Los medios públicos cerraron 2022 con pérdidas récord y llegan a 2023 con el desafío de una reconversión que les permita atravesar los fuertes cuestionamientos que reciben desde la oposición, donde sus halcones proponen reducir drásticamente, privatizar o directamente disolver la TV Pública, Radio Nacional y Télam, que este año prevén pérdidas por casi $30.000 millones.
La actual gestión de Radio y Televisión Argentina (RTA), encabezada por Rosario Lufrano, profundizará en 2023 los desequilibrios económicos de la empresa que maneja la TV Pública y Radio Nacional, ya que tiene previsto pérdidas operativas de $24.014 millones, sin ajustes presupuestarios, más allá del congelamiento en el ingreso de empleados que rige en la administración pública nacional.
Lufrano tiene previsto cubrir las pérdidas operativas de RTA con $20.000 millones aportados por el Tesoro Nacional y $4.843 millones de fondos que girará el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), según el presupuesto aprobado por el Congreso.
Las transferencias del Gobierno a RTA crecerán un 136% en 2023 y habrán acumulado un aumento de 699% durante toda la presidencia de Alberto Fernández, de acuerdo con los cálculos de la agencia Bloomberg.
Se incrementarán desde los $2.502 millones que transfirió el Tesoro Nacional a RTA en el último año de la gestión de Mauricio Macri, hasta los $20.000 millones que tiene previsto transferir el Gobierno este año.
De cumplirse con el presupuesto oficial, las pérdidas operativas en la empresa que maneja Rosario Lufrano tendrán en 2023 un incremento del 67%, respecto a los $14.347 millones de déficit previsto en 2022.
Sin embargo, todo indica que esas cifras serán superadas por la realidad de un aumento salarial que empuje las pérdidas hacia arriba, tal como ocurrió en 2022.
De hecho, en el primer semestre de 2022 las pérdidas operativas reales fueron $6.975 millones, un 111% interanual más, según cifras publicadas por la Unidad de Integridad y Transparencia de RTA, que está a cargo del director radical Javier Monte.
Se trata de cifras que se ven potenciadas por un notable aumento en los gastos ejecutados en RTA, que en el primer semestre de 2022 subieron un 114% respecto al mismo período del año anterior, con un inflación que en ese lapso fue del 64%.
“La mala administración ha incrementado los gastos de RTA. Y para 2023 la perspectiva presupuestaria es exorbitante, lo cual muestra que no conocen lo que es la austeridad”, dijo a Clarín el diputado macrista Hernán Lombardi (PRO). Y agregó: “Nosotros pensamos que las empresas públicas tienen que vivir con sus propios recursos”.
La única acción de todo 2022 que tuvo equilibrio económico en RTA fue la cobertura del Mundial de Qatar, .
“Tuvimos una recaudación publicitaria récord, con más de $2.000 millones recaudados, que nos permitieron enfrentar los gastos de este Mundial”, aseguró Lufrano, en un encuentro que tuvo con directivos del Gobierno y de RTA para celebrar la cobertura del Mundial y el campeonato logrado por la selección argentina.
Sin embargo, ese éxito fue opacado por los cuestionamientos de los principales dirigentes de la oposición en torno al creciente déficit que tiene RTA, que se proyecta sobre el año que se inicia.
El presupuesto para 2023 contempla que los ingresos publicitarios sean de $930 millones en RTA, con gastos de $24.944 millones. Una diferencia que cubrirán el Gobierno y el ENaCom, con giros del Tesoro Nacional y el porcentaje de impuestos que le corresponde por la ley de medios audiovisuales.
Por su parte, la agencia de noticias Télam, que dirige Bernarda Llorente, tenía previsto perder $3.305 millones en 2022, según el Plan de Acción y Presupuesto, que aprobó el ministro de Economía, Sergio Massa.
Y se aprobó un presupuesto en Télam para 2023 con una fuerte desaceleración en sus pérdidas, para que sean de $3.870 millones.
Habrá que ver si Bernarda Llorente logra efectivamente bajar el nivel de pérdidas, tal como figura en su presupuesto. Pero es importante destacar que en Télam el incremento en las pérdidas sería de solo el 17% en 2023, frente al 67% de aumento en el déficit que registra el presupuesto aprobado por RTA, la empresa que maneja Rosario Lufrano.
Entre ambas empresas de medios públicos, Télam y RTA, el Gobierno proyecta pérdidas de casi $30.000 millones para este año.
Cerca del expresidente Mauricio Macri proponen una fuerte reestructuración de los medios públicos, que los saquen de las pérdidas millonarias de los últimos años, mientras analizan la posibilidad de reducir drásticamente, disolver o privatizar Télam, Radio Nacional y la TV Pública, cuestión que fue planteada explícitamente por los dirigentes libertarios José Luis Espert y Javier Milei.
Polémica por los salarios
Los salarios de los empleados en los medios públicos es uno de los principales rubros donde pone el foco la oposición, ya que sus dirigentes aseguran que gran parte del déficit se debe a la cantidad de empleados que tienen y a que sus sueldos suelen estar por encima del promedio que se paga en la industria del sector audiovisual.
El 74% de los gastos operativos de RTA corresponde al rubro salarial, para pagar a 2.409 empleados de la TV Pública y Radio Nacional. Mientras que en Télam el 32% de los gastos son para pagarle a sus 780 empleados, según los presupuestos divulgados por ambas empresas.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, informó al Senado que la Televisión Pública tiene 1.071 empleados, de los cuales el sueldo bruto promedio supera los $300.000 (Bloomberg los sitúa en $421.000 por cada empleado de RTA) y catorce directivos cobran más que el presidente Fernández, como Rosario Lufrano, con $1.267.155 mensuales.
Pese a ese suculento salario, Lufrano cobró una jugosa indemnización de RTA poco antes de asumir como presidenta de empresa estatal, denominada “acuerdo de desvinculación”, equivalente a casi 30 sueldos, que firmó en 2016, bajo el patrocinio legal de Alberto Fernández, con quien tiene una relación de cercanía desde hace muchos años.
Denuncias y gastos discrecionales
Entre los hechos destacados de 2022, en abril pasado se confirmó el procesamiento de cuatro exdirectivos de RTA de la gestión Lufrano por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el retiro de bolsas con $11,4 millones en efectivo y su distribución arbitraria, sin contrato, autorización ni presupuesto aprobado, para producir la serie “Los amores prohibidos de Belgrano”, hecho revelado por Clarín.
En ese estilo de manejo discrecional de los recursos públicos también entró el dinero que le pagó la TV Pública a la guionista Liliana Escliar por el proyecto y los guiones de ocho capítulos de la serie “La revolución de las viejas”, basada en el último libro de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Le pagaron $ 1,13 millón a Escliar, por una producción que se suspendió en julio pasado, luego de las polémicas que generó su publicación en Clarín.
También habría que computar en ese dispendio de fondos los $15 millones que está pagando la TV Pública a Orlando Barone (padre de Roxana Barone, Coordinadora de Comunicación del Gobierno), como indemnización al expanelista de 6-7-8, por un juicio que ganó y que tendría que haberle cobrado a la productora de Cristóbal López, donde trabajó el periodista militante entre 2009 y 2015.
Ese caso -revelado en mayo pasado por Clarín– destapó otros juicios que llevan adelante siete periodistas contra Radio Nacional en los que reclaman más de $110 millones a RTA.
Se trata de ex conductores, panelistas e invitados al programa ultra K 6-7-8, que también eran conductores o columnistas en diferentes programas de Radio Nacional. Y en 2016 se consideraron despedidos de esa emisora radial, cuando la gestión macrista cambió la programación y dejó de pagarles sus salarios.
Algunos se preguntan si no hubo conflicto de intereses en que, en uno de esos juicios contra Radio Nacional, haya declarado como testigo Cynthia Ottaviano, la directora que representa a la primera minoría parlamentaria (Frente de Todos) en RTA, la empresa que maneja la TV Pública y Radio Nacional.
Ottaviano declaró en defensa del reclamo del periodista Roberto Caballero -su pareja y actual conductor en El Destape Radio-, quien condujo el programa “Mañana es Hoy”, desde 2011 hasta fines de 2015 en Radio Nacional. Ese juicio lo ganó Caballero en primera instancia y ahora está en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, por cuyo caso el Estado tendría que pagar más de $15 millones.
Pluralismo y diversidad
El uso familiar y partidario de los medios públicos es otro de los aspectos que se le cuestionan a Lufrano y Llorente, que se manejan en sintonía para que los medios públicos sean parte del aparato de propaganda del gobierno de Alberto Fernández.
Bernarda Llorente es de una familia poderosa del Frente de Todos. Esposa del ministro de Defensa, Jorge Taiana, e hija de la directora de Género y Diversidad de RTA, Susana Sanz, quien ingresó a ese cargo en 2020, luego de la designación de Llorente en la agencia de noticias estatal. También su hijo Francisco Taiana fue designado en esa época como director de Integración Federal y Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura.
En sintonía con la designación de la madre de Llorente que hizo Rosario Lufrano en RTA, la presidenta de Télam incorporó a su joven sobrina Lucía Borello Taiana (hija de Mercedes, la hermana del ministro de Defensa), quien se quitó su segundo apellido en las notas que firma en Télam, donde publica como Lucía Borello.
Mientras la sobrina de Llorente tuvo la suerte de poder ingresar en Télam, sin concurso, en marzo pasado fue despedido el periodista Pablo Pla, “sin causa”. Y eso motivó el repudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que planteó en un comunicado que fue echado “luego de una serie de disposiciones internas intimidatorias y de alto contenido ideológico”.
Varios periodistas catalogados como “cómplices de la anterior gestión macrista” no pueden ir a trabajar a la agencia Télam y les dan tareas que no se corresponden con su capacitación, para que realicen en sus casas. Esos periodistas prefieren no cuestionar públicamente esta situación, para evitar que los echen, luego del despido de Pla.
También hubo fuertes cuestionamientos por la falta de pluralismo de las coberturas periodísticas de Télam. Las notas de política fueron casi siempre con funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes kirchneristas, mientras que la oposición apareció en general vinculada con sus conflictos y las protestas contra sus gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.
Los cuestionamientos también incluyeron que a lo largo de 2022 la TV Pública tuvo menos de un punto de rating promedio, así como la falta de pluralismo político en sus contenidos, en una gestión deslucida, con escándalos y condicionada por su alineamiento partidario.
En abril pasado renunció el gerente artístico de la TV Pública, Leonardo Flores, quien pasó a encabezar el proyecto de contenidos periodísticos de DirecTV. Fue luego de haber renunciado por persecución ideológica de sectores ultra K un año antes al cargo de director ejecutivo de la TV Pública, donde duró una sola semana en reemplazo de Eliseo Álvarez.
Además, la TV Pública no tuvo presencia de dirigentes opositores en Desiguales, su principal programa político, en los meses de abril y mayo, según informó el jefe de Gabinete Juan Manzur en el Congreso. Desde la TV Pública dijeron que el 20% de los invitados habían sido opositores, pero que ellos habían resuelto no participar del programa.
En octubre pasado asistió Karina Banfi al noticiero del mediodía de la TV Pública, luego de tres años sin que la invitaran. Pero fue interceptada en los pasillos del canal por Rosario Lufrano, quien “de manera hostil me increpa por mis manifestaciones acerca de su desempeño al frente de la empresa pública”, contó a Clarín la vicepresidenta del bloque de diputados radicales.
Muchos especialistas todavía recuerdan las entrevistas que les hicieron en agosto de 2022 a dos condenados por la Justicia, Milagro Sala y Fernando Vaca Narvaja, para blanquearlos ante la audiencia de la TV Pública.
La dirigente social se victimizó y acusó por su situación personal al gobernador jujeño y presidente del radicalismo Gerardo Morales. Y el ex líder montonero habló largamente como si fuera un político de la democracia, sin que la TV Pública aclarase que era un exdirigente guerrillero condenado por la Justicia, que fue indultado por el expresidente Carlos Menem.
El presidente Alberto Fernández, al inicio de su mandato, unificó el área de la cual dependen los medios públicos con la que distribuye la publicidad oficial del Gobierno nacional. Esa decisión -que no tiene fundamentos comunicacionales ni de gestión- provocó que muchos dejaran de hacer investigación periodística en torno a lo que ocurre en los medios públicos, para evitar recibir menos publicidad oficial.
Hay que destacar que la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial atenta contra la libertad de expresión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por eso, que el Gobierno haya resuelto que quienes distribuyen esa publicidad oficial -con irregularidades en esa tarea, como el incremento arbitrario a los medios de Roberto Navarro- sean los mismos que tienen a su cargo el manejo de los medios públicos, provoca que la mayor parte de la ciudadanía carezca del acceso a una información que debería ser pública sobre la gestión de la TV Pública, Radio Nacional y Télam.
