El espionaje político de alto nivel con terminales en el kirchnerismo, puesto al descubierto por la Justicia, reveló además un hallazgo inesperado: la principal base de datos que consultaba el espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, considerada irregular porque contenía datos íntimos de los espiados, era una fuente habitual de consulta de la Policía Federal y sus conclusiones alimentaron decenas de expedientes judiciales, dijeron a LA NACION altas fuentes de la fuerza.
Además de realizar cámaras ocultas, seguimientos y consultar fuentes propias, Zanchetta se valía de los servicios de la empresa Sudaméricadata. Se trata de una firma constituida el 24 de noviembre de 2020, está instalada en San Miguel y sus gerentes son el ingeniero Mario Fernando Ares de 63 años y Silvia Gladys Duarte, psicopedagoga.
La empresa fue clausurada por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Gerardo Pollicita porque cuando le pidieron información sobre las personas consultadas por Zanchetta, la firma envió información errónea, supuestamente para despistar a los investigadores e impedir identificar a los espiados.
Esta empresa brinda información patrimonial, como cualquier base de datos comercial, pero además datos íntimos de las personas, como su número de celular privado, el monto exacto de lo que ganan cada mes, dónde viven hasta con fotos de la casa, los números de patente, chasis y de motos de sus vehículos. Esta información no está disponible en el mercado en las empresas habituales.
No obstante, entre los clientes de Sudamericadata se encuentra por ejemplo la Policía Federal, que hace consultas y paga por ellas. Esos datos se colocan en los sumarios policiales, que terminan siendo la base las investigaciones judiciales: “Decenas de elevaciones a juicio se sustentaron en estos informes que usa la policía, hace centenares de sentencias que contienen datos de la empresa. El Estado, nosotros no podemos manejar esa información y sí los privados. Y encima tenemos que hacer licitaciones y pagarles”, se indignó un alto jefe policial en diálogo con LA NACION.
Según la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Bases de Datos, Sudamericadata no se encuentra inscripta en ese registro.
Para hacer sus informes Zancheta se nutría de fuentes legales abiertas, de otras de acceso restringido para fuerzas de seguridad con una clave y de otras bases desconocidas e ilegales. Por ejemplo, obtuvo información de bancos de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (entradas y salidas del país y vehículos de los investigados) para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.
Pero también accedió ilegítimamente a dos bases de datos desconocidas para el Estado: una “Base Nacional de Antecedentes”, con la que Zanchetta tenía acceso a información sobre los antecedentes de las personas, datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares o pedidos de captura de Interpol. Y a la llamada “Base Nacional de Telefonía Móvil”, mediante la cual accedía a los números de celulares, domicilio y titularidad de las líneas de los “objetivos”. El Registro Nacional de Base de Datos informó a la Justicia que desconocía su existencia.
Entre 2016 y 2023 Zanchetta realizó más de 12.000 consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales. Así obtuvo información sobre miles de personas, incluyendo domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, laboral y crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria.
Sudamericadata, según escribió en su dictamen el fiscal Pollicita, era una de estas fuentes.
Los responsables de Sudamericadata Group no respondieron correctamente los requerimientos formulados en esta causa, ocultaron y alteraron datos obrantes en su poder y que, además, la base de datos de dicha compañía no se adecua a la normativa vigente y obtiene datos que provienen de fuentes desconocidas”, escribió Policita y asi fundamentó que la allanaran y clausuraran.
La justicia evaluó pedir la detención de Ares, al considerar que con la información errónea brindada supuestamente intentó perjudicar la investigación, pero esa idea fue dejada de lado por el momento, hasta profundizar la pesquisa.
Según fuentes judiciales habría algún grado de conocimiento entre Zanchetta y Ares y que se habría desempeñado en la AFIP años atrás hasta que fue desvinculado. La información no pudo ser corroborada por la AFIP en lo inmediato.
De Sudaméricadata, Zanchetta obtuvo informes sobre la ministra Victoria Tolosa Paz, que le habían encargado el subdirector de la AFIP y expresidente de Télam Fabián “Conu” Rodríguez. En esos informes hallados en la computadora del acusado, sistematizó la información sobre Tolosa Paz, “que incluía la reunión de antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, facturación promedio según balances de ella y de una sociedad vinculada a ella, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel -de la que recolectaba características y una foto satelital”, escribió Pollicita.
El informe acompaña capturas respecto de los vehículos registrados a nombre de la ministra, con detalle de dominio y fecha exacta de adquisición y una captura de pantalla de una consulta de titularidad de dominio de un inmueble registrado a nombre de su esposo, Enrique Albistur, dueño del departamento de Puerto Madero donde vivió Alberto Fernández hasta ser presidente con imágenes satelitales. Más adelante, se incluyen datos acerca del presunto testaferro de Albistur, la sociedad en la que se desempeña como Director y un inmueble bajo su titularidad en Miami, EEUU y foto del empresario saludando desde la cubierta de un yate.
Estos datos fueron luego publicados por Zanchetta en el sitio Enclave. Y cobró pór ellos, en pagos gestionados por Rodríguez a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que concedía el Ministerio de Comunicación Pública. Rodríguez fue subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de ser funcionario público en la AFIP. Zanchetta agradeció a Rodriguez la especial atención de “Agostina”, quien le gestionó al pago.
Otro de los datos obtenidos por Zanchetta de Sudamericadata es el de los sueldos de la jueces de la Cámara de Casación que el kirchnerismo tenía en la mira. Los consultó (no están disponible esa información las bases de datos comerciales) y los publicó en Enclave, el sitio web destinado a estas operaciones y financiado por Rodríguez.
Fue hallado en la notebook Toshiba de Zanchetta un archivo de Word, que con la nota “Justicia pornográfica: los jugosos y millonarios sueldos de los jueces macristas de Comodoro Py”, que fue publicada, con mínimas correcciones de estilo, en el sitio Enclave.ar33 que revela los sueldos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ricardo Bustos Fierro. Esa información fue obtenida por Zanchetta el 8 de septiembre de 2022 a través Sudamericadata, pero disimuló el origen con un collage con la plantilla de Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud de la ANSES.
