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LAS INSTITUCIONES DE TUCUMAN ESTAN PODRIDAS

La situación institucional en la provincia atraviesa su peor momento, inacción, impunidad, corrupción, un cóctel muy peligroso para estos tiempos

Cuando se pensaba que la crisis institucional que atraviesa Tucumán no podía empeorar, el crimen contra Abigaíl, de apenas 9 años, vino a echar luz sobre un panorama bastante oscuro para nuestra provincia. En ese marco, sobresale por su ineficacia y mediocridad, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, quien quedará marcado sin dudas por dos hechos que conmovieron a la sociedad tucumana, al tiempo que tuvieron repercusión nacional.

La primera vez tuvo lugar cuando a Luis Espinoza le quitó la vida sus propios oficiales de la Policía. Estos efectivos, actuaron en plena democracia como si se tratara de una dictadura y a este hombre lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron. No conforme con ello, quisieron hacer desaparecer su cuerpo por medio de un traslado a la provincia de Catamarca para posteriormente arrojarlo al vació esperando ocultar para siempre el crimen.

Luego, el caso de una pequeña que desapareció a plena luz del día por un degenerado, que cargaba con una docena de causas por robo. Y es que fue tan ineficiente Maley que un grupo de vecinos y un par de baqueanos pudieron lograr lo que su administración no pudo, es decir, encontrar al sospechoso. Pero, además, ni siquiera pudieron impedir que estas personas asesinaran a quien debía rendir cuentas ante la Justicia.

Pero además de Claudio Maley, las demás autoridades de seguridad de la provincia permanecen ausentes. La gravedad de lo ocurrido en el caso de Abigaíl es que se han producido muertes que debieron de ser evitadas. Y es que el presunto asesino de la pequeña era un presidiario puesto en libertad tres días antes que perpetrara el supuesto hecho, esto, a pesar de contar con un frondoso prontuario en su contra.

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Pero fue la mismísima Justicia de la provincia la que le otorgó la libertad bajo fianza. Un Poder Judicial que brinda impunidad en lugar de justicia. Que son más que responsables de que la gente que mató a José “Culón” Guaymas se convirtieran en asesinos y no en justicieros. Y es que la gente está harta también de un gobierno totalmente ausente en materia de seguridad en un año que ha sido récord la cantidad de asesinatos y robos que se produjeron.

Un Gobierno protegido, justamente, por “jueces y fiscales” que se convierten en ángeles de la guarda para los políticos. Ya en su momento quedaron en la mira los magistrados cuando la opinión pública tomó conocimiento de que el posible asesino de la empresaria Ana Dominé, un tal “Hormiga”, también había sido liberado a pesar de que estaba acusado de haber cometido un par de asesinatos en ocasión de robo.

Mientras que en el caso de “Culón”, hasta el momento se desconoce el nombre del juez que lo liberó. Esto significa que la propia Justicia lo tiene “escondido o protegido”. A estos jueces nadie los acusa ni los amenaza con la posibilidad de iniciarles un juicio político a pesar de haber liberado a asesinos que luego mataron a gente inocente, incluida una niña. Sin embargo, en el caso de la Legislatura, parecen tener distinta vara sus integrantes.

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Es justamente lo que pasó con el caso Pedicone – Leiva, cuando el vicegobernador y titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, salió a exigirle a la Corte Suprema que le informe el nombre de los presos que había dejado en libertad el camarista Enrique Pedicone. Sin embargo, hasta el momento ningún legislador salió a pedir informes acerca de quién es el juez que libero a Guaymas, quien fue el principal sospechoso de violar y matar a Abigaíl.

Él encontró la muerte a manos de vecinos furiosos. Pero lo que no haya un fin es el descaro de la Cámara legislativa cuando, por ejemplo, el defensor del pueblo, Fernando Juri Debo, pidió informes a la Corte Suprema sobre los presos liberados por Pedicone. Sobre el caso Abigaíl, guarda un claro silencio. ¿Por qué? Porque no puede apuntar a magistrados que son amigos del poder y están siempre prestos a darle una mano.

En este marco, está claro que la situación de las instituciones de la provincia es repugnante. Y es que favor con favor se paga y la Corte Suprema forma parte de esta maraña de podredumbre cuando ostenta una clara y contundente inacción respecto de la totalidad de las causas de funcionarios corruptos que permanecen cajoneados. No obstante, los vocales mantienen complacencia para dejar libres a los delincuentes y asesinos.

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En esa línea, no le pierde pisada la Legislatura y su claro interés de realizar una defensa corporativa, cuando de salvar a uno de ellos se trata. Es allí cuando accionan rápidamente para salvarse entre ellos en otra muestra de accionar faccioso. Sin embargo, mantienen indiferencia cuando se trata de accionar en favor de la comunidad. Pero el ejemplo primero viene de arriba, y en eso se destaca la posición del gobernador.

Y es que ¿Cómo se entiende que cubra y sostenga en su cargo a alguien tan ineficiente como Claudio Maley? Nuevamente, por razones espurias que sólo él conoce. Esta realidad no hace más que dejar en claro que a esto sólo puede enfrentarlo la sociedad en su conjunto y unida para resetear a las instituciones y a los poderes de la República antes de que la situación llegue a un punto en el que se cumpla aquello de que “Cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento”.