Un simple, democrático y determinante cambio de gobierno, llevó a la CGT a pasar del polo de la pasividad al extremo de la radicalización. El paro de ayer, realizado apenas 45 días después de la asunción de Javier Milei como presidente, y que estableció un nuevo récord en la historia de la democracia argentina al convertirse en el más rápido convocado contra un presidente electo, sucede tras otra marca reciente e inusual.
La que le dio el inmerecido honor a Alberto Fernández de haberse constituido en el primer presidente -sin reelección- de la democracia moderna en culminar su gobierno sin paros generales. La anterior huelga había acontecido el 29 de mayo de 2019 y fue la última realizada contra Mauricio Macri. Desde entonces y hasta ahora, el sindicalismo pareció no darse cuenta de la situación del país en esos años, también poblado de récords.
Es decir, récords de inflación, de pobreza e indigencia, de escasez de reservas, de pérdida del poder adquisitivo, de deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los argentinos. Este despertar de la modorra gremial repite contra el presidente Milei el mismo patrón de conducta histórico del sindicalismo argentino: ser beligerante con los gobiernos de gen no peronista y propuestas reformistas; y amable, tolerante -y hasta cómplice- con los mandatarios de ese color político.
De 43 paros generales, 27 de ellos (62,80%) lo fueron contra cuatro mandatarios no peronistas (para Milei recién comienza el conteo) en apenas 12 años de gobierno. Al peronismo (en sus diversas expresiones) en cambio, el sindicalismo solo le realizó 16 paros (37,20%) a -siete presidentes de esa ideología- quienes administraron la Argentina durante 28 años. En promedio, un presidente no peronista recibe su primer paro a los siete meses (218 días) de iniciar su mandato, mientras que un presidente peronista lo enfrenta en el cuarto año de su gobierno (1205 días).
Estos datos duros por sí solos marcan una clara tendencia y un comportamiento dual del gremialismo argentino, según quien ejerza el poder. A este accionar se suma cierto factor desestabilizante que provoca la hostilidad sindical, marcada por la temprana convocatoria a paros generales y la frecuencia con que se realizan a presidentes no peronistas al punto de que dos de los tres antecesores de esa tendencia que precedieron a Javier Milei en el cargo no llegaron a concluir sus mandatos.
Fue, justamente a Raúl Alfonsín el único presidente al que los sindicatos se atrevieron a hacerle paros en el atípico mes de enero (el 21/01/1986 y 26/01/1987) en lo que resultaran el 4°y 8° paro general -respectivamente- de los 13 que sufriera el mandatario radical. A Fernando De la Rúa le correspondió el récord, hasta ahora, de ser el único presidente al que las centrales obreras le plantearon un paro durante el primer trimestre de gestión (77 días).
Esas dos circunstancias, llamativa y peligrosamente, enlazan al nuevo presidente -y al paro#43- con aquellas gestiones fallidas. El nuevo récord de convocar al primer paro general más rápido a un presidente democrático expone, también, el lado más oscuro de la Central General de Trabajadores. El lenguaje y los tonos utilizados en declaraciones vertidas por algunos de los líderes sindicales que encabezan la medida -antes y durante la protesta- no hacen sino alimentar el fantasma desestabilizante mencionado.
A la elección poco feliz del dirigente de Camineros Pablo Moyano, que en declaraciones radiales antepuso utilizar el verbo “voltear” para referirse al objetivo de derogar el DNU 70/2023 y evitar la sanción de la denominada ley ómnibus, se le sumaron -en términos de lenguaje inadecuado- las expresiones del Secretario General de la CGT Héctor Daer quien, también en declaraciones radiales, decidió advertir que “…los dialoguistas no van a poder caminar por la calle…”.
Un nuevo fallido sucedió en el acto principal de la CGT frente al Congreso, al amenazar Pablo Moyano al actual Ministro de Economía Luis Caputo, con la expresión “si lleva estas medidas de ajuste, lo van a tirar al Riachuelo” recordando viejas y nefastas situaciones del pasado reciente en materia de derechos humanos. Dicho de otro modo, apelaron al lenguaje desestabilizante de la intolerancia.
En definitiva, lo cierto es que más allá de los posibles y atendibles cuestionamientos a las formas y contenidos del Mega DNU 70 y la denominada Ley Ómnibus, “voltear” “tirar” y “no dialogar” no aparecen como las expresiones más acertadas a días de iniciada una gestión democrática, para un sindicalismo cuyo accionar histórico también resulta cuestionable y requiere de una severa autocritica.
