La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y su ex intendente, Germán Alfaro, fueron noticia una vez más. Esta vez, por el cese del contrato de 1.700 empleados municipales que dispuso la nueva intendenta Rossana Chahla. Según las autoridades de la nueva gestión, estos empleados fueron nombrados en planta permanente en un periodo de cinco meses o menos antes del recambio de gestión en condiciones de irregularidad. “Se ha encontrado a muchas personas con antigüedad de seis o siete años sin foja de servicio, que no prestan servicios en el municipio”, declaró hace un tiempo el contador general municipal, Marcelo Albaca.
Sin embargo, estos 1.700 empleados designados en la Municipalidad que no prestaban servicio son parte de un entramado más grande de designaciones y contrataciones irregulares que Alfaro realizó bajo su gestión. Resulta que el ex intendente utilizó las arcas municipales, las cuales se abastecen de los impuestos de los ciudadanos, para pagarles a sus militantes, simpatizantes y allegados.
En junio de 2023 la gestión alfarista contaba con una nómina de 12.123 empleados en total. Para sorpresa de muchos, un total de 5.725 empleados tienen residencia en el interior de la provincia. En muchos casos, estas personas residían en localidades que les imposibilitaba prestar servicios en San Miguel de Tucumán. Así, Alfaro pagaba mensualmente a personas que vivían en El Chañar, Burruyacú, Alderetes, Famaillá, Monteros e incluso Aguilares y San Pedro de Colalao, localidades ubicadas a más de 80 kilómetros de la Municipalidad capitalina.
Los números llaman la atención por su magnitud. Los empleados municipales que residían en el interior representaban el 47% de todos los empleados municipales, es decir, casi la mitad. Las principales sospechas surgen al analizar el domicilio de los empleados y su distancia con la Municipalidad de la capital, en donde deberían prestar servicios. En muchos casos, viajar desde su domicilio hasta la municipalidad es una tarea imposible: deberían recorrer hasta 100 kilómetros por día para llegar a sus puestos de trabajo.
A pesar del carácter escandaloso de estas designaciones, algunos concejales alfaristas actuales insisten en la legalidad de estas designaciones. “No son ñoquis”, declaró el concejal Carlos Ale en entrevistas mediáticas. Según trascendió en distintos medios de comunicación, como Contexto Tucumán, desde el sector alfarista orquestaron una protesta en las puertas de la Municipalidad que se realizó el lunes pasado. La consigna principal, “no somos ñoquis”, habría sido planeada por los dirigentes alfaristas. Entre ellos, estuvieron presentes el concejal Ale y Ana Gonzáles, ambos exfuncionarios de la gestión municipal pasada.
Contrastada con la planta municipal que recibió Germán Alfaro, de tan solo 5.300 empleados, el crecimiento de los empleados municipales es notable. Este crecimiento durante sus 8 años de gestión levanta sospechas acerca de la razón de estas contrataciones. Este elemento combinado con las miles de designaciones de personas del interior apuntan a que Germán Alfaro habría utilizado la estructura municipal para contener a sus militantes y preparar su frustrada candidatura a gobernador de Tucumán. Desde junio hasta octubre, el exintendente puso en marcha una serie de designaciones en planta permanente para minar las arcas municipales y comprometer a la futura gestión. De esta forma, los 1.700 empleados que fueron despedidos por la gestión actual habrían salido de esta serie de designaciones realizadas a contrarreloj y a tan solo unos meses antes del recambio institucional. Hoy, Rossana Chahla recibe esta Municipalidad explotada y se encuentra en el desafío de discernir quiénes son empleados municipales legítimos y con funciones reales y quiénes no.
