Dos ex directores de la Aduana de Buenos Aires durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP fueron condenados este viernes a prisión por contrabando tras un juicio abreviado, en la causa conocida como la “Mafia de las Mudanzas”.
Se trata Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, que integraban una banda junto a otros diez empleados aduaneros. A ambos les dieron 4 años de prisión.
Paolucci y Bernardi también están involucrados en la investigación, de la “Mafia de los Contenedores” en la que hay empresarios y ex funcionarios procesados por contrabando.
Las penas de los integrantes de la banda van de dos a cinco años y fueron dadas a conocer por el Tribunal en lo Penal Económico Número 1, después de un juicio abreviado. Ese tipo de juicio, atípico en casos en los que están involucrados funcionarios del Estado, implica que los acusados aceptan los cargos que se les imputaron.
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Así, la defensa y la fiscalía llegan a un acuerdo que finalmente debe ser homologado por el Tribunal. En este caso, todos los imputados reconocieron su participación y culpabilidad, así como también la imposición de penas de cumplimiento efectivo de prisión sumado a las accesorias legales.
Según señalaron a Clarín fuentes de la causa, las multas para los condenados podrían ser de unos 200 millones de pesos: la AFIP pedirá que sea de dos a veinte veces del valor de la mercadería ingresada ilegalmente. Además, la sentencia permite que, de inmediato, los funcionarios sean exonerados por el actual director de la Aduana, Diego Davila.
Los otros condenados son: Irene Machuca (2 años), David Kyselycia (3 años), Edgardo Kornuta (3 años), Marcelo Carone (3 años), Graciela Vesella (4 años), David Kyselycia (3 años), Leonardo Savio (4 años), Pedro Gómez (4 años), Gustavo Pellegrina (4 años), Maximiliano Ciappina (4 años) y Julio Loscalzo (4 años).
También fueron condenados César Ayala, despachante de aduanas (4 años) y Héctor López (5 años), ex agente de la SIDE.
Además de las condenas a prisión, las sanciones impuestas suponen inhabilitaciones especiales para ejercer el comercio durante e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
La causa se inició con un procedimiento de la Aduana en agosto del 2016, en la Terminal Rio de la Plata 1, 2 y 3, en la que se buscaba verificar una mudanza internacional.
Se comprobó la existencia de mercaderías que no se condecían con una mudanza, sino que tenían la finalidad de comercialización. También se detectó mercadería similar en otro contenedor. Aunque en un principio parecían maniobras aisladas, se pudo establecer que entre octubre de 2015 y agosto de 2016 se consumaron 52 ingresos de mercadería de origen extranjero destinada a la comercialización en el país, en violación al Régimen específico de mudanzas internacionales, el cual se encuentra libre de impuestos.
