Muchos se preguntan por qué Cristina Kirchner decidió reaparecer con una interminable carta de 33 páginas en la semana que se fue para jamás volver. Lo cierto es que el escenario judicial de Cristina Kirchner en 2024 aparece agitado. Por un lado, cabe la posibilidad de que en el primer semestre del año la Cámara de Casación confirme -o peor aún, agrave- la condena a seis años de prisión que pesa sobre la ex vicepresidenta por corrupción.
Y, por otro lado, avanza la organización de los dos juicios orales que debe enfrentar: uno por Hotesur y Los Sauces y otro por la firma del Memorándum con Irán. A diferencia de lo ocurrido durante el macrismo, es sintomático el retiro del gobierno de Javier Milei en el impulso de estos casos de corrupción, ya que entiende que no corresponde a la Oficina Anticorrupción ni a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellantes en estos casos. Los juicios solo son tarea de los fiscales y los jueces.
Este es el panorama a corto plazo, y más a largo plazo, le resta a la ex vicepresidenta enfrentar el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita donde funcionarios cobraban sobornos a empresarios para mantener sus contratos con el Estado. Según pruebas de la causa, parte de ese dinero fue llevado al departamento de Cristina Kirchner.
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la ex vicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir su pena en su casa.
En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena, que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es por el delito de fraude contra la administración pública a raíz del direccionamiento de las licitaciones de obras pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La fiscalía sostiene que la condena de seis años contra Cristina Kirchner debe agravarse porque propone que debe ser castigada no solo por fraude, sino también por el delito de asociación ilícita.
En el juicio oral, el fiscal de juicio Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión. Asimismo, el fiscal de Casación Mario Villar quiere que se condene a quienes fueron absueltos en el juicio oral; entre ellos, el ex ministro de Planificación Julio de Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. Las defensas, por otro lado, quieren revocar la condena y que se dispongan absoluciones.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán el 22 y 29 de febrero, el 7, 14 y 25 de marzo y el 4 de abril. Después, los jueces se tomarán los 20 días hábiles que prevé el Código Procesal para definir si confirman la condena a 6 años, mandar a dictar otra más grave, si la revocan o si la reducen. La revisión de la Casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba.
Luego de su fallo, sólo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional. Si la Corte deja firme el fallo, debería ejecutarse. Más allá de este caso, Cristina Kirchner debe enfrentar dos nuevos juicios orales: uno de ellos por el caso Hotesur-Los Sauces, por lavado de dinero, que está vinculado con la causa de Vialidad.
Y el otro por la firma del Pacto con Irán, que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como una manera de buscar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA. Para la realización del juicio oral por el caso del Pacto con Irán no están aún definidos los integrantes del tribunal oral que debe intervenir, ya que hubo una seguidilla de excusaciones y recusaciones que mantiene la incertidumbre sobre quiénes son los jueces que realizarán este juicio.
Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir la causa por la firma del Memorándum y sorteó a los jueces que debían intervenir. Les tocó a Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Pero Basso y Giménez Uriburu se excusaron al sostener que tenían muchos juicios en paralelo y que se les hacía imposible juzgar el caso del Pacto con Irán. La Casación revisó esas razones y las rechazó. Los dejó como jueces del caso.
En paralelo, avanzan los trámites para organizar el juicio por Hotesur y Los Sauces. Es un caso de lavado de activos donde se analiza si el dinero de las licitaciones con el que se favoreció a Báez retornó en parte al patrimonio de la ex vicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner. La Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir esta causa y dejó fuera a Florencia Kirchner. Cristina Kirchner recurrió ante la Corte esa decisión y la reapertura del caso del Pacto con Irán.
En Hotesur y Los Sauces los jueces que realizarán el juicio ya están definidos. El caso está a cargo del TOF 5. En ese tribunal están Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli. En este caso, el fiscal Diego Velasco pidió incorporar pruebas del caso de la Ruta del dinero K y del caso Vialidad. Del primero solicitó el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados.
Y la segunda prueba es del caso Vialidad y son los mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, el funcionario que filmado con los bolsos con dinero en el convento. Allí había mensajes que hablaban de un plan para limpiar evidencias. Asimismo, y sin fecha de inicio, está elevada a juicio la causa por corrupción más importante contra el kirchnerismo: el caso de los cuadernos de las coimas. Allí hay 159 imputados y la más saliente es Cristina Kirchner.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación del diario La Nación, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a los testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.
El Tribunal Oral Federal N° 7 es el encargado de determinar qué pruebas se admiten en el juicio y cuáles no. Los acusados vienen interponiendo diversos recursos de nulidad para frustrar la realización del juicio o excluir sus declaraciones como “arrepentidos” en la cuales admitieron haber efectuado pagos a los empresarios. La fiscalía se opuso en todos los casos y lo mismo resolvió el TOF.
Tal vez sea ese nerviosismo el que llevó a Cristina Kirchner a caer en las notables contradicciones económicas tan características de ella. Y es que en la semana que se esfumó para jamás retornar, la expresidenta contó una historia que los especialistas y la documentación disponible cuestionan. Para sostener su postura, mostró gráficos y datos para contradecir a quienes dicen que la inflación se debe al déficit fiscal, como señala el Gobierno y la mayoría de los analistas económicos.
Si bien dijo que se basaba en “hechos objetivos” y “datos concretos”, la expresidenta mostró información parcial para sostener su argumento y omitió datos que contradicen su exposición. La expresidenta dijo, por ejemplo, que “resulta útil recordar, a los fines de seguir derribando mitos, que durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal”. Sin embargo, esa información es errónea. Según la consultora Invecq, el Estado Nacional logró superávit fiscal entre 1991 y 1995, y entre 1997 y 1998. En tanto, solo logró superávit financiero (cuando al gasto primario se le suma el pago de los intereses de la deuda) en 1993.
La ex vicepresidenta, además, omitió información en su análisis económico, como cuando evitó mencionar que los datos estadísticos que publicó el Indec desde 2007 a 2015 estuvieron manipulados. Esto es pertinente porque, por ejemplo, en 2009, mientras la inflación que publicó el Indec fue 7,7%, las estimaciones privadas daban un índice de precios de entre 13,5% y 15,3% anual. Ese fue el último año con superávit fiscal de un gobierno kirchnerista, aunque ya había empezado a tener déficit financiero, como muestra el gráfico de arriba.
En el mismo año, además, las reservas brutas del Banco Central aumentaron en casi US$1620 millones y finalizaron en US$48.003 millones, casi el doble de las que tiene hoy la entidad (US$26.481 millones). Es decir, el país había sumado dólares, pese a que la entonces presidenta había utilizado US$6570 millones para realizar un pago de deuda. La aceleración de la inflación, por lo tanto, no se debía a una “escasez de dólares”.
En ese marco, cabe mencionar que Cristina Kirchner, asimismo, dijo que el plan de estabilización Austral, que lanzó el expresidente Raúl Alfonsín, “surtió efecto solo durante un tiempo para finalmente fracasar”, sin mencionar las causas. “Es un lugar común en el mainstream asignar como razón de ese fracaso no haber realizado las reformas estructurales que demandaba el mercado (léase: privatizaciones).
Lo cierto es que, en realidad, el proceso de hiperinflación y la caída de los planes de estabilización se produjo cuando el FMI se negó a desembolsar un tramo del préstamo con el que se debían pagar los vencimientos de bonos de deuda”, dijo la expresidenta. De esta manera, omitió mencionar que el exmandatario radical nunca logró tener superávit fiscal en sus seis años de gobierno. En otra parte de su documento, Kirchner dijo que el gobierno de Carlos Menem “decidió la desnacionalización de YPF con la venta de su acción de oro. Las cuentas no cerraban y necesitaban dólares para sostener la convertibilidad”.
No mencionó, sin embargo, que uno de los legisladores que votó a favor de la privatización de la petrolera fue Oscar Parrilli, quien fue secretario general de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y titular del servicio de inteligencia (exSIDE). La expresidenta dijo también que su marido y expresidente asumió la gestión en mayo de 2003 con un “índice de desocupación que alcanzaba el 25%”.
Sin embargo, según datos del Indec, el desempleo del primer trimestre de ese año era 20,4% y ya para el tercer trimestre había bajado a 16,3%, con apenas un mes de gestión, con lo cual el proceso de estabilización de la economía había comenzado antes. La expresidenta hizo mención varias veces a la relación de la Argentina con el FMI. Destaca que el expresidente Néstor Kirchner canceló la deuda con el organismo, lo cual es cierto, luego de pagar US$9810 millones en diciembre de 2005, cuando no había problemas de escasez de dólares.
La ex vicepresidenta no hizo mención, sin embargo, a la fuerte devaluación producida tras la salida de la convertibilidad, ni a la disparada del precio de la soja, que le permitió al país acumular reservas gracias a las exportaciones de productos agrícolas. Luego dijo que el nuevo crédito de US$57.000 millones que el gobierno de Mauricio Macri pidió al FMI y “la aplicación de sus recetas” desató nuevamente en la Argentina “un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones”.
La inflación en la Argentina, sin embargo, ya había comenzado en 2007, pese a que la manipulación de las estadísticas del Indec lo escondía. Con respecto al análisis que hizo de los últimos cuatro años de su gobierno, cuando nominó como presidente a Alberto Fernández, dijo que “no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos, en una Argentina en donde la tensión económica está indisolublemente ligada a la escasez o abundancia de dólares”.
Sin embargo, omitió señalar que fue decisión de política monetaria “pisar” el tipo de cambio y mantenerlo barato con controles de cambios, lo que derivó en la “subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones”. Asimismo, dijo que la inflación mensual de dos dígitos que tuvo el anterior gobierno en agosto y septiembre se debió que “fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias”.
Para esa altura, sin embargo, el entonces gobierno había acelerado la emisión monetaria para financiar el déficit y se había quedado sin reservas en el Banco Central. Tampoco mencionó la expresidenta las anteriores devaluaciones sectoriales que hizo el exministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, como el “dólar soja”, para recomponer parte de las reservas del Banco Central, y que también generaron inflación.
Cristina Kirchner evitó mencionar, de nuevo, el boom del precio de las commodities, que permitió a su gobierno ingresos extraordinarios tanto en recaudación de impuestos como en reservas del Banco Central. En septiembre de 2012, el precio de la tonelada de soja había llegado a US$650,74, solo superado en 2022, también durante su gestión con Alberto Fernández, cuando alcanzó los US$652, aunque el valor de la moneda estadounidense estaba más devaluado después de la pandemia. Es decir, la expresidenta se favoreció del “modelo agroexportador”.
Finalmente, en la página 25, la expresidenta se contradice cuando habla de la salida de la convertibilidad, en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. “Significó una devaluación de más del 300% y la inflación solo fue del 41% anual”, dijo. En la página 15, sin embargo, había dicho que ni bien arribó el actual gobierno “decidió realizar una devaluación del tipo de cambio de 118%, constituyendo la devaluación inducida más importante de la historia, solo superada por la que el mercado le hizo al gobierno de Alfonsín durante la híper de 1989″.
Un capítulo aparte merece los gráficos que utiliza la expresidenta. Por ejemplo, en la página 24 dice que “la mayor inversión extranjera directa va de 2003 a 2015″ y que “se explica por la aplicación de un patrón de acumulación basado en la producción industrial, generación de valor de agregado y desarrollo de un fuerte mercado interno a través de altos salarios, sin venta de patrimonio estatal, con recuperación de empresas”.
Sin embargo, la expresidenta omite hablar del control de cambios, que impidió a las empresas girar dividendos al exterior o que los pequeños ahorristas compren dólares en el mercado oficial. En definitiva, ahora es entendible cómo pudo ser posible el cinismo de Cristina Kirchner en esta semana que ese fue para jamás volver para terminar hablando después de estar condenada y tras haber manejado el peor gobierno de la historia argentina.
