Rosario se ha convertido en el campo de batalla principal de la guerra entre los argentinos de bien y los narcos. Su extensa capacidad portuaria, así como el hecho de ser de relativo fácil acceso para la droga que viene del Norte, han convertido a esta ciudad en un punto estratégico principal para el mercado de drogas ilegales. Durante muchos años, los capos narcos siguieron organizando delitos y manejando sus bandas desde las cárceles.
Hay que ponerlo con todas las letras: el kirchnerismo no hizo nada para cambiar esta realidad, tanto en el gobierno nacional como provincial, convirtiéndose en cómplice y alimentando al monstruo. Ahora, con las nuevas gestiones de Milei en la presidencia, Bullrich en seguridad nacional y Pullaro como gobernador de Santa Fe, las cosas han cambiado rotundamente. Se han sancionado leyes para clasificar a los presos, separando a los de alta peligrosidad y perfil.
Así, estos han pasado a estar aislados, sin acceso a comodidades, comunicaciones ni familiares (que, en general, son parte de las mismas bandas). Esto es lo que se hace en cualquier país serio, ya que no se les permite seguir dirigiendo sus organizaciones. La reacción de las bandas narco ha sido tenebrosa. Se han unido para defender lo que ellos llaman sus “derechos” (es decir, seguir viendo a sus familiares para, a través de ellos, continuar dirigiendo sus organizaciones).
Mientras tanto, han decidido salir a la calle a matar de forma aleatoria ciudadanos inocentes, como forma de presionar al gobierno para que ceda ante sus reclamos. Curiosa y ridícula concepción de los derechos humanos la de personas que son capaces de salir a matar inocentes al boleo para negociar beneficios. Un colectivero, dos taxistas y, recientemente, un joven playero de una estación de servicio, han pagado el precio máximo por esta práctica indescriptiblemente inhumana.
Los rosarinos saben que, aunque hagan las cosas bien, se cuiden, tomen precauciones, por el solo hecho de salir a trabajar o comprar algo, pueden ser blanco de la violencia narco, sin ningún motivo, ni siquiera para robarles. Es una clara acción de terrorismo urbano, que ataca sistemática y deliberadamente a civiles inocentes para crear un estado de conmoción, desconfianza y desesperación que les reditúe políticamente.
Dichas acciones constituyen un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Pero, además, son un acto de guerra contra la sociedad rosarina y argentina. Rosario es el campo de batalla principal de una guerra más amplia. Lo que suceda en esta ciudad servirá de ejemplo e inspiración para los grupos criminales de otras partes del país. Está en juego la democracia y la libertad. Es decir, está en discusión si los argentinos vamos a poder decidir soberanamente sobre las reglas y valores de nuestra sociedad.
O si quedaremos supeditados a la violencia y la voluntad caprichosa y enfermiza del crimen organizado. Es una segunda guerra de independencia, actualizada al siglo XXI, y quienes participan en ella del lado del pueblo son los próceres de nuestro tiempo. En toda guerra hay y habrá, lamentablemente, muertes. Como han dicho las autoridades provinciales de Santa Fe, no se puede dar un paso atrás.
Hacerlo significaría que todas las muertes acaecidas hasta el momento hayan sido en vano. Implicaría que los criminales tengan el poder de matar impunemente a quien se les ocurra de aquí en más. Solo podemos redoblar la apuesta, sin límite, hasta donde sea necesario. Rosario está en guerra y necesita apoyo. Este enfrentamiento, como dijimos, no es solo de los rosarinos ni de los santafesinos. Es de todos los argentinos. Y no basta con el apoyo de la sociedad y del presidente.
