La fiscala N°1, Mariana Rivadeneira, dijo que la causa contra los 27 legisladores acusados de recibir coimas en 2002 fue a su despacho únicamente para la corrección de la foliación y el cambio de carátula. Consultada sobre los nueve años de parálisis de este expediente, Rivadeneira contestó que no había ningún trámite que dependiera de ella y que jamás había intervenido como fiscala en ese caso.
El proceso penal iniciado hace 17 años para dilucidar la presunta compra de voluntades legislativas para la reforma constitucional durante el Gobierno de Julio Miranda -enmienda que finalmente se cayó- volvió al menos tres veces a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°1 de esta capital desde mayo de 2010, cuando la ex jueza Mirta Lenis de Vera (N°5) anuló el pedido de sobreseimientos de su ex titular, el fiscal fallecido Pedro Gallo. Estuvo allí entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, cuando Rivadeneira ya estaba a cargo de la unidad. Ello consta en los informes sobre el itinerario de la causa y sus responsables que emitieron la jueza Carolina Ballesteros, y los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto a propósito de un pedido de los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán Terraf(se informa por separado).
La sentencia de Lenis de Vera nunca fue notificada a las partes: Rivadeneira sostuvo ayer que esa tarea correspondía a la secretaría del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5. Y añadió que el actuario se había tomado dos años para darse cuenta de que la foliación no era correcta y que ella desconocía quién ejercía dicha función. Rivadeneira explicó por medio de un intercambio de mensajes que ese trámite administrativo podría haberlo ejecutado el actuario del juzgado para evitar dilaciones. La fiscala añadió que encontró su oficina con cinco años de atraso; que lo primero que hizo fue pedir una auditoría a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; que corrigió la foliación y la carátula apenas detectó la causa contra los 27 legisladores y que en el acto la devolvió al Juzgado N°5.
