El discurso en favor de las garantías procesales iniciado en los años setenta del siglo pasado en un escenario de violaciones de derechos humanos en los países latinoamericanos, hoy ve con creces como ser victimario paga. El delincuente sabe que está frente a dos posibles escenarios, el primero delinquir y hacerse al botín propuesto, y el segundo fracasar en el intento para recibir el amparo del Estado y su protección, aún por sobre los derechos de las víctimas.
Entonces, dicen las madres a sus hijos: “Déjese atrapar, pero lo importante es que no lo hieran”, y la regla en este País de leyes, de abogados, de jueces y de defensores de derechos humanos de delincuentes es desconocer el derecho a defender la vida y los bienes propios en garantía y amparo de los derechos procesales y derechos fundamentales de los victimarios. Como quien dice, el mundo al revés.
En la sociedad argentina los criminales quedan libres no por ser inocentes, sino porque la Justicia nacional y provincial son ineptas para juzgarlos dados los llamados tecnicismos judiciales. La impunidad está a la puerta, y golpea. Los abogados y defensores de derechos humanos de los criminales, a quienes hacen pasar por víctimas del Sistema se han vuelto expertos en tecnicismos.
Y las autoridades piensan primero en sí mismos y en sus familias, por lo tanto, el delincuente siempre gana y sabe que el sistema le favorece. En el momento en que la pandemia apretaba más fuerte y todos teníamos que estar encerrados en nuestras casas y los chicos no iban al colegio, la Justicia liberaba a un montón de presos que tenían que cumplir una prisión domiciliaria que, en muchos casos, vimos que no se cumplía.
Esto es parte también de las diferencias no sólo políticas sino también morales que hay con la Justicia a nivel nacional, pero, sobre todo, provincial. En ese mensaje, el Poder Judicial termina siendo cómplice indirecto de los delincuentes y asesinos a causa de su indelegable responsabilidad de administrar penas y castigos para con los delincuentes. En lugar de eso, tiene responsabilidad directa en cada muerte cometida de parte de los malhechores.
Y es que hay un mensaje muy claro desde el Poder Judicial local acerca de que está más cerca de la delincuencia que de la gente común. En ese sentido, en las últimas horas se conoció la información acerca de que el acusado por el crimen del cadete fue detenido por un asesinato en 2021, pero había sido liberado por la Justicia. De esta manera, queda claro que el Poder Judicial se burla de la gente.
Horas después del asalto (el viernes), se informó que un sospechoso había sido detenido en San Cayetano. Su nombre es Cristian Emanuel González, quizá ignoto para la mayoría de la sociedad y los cadetes, pero no para la Justicia. Este joven de 25 años tiene un frondoso prontuario, pero, sin embargo, siempre logró la libertad al poco tiempo de ser detenido. Entonces, ¿Cómo puede ser eso posible?
A todo esto, resulta que lo más grave es que sus antecedentes no son “livianos”. Esto se debe al hecho de que el asesino del cadete ya fue sentenciado y pudo atravesar las condenas en libertad. Sin embargo, hay un dato que deja al descubierto la total impunidad reinante en la provincia propiciada por parte de la Justicia: Cristian González fue apresado en 2021 por un asesinato y logró la libertad a los pocos meses.
Y es que, durante el transcurso del mes de mayo del año pasado, el acusado de ser el asesino de Willy Sahada fue detenido por otro crimen, justamente, el de Franco Chaile, a quien habría ultimado con un arma blanca tras una discusión en el barrio Ex Aeropuerto, en la zona de San Cayetano. Pero el 26 de agosto de ese mismo año (2021) la Justicia ordenó la liberación de Cristian González.
Si bien este último hecho genera indignación, es importante recorrer los antecedentes del acusado para saber qué tipo de conducta tenía y el riesgo que implicaba para la sociedad:
En 2014 es acusado de robo en la Banda del Río Salí. En agosto del mismo año se pide traslado a Villa Urquiza, pero la Cámara Penal dispone en octubre del 2015 el cese de la prisión preventiva, mediante acuerdo se lo condena a pena de tres años a ejecución condicional.
En 2017 fue detenido por tenencia de armas de fuego. El juzgado ordena la libertad.
Antes, en 2013, fue detenido robo agravado. Piden el alojamiento en Villa Urquiza.
En 2019, fue detenido por un arrebato. Disponen la inmediata libertad.
En diciembre de 2020 fue detenido por una contravención.
A continuación, los antecedentes del acusado.
