bancario del CBU con el que varias entidades y empresas sacaron parte del sueldo de los trabajadores estatales.
Es por ello que sí confirmó que van a reunirse con el Defensor del Pueblo para analizar este tema y los correspondientes pasos a seguir, luego de que la Justicia les fallara en contra. Carlos Giménez se encargó de aclarar que como fue la Defensoría del Pueblo la que realizó la presentación, se debe encargar de realizar la correspondiente apelación del fallo al representar a los trabajadores estatales.
Para finalizar, se encargó de señalar que la cuestión de fondo que deberá resolverse en algún momento, pasa por el hecho de que se hizo un descuento indebido por parte de un grupo de entidades, empresas y mutuales y una violación del secreto bancario al dar a conocer los CBU de los trabajadores. Lo que se cuestiona, es que las compañías hicieron abuso del derecho al débito de una cuenta en función de hacerlo sin consentimiento del titular de la misma.
