La crisis no da tregua a los empresarios, e impiadosamente se va devorando comercios e industrias. En este último caso, le tocó a la empresa Viluco, de capital tucumano. Sucede que después de haber discontinuado sus operaciones de acopio, crushing y alimentos balanceados, la empresa agroindustrial del Grupo Lucci, decidió cerrar su planta de biodiésel ubicada en Frías, Santiago del Estero.
A principios de mes, la compañía había presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para concretar 117 despidos en las operaciones de acopio, molienda y alimentos balanceados. Y comunicó que 83 trabajadores quedaban para elaborar biodiésel. Pero, ante el último cambio de fórmula para el precio del combustible, que no llegar a cubrir las gastos fijos de la operación, la empresa decidió cerrar la fábrica.
Sobre el tema, al ser consultado por LA GACETA, el director del Grupo, Daniel Lucci, se remitió al comunicado enviado a los medios. La firma evaluó que el negocio principal, la producción de biodiésel para el corte obligatorio en el mercado interno, fue perjudicada por mala categorización, la incorrecta asignación de cupo y por un precio insuficiente. La situación, afirma, es producto de la falta de reglamentación clara desde los inicios del régimen de promoción.
Apunta en el escrito el Grupo Lucci que si bien la Justicia le otorgó recientemente una medida cautelar para estabilizar el volumen de operación, “de forma arbitraria el Ejecutivo, alteró la mecánica de determinación de precio de venta de biodiésel, generando la inviabilidad de esta operación y de prácticamente, toda la actividad”.
Según la firma, hubo otros factores que también alteraron la molienda de soja: la suba de los costos logísticos, las paritarias salariales “únicas para todo el país que no tienen en cuenta las desventajas regionales”, la “guerra comercial” entre EEUU y China -incrementó la exportación de grano y alteró el margen de molienda de la industria argentina- y la “quita del diferencial arancelario del 3% que tenían los subproductos de la industria de la molienda”.
Por su lado, los empleados a los que les llegó los telegramas (hasta ahora son 180) protestaron frente a la planta, y en la ocasión el delegado local de la Unión de Recibidores de Granos, Hugo Toledo, reclamó el 100% del pago de las indemnizaciones y no el 50% según lo dispone la ley.
