El Gobierno anuncio ayer domingo un paquete de medidas que podría tener un costo fiscal en torno a los $490.000 millones. Se trata de la batería de beneficios que anunció de manera irresponsable Sergio Massa para intentar aliviar los bolsillos de unas 15 millones de personas, en particular los sectores de menores ingresos, antes de las elecciones presidenciales de octubre.
En ese marco, cabe mencionar que el combo apunta a calmar la situación de “inestabilidad” que el propio ministro de Economía y candidato reconoció en los últimos días. Y es que el salto del precio del dólar de un 22% el día después de la derrota del oficialismo en las PASO aceleró la inflación, y la semana pasada se sumaron saqueos y robos en varias provincias y el conurbano bonaerense.
Pero a la vez, también es cierto que el Gobierno buscó minimizar su impacto, mirando las cuentas fiscales. Por un lado, definió que los aumentos sean a través de bonos y sumas fijas por un plazo no mayor a los tres meses, lo que implica que el gasto es temporal. Y, por otro, puso topes en los ingresos, de modo que las subas solo alcancen a las categorías más bajas de jubilaciones o salarios.
Así, la suma fija de $30.000 que percibirán los trabajadores de la administración pública en septiembre y octubre con sueldos de hasta $400.000 netos representará nada menos que una erogación de $3.000 millones por ese lapso. Y los $37.000 para 3,2 millones de jubilados y pensionados de la mínima en septiembre, octubre y noviembre, significarán más de $350.000 millones.
Lo cierto es que, en definitiva, los paliativos, como es el caso de la suma fija, son por única vez, el costo fiscal se concentra en los meses de septiembre y también de octubre, pero no es permanente. Otro patrón es que hay topes, no es para todos. Había que concentrar el esfuerzo fiscal ahora para compensar el shock inflacionario tras la devaluación, pero que no se extienda en el tiempo.
El refuerzo en la tarjeta Alimentar en octubre y septiembre de entre $17.000 y $23.000 -que alcanzará a 2,4 millones de titulares de la AUH- sumará a la cuenta $110.000 millones. Y los $10.000 que cobrarán los 1,3 millones de titulares del programa Argentina Trabaja en esos dos meses, implicará una partida de $26.000 millones. Una de las preocupaciones de Massa es que siga cayendo la actividad.
En el mes de junio, registró la cuarta caída al hilo y acumula una baja de 1,8% en el año. Entre otros motivos, por las restricciones a las importaciones ante la escasez de dólares. “Decidimos tomar medidas para minimizar el impacto de la devaluación y que no caiga la actividad”, explicaron cerca del ministro. El Gobierno nacional sabe, no obstante, que camina sobre un tembladeral.
Las consultoras esperan una inflación anual de hasta el 170% anual con una pobreza ya en torno al 38%, y el Fondo exige reducir el déficit primario al 1,9% del PBI. “Nada de esto va a ser para comprar bonos del tesoro de EE.UU., vuelve a actividad”, agregaron en el Ministerio de Economía. ¿Cómo se va a financiar el nuevo gasto? No está claro. El costo fiscal suma 0,5 puntos del PBI, por lo que el déficit primario sumará en octubre 1,8% del PBI, al filo de la meta comprometida para 2023.
A menos que el Gobierno, compense el gasto extra con una suba de impuestos o recortes en otras áreas. De hecho, se bajarán subsidios con un aumento de tarifas. No hay margen para aumentar el déficit que ya de por sí superará a la meta acordada con el FMI, la cual sigue sin modificarse. Por otro lado, se atacan las consecuencias, pero no hay planteos respecto a cómo se va a combatir una inflación ya en dos dígitos mensuales.
