No es un secreto en los tribunales que la postulación del juez federal Ariel Lijo como futuro integrante de la Corte Suprema de Justicia irritó a una parte de los cortesanos. Lijo fue propuesto por Javier Milei, pero su nombre fue impulsado por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los otros tres magistrados, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que suelen tener posiciones en común en cuanto a la gestión del máximo tribunal, están incómodos ante esa candidatura, que cosechó un rosario de objeciones de asociaciones de jueces, de abogados y de empresarios.
Milei además propuso al académico Manuel García Mansilla para ocupar la vacante que dejará el 29 de diciembre el juez Maqueda, que cumple 75 años. Para hacerlo, cambió un decreto y forzó el tratamiento anticipado del recambio. El Presidente casi que empujó a Maqueda fuera de la Corte, cuando le restan ocho meses en el cargo.
Tanto apuro de Milei en delinear una nueva Corte Suprema respondería a la disconformidad que tiene el Presidente con los jueces del máximo tribunal, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y judiciales. En particular, está molesto por las demoras de la Corte en analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue fundacional de su Gobierno y cuyo capítulo laboral está en suspenso.
Apenas publicado el decreto, llovieron los recursos de amparo con pedidos de medidas cautelares para impedir su aplicación. El DNU sigue vigente, aunque solo quedó afectado su capítulo laboral. Pero la Corte no se pronunció. El máximo tribunal tenía en sus manos una de estas medidas cautelares, pero puso el asunto en el freezer. Mandó la causa a la Procuración y pospuso el caso hasta después de la feria judicial de enero. Nada sucedió. La Corte no tiene plazos y máxime cuando es la política la que esta analizando el DNU. Así incluso lo reconoció públicamente Rosatti.
De hecho desde diciembre pasado, que se presentó, el DNU ya fue rechazado por el Senado y ahora hay expectativa para ver qué ocurre en Diputados. Si allí es rechazado, el decreto caerá. En cambio, si el oficialismo logra su aprobación o se demora su tratamiento, habrá ganado porque la normativa seguirá vigente, salvo lo referido a lo laboral, que fue declarado inconstitucuonal por la Cámara del Trabajo.
La Corte también acumula demandas de las provincias contra el Gobierno nacional por los sucesivos recortes de fondos. Los reclamos provinciales ya suman 600.000 millones de pesos. Cada vez que MIlei destrata públicamente a los gobernadores, se gana un nuevo escrito que aterriza en la mesa de entradas virtual de la Corte, en el cuarto piso de los tribunales.
En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace equilibrio para acordar con los mandatarios, que visitarán el jueves que viene la Casa Rosada para explorar un acuerdo parlamentario que les de certezas para solucionar sus problemas fiscales a cambio de la aprobación de una versión reducida de la ley ómnibus. Se trata de pasos intermedios para llegar a la firma del Pacto del 25 de Mayo al que convocó Milei hace un mes, en la apertura del año legislativo.
Mientras la política se mueve con avances y retrocesos, en la Corte tramitan el caso de La Rioja contra el DNU de Milei. Asimismo, ya está en la Corte una demanda de la provincia de Buenos Aires, firmada por Axel Kicillof, para que declare la inconstitucionalidad del decreto 192/24 que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ese fondo fue creado en 2020 para sostener el normal funcionamiento de las finanzas bonaerenses.
La provincia reclama el remanente equivalente a $11.164.000.000, por la diferencia que surge entre el 1,18% del monto efectivamente recaudado en noviembre de 2023 por gravámenes de la ley 23.548 y lo transferido a la provincia en 2023, ya que dichas transferencias presentan un mes de rezago respecto a la recaudación nacional. Adicionalmente, requiere el desembolso correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por $33.676.934.796, y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por $43.959.428.629. La suma que Kicoloff le reclama al Estado nacional en esta demanda da 88.800 millones de pesos. En esta causa, la procuradora Laura Monti dictaminó que el caso es de competencia originaria de la Corte.
Otra causa fue activada por Santiago del Estero, que reclama por al quita del subsidio al transporte. Fue el gobernador Gerardo Zamora el que recurrió a la justicia federal local por la quita del fondo compensador. Allí se presentó el Ministerio de Economía y reclamó que el caso tramite ante la Corte, dado que es un asunto de su competencia originaria. El 19 de marzo pasado, la Corte envío el asunto a la Procuración para que opine si efectivamente es lo que corresponde. Todo hace pensar que es así, por lo que esta caua se sumará a las que tiene la Corte en una demanda contra el Estado Nacional.
La misma situación se da con Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres obtuvo fallos de un juez federal de Rawson en primera instancia para que el Estado nacional le deje de descontar los fondos del subsidios al transporte y que le deje de descontar el fondo de incentivo docente. En ambas demandas, la justicia federal local le dio la razón al gobernador, pero el Estado nacional reclamó que el caso debe tramitar ante la Corte. El asunto está en al secretaría de juicios originarios de la Corte con intervención de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
La provincia de Misiones también activó su reclamo en la Corte. Planteó una demanda por el cobro de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por los fondos del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, del plan Conectividad Docente y por la Paritaria Nacional Docente. Misiones le reclama al Estado nacional casi 3000 millones de pesos ($ 2.969.022.020) calculados al 5 de febrero pasado. Por eso es que pidió una medida cautelar para que el Estado deje de descontarle y le transfiera de manera inmediata esa suma. Asimismo, pidió que se le garanticen los fondos en todo el año. La demanda la firma el fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte.
La Corte mandó el caso el 27 de marzo pasado a la Procuración General de la Nación para que dictamine sobre la competencia. Lo mismo sucedió con La Rioja, que en una acción firmada por el gobernador Ricardo Quintela demanda los mismos ítems, aunque no menciona una cifra de dinero. La procuradora Laura Monti determinó que le corresponde a la Corte el caso y es de su competencia originaria.
En otra causa, La Rioja le reclama al Estado Nacional fondos 11.750.000.000 más $47.000.000.000 por el goteo diario de los fondos coparticipables. Es un dinero que supuestamente se viene asignando a la provincia desde los 90. “La irrazonable omisión de remitir los respectivos fondos impide a la Provincia de la Rioja ejecutar las respectivas políticas públicas a efectos de promover el desarrollo humano en su ámbito territorial, cumplir con las obligaciones contraídas con los distintos acreedores, como así también, genera un eventual quebrantamiento de la paz y armonía social suscitando una objetiva situación de gravedad institucional”, dice la demanda de Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también recurrió a la Corte para que el Estado nacional le pague 25.500 millones de pesos que es lo que entiende que le adeuda en virtud de los intereses por ajustes de las compensaciones dispuestas en 2019 y 2021, y las de 2022 y 2023. Estas cifras corresponden por no abonar en tiempo y forma las obligaciones asumidas por el Consenso Fiscal firmado el 27 de diciembre de 2021, el que estableció un marco definitivo respecto de cuestiones tributarias que fueran primero suspendidas y luego prorrogadas.
La Corte envió el caso a la Procuración, que opinó que el asunto es de competencia originaria del máximo tribunal.
Además de todos estos reclamos, que son solo una muestra de las causas que tramitan en la Corte, resta que se ejecute la sentencia en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le reclama al Estado nacional que le devuelva fondos coparticipables que le fueron descontados por la gestión de Alberto Fernández. Las estimaciones del gobierno porteño señalan que los fondos no enviados y adeudados ascienden a más de 522.000 millones de pesos, sin intereses.
