La Legislatura de Tucumán replicará la decisión de las autoridades del Congreso de la Nación de “congelar” los posibles aumentos en las dietas durante los próximos seis meses, en una suerte de “guiño” a las políticas de “austeridad” y “solidaridad” impulsadas por la gestión de Alberto Fernández.
El presidente subrogante de la Cámara provincial, Regino Néstor Amado, le confirmó a LA GACETA que por instrucciones del vicegobernador Osvaldo Jaldo -en uso de licencia por vacaciones- firmará el jueves 2 de enero la resolución que paralizará los haberes de los representantes del pueblo.
“Vamos a conversarlo con todos los bloques políticos. Pero, al ver que varios legisladores de la oposición ya se habían expresado en ese sentido de manera pública, el presidente de la Legislatura transmitió esa decisión”, remarcó el oficialista.
En concreto, el bloque de Fuerza Republicana (FR), que lidera Ricardo Bussi, había presentado un proyecto de ley con ese objetivo el viernes, que fue el último día hábil del año en el Poder Legislativo. Además, el referente de Libres del Sur (LDS), Federico Masso, y el oficialista Dante Loza se habían manifestado a favor de imitar en Tucumán lo resuelto por el Congreso de la Nación.
La Constitución provincial, en el artículo 68, establece que la dieta -única remuneración permitida por la labor legislativa- debe ser fijada por la Presidencia. Por uso y costumbre, a través de las distintas composiciones, los aumentos que se otorgaban estaban en línea con las paritarias estatales, que suelen celebrarse en la primera parte del ejercicio. Esta vez, según se desprende de que relató Amado, lo que puedan acordar los gremios con el Estado provincial no repercutirá en las dietas legislativas.
El punto de disidencia podría estar en que, según un grupo de legisladores, el “congelamiento” en los haberes debe ser instrumentado en todos los poderes del Estado. Una fuente con acceso a la “mesa chica” de Cámara consideró poco probable que esto se concrete, al entender que corresponde respetar la autonomía del Ejecutivo, de la Justicia y de los demás organismos de la Administración provincial.
De esta manera, al menos hasta el 31 de julio de 2020, los legisladores verán en su boleta un ingreso cercano a los $120.000 mensuales. ¿Cómo es en el resto de las “cabezas” del Estado? A mediados de 2019, el sueldo básico de un vocal de la Corte Suprema rondaba los $190.000 (sin título, antigüedad ni otros ítems), mientras que un juez o fiscal de primera instancia tenían un básico de $157.000. En el caso del gobernador, al inicio del segundo semestre tenía un básico cercano a los $60.000; con los adicionales de ley, rondaba los $120.000, según había dado a conocer LA GACETA.
“Un esfuerzo contra la crisis”
El jefe del bloque oficialista, Roque Tobías Álvarez, aseveró que los “compañeros” darán su apoyo a las medida de austeridad anunciadas desde el Congreso. Así lo indicaron también integrantes de su espacio, como Loza. “Es momento que todos hagamos un esfuerzo para poder sobrellevar esta crisis económica y social”, dijo el ex concejal. Y destacó la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández como titular de la Cámara Alta y de Sergio Massa, como presidente de la Cámara Baja. “Creo que debemos realizar acciones en este sentido en la Legislatura de Tucumán”, afirmó.
Masso, integrante de la mesa legislativa “Vamos Tucumán”, había expresado el viernes que tenía pensado proponer en la próxima reunión de Labor Parlamentaria que este tema fuera debatido. “Entiendo que este esfuerzo no sólo debe recaer en la Legislatura, sino también en el Poder Ejecutivo y en el Judicial”, indicó Masso. También expresó elogios por la decisión de Cristina y de Massa, pero consideró que debería haberse hecho extensiva la resolución para la Casa Rosada y los tribunales federales. “El esfuerzo para sacar a la Argentina de la crisis la deben hacer los tres poderes del Estado por igual. De esta manera jueces, funcionarios y legisladores dan un mensaje claro y de austeridad al pueblo argentino. No hay margen para los privilegios”, apuntó el referente de Libres del Sur.
Un proyecto del bussismo
El bloque de Fuerza Republicana (FR), que lidera Ricardo Bussi, había plantado bandera el viernes pasado con respecto al “congelamiento” de las dietas durante seis meses. A través de un proyecto de ley, cinco de los ocho miembros de esta bancada instaron además a establecer un mecanismo que regule a futuro, y bajo “parámetros objetivos”, los incrementos en los haberes legislativos. En ese sentido, el bussismo propone como tope para cualquier suba el índice de precios al consumidor.
“Dada la complicada situación económica actual por la que atraviesa el país, y la provincia en particular, entendemos que la política debe estar a la altura de las circunstancias, evidenciando conductas ejemplificadoras que contribuyan a mejorar la relación con la ciudadanía”, aseveró Bussi. Y remarcó la postura de FR. “Bajo ninguna circunstancia vamos a sostener la idea de que la gente resigne el esfuerzo de su trabajo mientras la clase política no sólo no reduce sus gastos, sino que aumenta sus ingresos”, añadió el ex diputado nacional.
Por lo pronto, la decisión de las autoridades de la Legislatura será adoptada por vía administrativa, y no surgiría del recinto. De todos modos, se buscará que -entre saludos por las Fiestas y buenos augurios para lo que viene- la medida tenga pleno consenso.
