En las elecciones del próximo domingo tendrá lugar un episodio muy grave en nuestra provincia en materia institucional. Y es que la presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Sonia del Carmen Saavedra, como el legislador provincial, Jorge Yapura Astorga, se presentarán como candidatos a intendentes por la localidad que es la Meca del turismo provincial.
El problema es que ambos se encuentran elevados a juicio oral por delitos en contra del erario público. Sin embargo, pretenden volver al ejecutivo municipal luego de que ella desempeñara sus funciones como secretaria de gobierno durante la anterior gestión de Jorge Yapura Astorga durante ocho años. Se encuentran procesados y a la espera de la continuidad del juicio oral y público al que deben someterse, junto a otros integrantes del círculo íntimo de Clan Yapura Astorga.
Esta situación insólita y bochornosa, que termina beneficiando nuevamente a la corrupción provincial, es posible debido a la inacción de la Justicia tucumana, ya que, hasta la fecha, el debate oral sigue “suspendido”. Y es que pareciera que para la Justicia tucumana los delitos que se le endilgan y por los cuales deberá rendir cuentas ante la sociedad, no parecieran importarle al Poder Judicial.
En ese marco, cabe recordar que Sonia del Carmen Saavedra y Jorge Yapura Astorga tendrán que responder por los delitos de: Coautor De Los Delitos de Incumplimiento de Los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita.
En el caso de Saavedra, ella está procesada en su carácter de secretaria de gobierno de la municipalidad de Tafí del Valle en la gestión de Yapura Astorga. En el caso de éste último, era nada más ni nada menos que el intendente local. Y es que Saavedra era quién solicitaba la autorización del pago de aquellas compras sin fundamentación alguna ordenada por Yapura Astorga.
Y lo hizo sin terminar inequívocamente el objeto tras estas que principalmente le corresponde al jefe de compras mientras que por el otro lado y en la totalidad de los legajos, Saavedra autorizaba la cancelación de dichas operaciones sin observaciones y sin controlar la recepción del bien adquirido por parte del municipio que fue manejado durante casi una década por parte de Jorge Yapura Astorga.
Apartándose así del régimen de compras y contrataciones establecida para la administración pública, motivándose en razones distintas a los intereses de la comunidad tafinista y que apuntaba el beneficiar a Yapura Astorga y su concubina, por cuánto los dos constituyen una sociedad de hecho. Además, decidió arbitrariamente sobre el destino de los bienes del Estado, los cuales se encontraron previamente asignados por ordenanza correspondiente.
Que fue elaborada por Yapura Astorga de forma discrecional, que no se encuentra prevista en el decreto reglamentario de ninguna ley siendo que en varios libramientos no consta la recepción del pago por parte de la proveedora mientras que en otros es el hijo de ésta, Jorge Eduardo Yapura Astorga quien lo percibía. Que con tal comportamiento ha incumplido a sabiendas en beneficio de la pareja de Yapura Astorga, Nerina Mustafa y en perjuicio del erario público municipal.
En definitiva, la única verdad es la realidad y la misma señala que la candidata Sonia Saavedra y Jorge Yapura Astorga buscan desesperadamente “blindarse” con fueros antes de enfrentar el juicio oral, apoyada por un importante funcionario del oficialismo provincial. Pero esto también es posible debido a que la lucha contra la corrupción es una materia pendiente de parte de este gobierno.
Esto se debe al hecho, que una fracción del oficialismo, apoya a este tipo de candidatos en vez de combatirlos. Pero también cabe señalar que no tan sólo es responsable el oficialismo, sino también la oposición, debido a que en ningún discurso de campaña se los escucha hablar sobre este grave flagelo que tanto daño le hace a la sociedad. Y si de responsabilidades hablamos, en lo que hace a la Justicia, ésta es altamente responsable.
Y es que el alto tribunal que preside Daniel Leiva junto con la vocal Claudia Sbdar, hicieron lugar a un recurso de queja por casación denegada que presentó la defensa del parlamentario oficialista, encabezada por Macario Santamarina. La decisión fue notificada instantes antes de que comenzara el juicio oral contra el ex intendente tafinisto -y siete imputados más, entre ellos Sonia del Carmen Saavedra- por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
En consecuencia, la Sala III Conclusional, integrada por Gustavo Aldo Romagnoli (presidente), Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales Lezica, resolvió suspender el proceso hasta tanto la Corte se expida. Pero lo cierto es que esto último no ocurre y, hasta la fecha, nada se sabe de la reanudación del mismo, dándoles tiempo a Saavedra y a Yapura Astorga, para que pretendan obtener los fueros que tendrían en caso de ser electos.
Sin que pareciera importar en nada la corrupción o el hecho de que tanto Jorge Yapura Astorga como Sonia Saavedra representen el atraso para Tafí del Valle, más todavía: son la postergación. Ojalá que el próximo domingo los tafinistos recuerden quiénes son y el daño que hicieron y todavía ocurre por culpa de la “protección judicial” que les permite continuar siendo libres e impunes.
