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La nueva ministra de Seguridad canceló el Servicio Cívico Voluntario

Sabina Frederic además decidió dejar sin efecto, el protocolo de uso de armas de fuego, al igual que el de las pistolas Taser, y el control de DNI en trenes.

Ministra de Seguridad Sabina Frederic
Acceso a la Justicia

Hay más cambios tras la asunción en el poder de Alberto Fernández y su gabinete y esta vez fueron en materia de seguridad. La ministra de ese área, Sabina Frederic, tomó la decisión de derogar el protocolo para el uso de armas de fuego para las fuerzas federales, dar de baja el reglamento para el uso de pistolas eléctricas Taser, el pedido de DNI en estaciones de trenes y el Servicio Cívico Voluntario.

Los cambios en contra de las medidas dispuestas por Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri, se dieron a conocer por medio de la Resolución 1231/2019 publicada en el Boletín Oficial.

Asistencia Pública

Un par de días atrás, la ministra había anticipado que derogaría los protocolos que le permitían a las fuerzas disparar contra sospechosos en fuga, e incluso sin dar la voz de alto. “Este protocolo es uno de los que seguramente se derogará porque es de un abuso intolerable”, expresó en diálogo con Página 12.

Cumplimos

Con respecto al “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, se indicó que se lo elimina ya que “excede los criterios impuestos (por la ONU) y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.

Planta Asfáltica

Además, en las consideraciones, advierten que “la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir”.

Por otro lado, en la resolución también se explica que se dejará de pedir DNI en trenes ya que la medida “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”.

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Considera también que “contradice los estándares de seguridad democrática y, también, los estándares internacionales de Derechos Humanos, que impiden la detención de personas cuando no haya sospechas fundadas de la comisión de un delito”.

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