Opinión:
Al día siguiente del anuncio de que el Gobierno prohibiría las exportaciones de carne por 30 días, Martín Trombetta, uno de los economistas del Centro de Estudios para la Producción, que depende del ministerio que conduce Matías Kulfas, sorprendió con un tuit. “Pocas veces en mi vida vi tanto consenso entre colegas, como hay ahora, en que prohibir exportaciones de carne es una mala idea. O es una de esas jugadas maestras que nadie más ve, y pasan a la historia, o es un tiro en el pie de un calibre pocas veces visto. Ojalá sea lo primero”, publicó.
Es bastante improbable que Trombetta estuviera pensando en una jugada maestra. De hecho, el mensaje de todo el equipo económico fue siempre el opuesto: la Argentina saldrá de esta crisis exportando. Su posteo no expresaba en realidad solo su punto de vista, sino el de casi todo el gabinete, donde dan por sentado que el Presidente tomó la decisión en soledad, pero después de haber recibido instrucciones de Cristina Kirchner. Leandro Mora Alfonsín, director nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, dependencia de la misma cartera, le sumó un like al tuit. Y ningún ministro defendió la medida. A Kulfas le llevó 24 horas referirse a la cuestión y, cuando lo hizo, advirtió que tal vez todo podría revocarse antes de tiempo si bajaban los precios.
Si el nuevo cierre sorprendió a los ministros, mucho más al sector agropecuario, desde cuyas bases empezaron a presionar a los dirigentes para tomar medidas de fuerza, incluso más amplias que el paro de venta de hacienda en pie que termina el viernes. Fue el malhumor de esos productores lo que terminó también de convencer a la Mesa de Enlace de que no tenía sentido pedir, como habían analizado en un principio, una reunión con el ministro del área, Luis Basterra. ¿Qué resultado, más que ahondar el malestar del campo, tendría sentarse con el funcionario si, después de todo, ni siquiera serviría hacerlo con el propio Alberto Fernández? Si hay algo que ha aprendido el mundo de los negocios durante este año y medio es que el poder está en el Instituto Patria. El campo vuelve además a advertir en el conflicto un viejo ardid kirchnerista: el Gobierno intenta negociar por separado con los frigoríficos grandes y deja afuera al resto del sector. Por eso en la Mesa de Enlace molestó la convocatoria que Kulfas le hizo ayer a Dardo Chiesa, uno de los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, para hablar del tema. “¿Qué tiene que negociar el Consejo sobre vacas que son nuestras?”, se quejó uno de los cuatro líderes rurales.
Como el gabinete, los productores ven la impronta de Cristina Kirchner. Dicen que empezaron a intuir cómo venía 2021 a fines del año pasado, durante el acto que encabezó la expresidenta el 18 de diciembre en La Plata, la tarde en que hizo explícitos el rumbo y los instrumentos que pretendía. Ese discurso, un punto de inflexión en la mecánica interna del Frente de Todos, les da ahora sentido a varios de los últimos movimientos del Gobierno. A la continuidad del subsecretario Basualdo, por ejemplo. La jefa no solo pidió ahí alinear precios, salarios y tarifas, sino que se jactó de una lógica distinta de la de quienes ahora rechazan cerrar exportaciones o, como Guzmán, proponen bajar subsidios y déficit. “La Argentina es ese lugar donde mueren todas las teorías económicas”, empezó, y les agradeció a Kicillof y a su ministro Augusto Costa haber defendido durante su gobierno los registros de operaciones de exportación (ROE). “Todavía Axel y Augusto tienen causas penales por los ROE. Cuidábamos la mesa de los argentinos con medidas que a los poderosos les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas”, celebró. Después se despidió con su propuesta más recordada: los funcionarios que tengan miedo o no se animen, dijo, “vayan a buscar otro laburo”. Los ministros tienen desde entonces esa hoja de ruta. “¿Por qué le exigen a Guzmán cosas que ni siquiera resuelve el Presidente?”, se preguntó ante este diario un interlocutor del jefe del Palacio de Hacienda.
No debería entonces sorprender que la senda económica lleve a un pasado que la vicepresidenta reivindica. Que Kicillof haya llegado a gobernador, agregó ella ese día, es un aval a la gestión de aquellos años. Y eso incluye la creación de registros para exportar carne, que se instrumentaron desde enero de 2006 y consiguieron contener por un tiempo el precio al consumidor. Según un trabajo elaborado por la Sociedad Rural Argentina, esos valores prácticamente no variaron durante un año y medio, hasta septiembre de 2007. Hubo un aumento seis meses después, en mayo de 2008, en la crisis agropecuaria, pero volvió cierta estabilidad hasta principios de 2010, momento a partir del cual, por la caída en la oferta que provocaba la propia medida, el precio se disparó 54% en cinco meses. Nada nuevo: como con la energía o las reservas del Banco Central, la Argentina se había consumido otro stock y empezaban las consecuencias.
Golpeado por la crisis, el Gobierno va en busca de un respiro similar al de entonces. Lo considera insoslayable en un año electoral que, además, deberá contar con la unidad del Frente de Todos. Dicen en el Instituto Patria que Cristina Kirchner ya dio la orden de postergar toda interna para después de noviembre. Y que el prospecto incluye la unción de candidatos adecuados. Por eso vuelven a entusiasmarse con Scioli para la provincia de Buenos Aires: razonan que, en la lógica de la expresidenta, y a diferencia de Massa e incluso Alberto Fernández, al ahora embajador en Brasil no se le conoce una sola traición. Ese optimismo también da por sentada la aceptación de Massa, a quien le recuerdan desconfianza hacia Scioli desde el episodio del prefecto en su casa en Tigre en 2013. Las crónicas de ese año indican que, el 7 de agosto, el entonces gobernador se cruzó en un canal de televisión con Malena Galmarini. “¿Cómo estás, Male?”, la saludó. “Con vos, para el orto. ¿Cómo voy a estar, pedazo de forro?”, le contestó. Habrá que cambiar al menos la retórica. No será la primera vez.
Estos objetivos de corto plazo tienen, de todos modos, una contraindicación: los efectos del día después, algo que suele interesar menos a la dirigencia política que a quienes la sostienen con sus impuestos. El más obvio con la carne: la dificultad de recuperar un destino de exportación que el propio país ha clausurado voluntariamente. “Hace tres años que trabajo para abrir este mercado. ¿Qué hago ahora?”, protestó esta semana en confianza un embajador argentino en Asia.
La batalla vuelve a ser contra lo inevitable en economía. Después de aquella decisión de 2006, en solo tres años (2008-2011), la Argentina perdió 10 millones de cabezas de ganado. Logró recuperarlas en 2018, una década después, lapso durante el que cerraron 135 frigoríficos, abandonaron la actividad 27.000 productores y quedaron en la calle 18.000 trabajadores. Es una lección demasiado cercana para un país que no crea empleo privado neto desde 2007 ni empresas desde 2011. Según un reciente relevamiento de la Unión Industrial Argentina, solo el 20% de los empleadores espera tomar personal en estos meses, pero el 32% cree que subirá las horas de trabajo. Esas curvas, idénticas desde hacía cinco años, se bifurcan ahora por primera vez. Conclusión: prefieren pagar más horas extras antes que incorporar empleados.
¿Quiere el Gobierno realmente generar trabajo? ¿Por qué vuelve sobre medidas que, como tuitean y piensan sus propios funcionarios, “son una mala idea”? La única respuesta posible son las elecciones. Las jugadas maestras, si existen, parten en todo caso de iluminados con visión de futuro; nunca de quienes hurgan en su propio pasado para encontrar un fracaso, repetirlo y festejarlo.
