Durante el primer semestre de este año, las empresas públicas perdieron US$2451 millones, a razón de casi US$14 millones por día. Para mantenerlas en funcionamiento y cubrir sus gastos el Tesoro les gira recursos multimillonarios: en esos seis meses, por caso, les transfirió poco más de un billón de pesos, un monto 147% más alto que en el mismo período de 2022. Es decir, más del doble.
En tiempo de crisis y de enormes carencias sociales, y en medio de una campaña electoral en la que se debatió sobre el gasto público, las suculentas transferencias que reciben las 33 empresas no financieras del Estado no están exentas de polémica. No es para menos: a manera de comparación, durante los seis primeros meses del año se les giró más dinero que a todos los programas de promoción y asistencia social que el presupuesto le destina a los más vulnerables ($832.800 millones según el Ministerio de Economía). También les ganó, y por varios cuerpos, a lo que el Estado gastó en materia de Salud ($480.124 millones) y Educación ($982.264 millones).
¿Debe el Estado financiar el rojo de las empresas públicas? Patricia Bullrich y Javier Milei coinciden en que no. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio propone someterlas a una estricta supervisión profesional para que reduzcan su déficit y se tornen autosuficientes, sin sustraerles su carácter público. El libertario Milei, más drástico, postula lisa y llanamente su privatización.
En las antípodas, el candidato oficialista Sergio Massa es un abanderado de las empresas públicas. Es más, hasta podría decirse que son su predilección, a punto tal que las protege con suculentas transferencias que superan ampliamente la inflación. Lo demuestran las cifras que publicó el propio Ministerio de Hacienda en su último informe sobre la ejecución del gasto de las 33 empresas públicas no financieras: allí consta que en los primeros seis meses del año pasado este sector recibió del Tesoro $404.278 millones; al año siguiente, en el mismo período, se le giró $1.001.967,4 millones, es decir, un 147,8% de suba interanual. Más que la inflación acumulada en esos doce meses (115,6%).
¿Cuánto dinero demandarán las empresas públicas en todo este año? En el proyecto de ley de presupuesto 2024 que envió al Congreso, Massa anticipa que en total insumirán 2,3 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial de hoy, esto equivaldría a unos US$6301,3 millones.
Massa no se sonroja, por el contrario. Es más, en el proyecto de presupuesto 2024 propone crear una nueva empresa estatal, en este caso para gestionar las represas del Comahue, hoy en manos de prestadores privados. Las concesiones que se otorgaron hace 30 años vencen en diciembre próximo y el oficialismo no parece dispuesto a renovarlas sino que pretende retomar el control de la gestión. Las provincias patagónicas ya pusieron el grito en el cielo y reclaman formar parte. No es para menos: la energía hidroeléctrica representa entre un 10% y 15% de la matriz energética del país.
Radiografía de las empresas públicas
Según el informe publicado por la cartera de Hacienda, las empresas con mayor déficit operativo (es decir que los ingresos que generan por su operación no alcanzan para cubrir los gastos) son, en este orden, Enarsa, Operadora Ferroviaria (OFSE), Aerolíneas Argentinas y AySA. Aun así, algunas de ellas sumaron nuevos empleados, como Aerolíneas.
La empresa Enarsa fue la que más transferencias corrientes recibió en estos primeros seis meses para cubrir su déficit operativo: $507.000 millones, el 70% de sus ingresos. Su volumen de ventas (básicamente por la comercialización de gas) apenas superó los $221,4 mil millones. ¿Adónde van esas transferencias corrientes? Básicamente a cubrir los gastos de operación de la firma, ya que por cuerda separada corrieron las partidas para financiar la obra del gasoducto Néstor Kirchner ($197.800 millones).
Le sigue en el podio la Operadora Ferroviaria (OFSE). Dos factores explican su rojo fiscal: las tarifas subsidiadas de los trenes y un plantel de personal elefantiásico. En efecto, con una dotación de 23.855 empleados (la más grande de todas las empresas públicas), recibió transferencias corrientes por $137.888 millones, en buena parte para cubrir salarios.
Aerolíneas Argentinas, una suerte de emblema de las empresas públicas, registró el primer semestre pérdidas por $73.420 millones en virtud de sus gastos operativos, que no logran ser compensados por los ingresos que percibe con la venta de pasajes. Aun así, aumentó en 528 nuevos empleados su dotación de personal.
El Correo Argentino es, después de OFSE, la empresa con más empleados públicos: 17.150 personas, que le demandaron unos $53.000 millones en salarios durante el primer semestre, aunque la firma logró incrementar el volumen de sus ventas según destaca el informe oficial. No es el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio: tiene 2179 empleados, sólo produce ventas por $1052 millones y le costó al Estado $11.544 millones en estos primeros seis meses. Casi en su totalidad, para pagar sueldos.
