En las huestes proselitistas de Marcelo Albaca se encendieron las alarmas luego de que trascendieran las espurias razones que se ocultan detrás del hecho de que el candidato a intendente por Yerba Buena encabeza un trío junto con Sisto Terán y Daniel Toledo.
¿QUIEN ES MARCELO ALBACA?
Empecemos por el comienzo para comprobar que la manzana de lo espurio nunca cae demasiado lejos del árbol de la corrupción.
En ese marco, cabe recordar que todo comenzó cuando el concejal yerbabuenense Marcelo Albaca era un adolescente de 16 años y en octubre de 1997, Menem encabezó el acto inaugural de la explotación megaminera a cielo abierto de Alumbrera, un consorcio de transnacionales. Desde aquellos tiempos la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue parte del saqueo.
Y su participación también incluyó una “validación social” frente a las crecientes denuncias por contaminación. Este esquema comenzó a resquebrajarse luego de que se descubriera que durante la polémica y cuestionada gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola, los representantes de la UNT renunciaron a la mitad de las regalías para así poder usarlas a voluntad y de manera discrecional.
Hasta ese momento solo podían ser usadas en “la construcción de la Ciudad Universitaria”. Sobre las regalías de la megaminería, que comenzaron a repartirse en el año 2008, se montó la camarilla que ocupó el Rectorado de la UNT y los decanatos durante años con casos de corrupción incluidos, como el del ex rector Juan Cerisola y otros funcionarios, que irán a juicio por malversación de unos $340 millones.
Es decir, unos U$S 85,5 millones, según la cotización de ese momento. En ese marco, resulta poco más que llamativo el hecho de que entonces Marcelo Albaca destaque en su biografía su comienzo en el plano político desempeñándose como funcionario durante la gestión del rector Juan Cerisola en la Secretaría de Bienestar Universitario y luego en la Secretaría de Extensión, donde fue Tesorero de la misma.
Tal parece que no tiene vergüenza alguna Albaca en destacar que comenzó su militancia política de la mano de Cerisola, quien se encuentra procesado en la Justicia Federal. Se le imputan los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además del embargo de $50 millones. “Es un gran amigo, un gran rector”, supo decir en su momento el entonces gobernador, José Alperovich, al referirse al rector de la UNT Cerisola.
“La sociedad debe involucrarse en la Universidad”, dijo José Alperovich en el 2006 con un argumento con el cual se inmiscuyó en la interna universitaria y dio su apoyo a uno de los aspirantes a ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional de Tucumán en aquél año en el apogeo del alperovichismo. El favorecido fue Juan Alberto Cerisola, decano de Ciencias Económicas y candidato a reemplazar a Mario Alberto Marigliano en el Rectorado.
Era la primera vez que un mandatario provincial expresaba de manera explícita su apoyo a un candidato a rector, y la noticia causó sorpresa en la comunidad universitaria. Todos en el mismo barro enlodados dice la letra del tango. En ese marco, cabe señalar que Marcelo Albaca se presenta como candidato a intendente de la ciudad de Yerba Buena de la mano de otros alperovichistas.
Y es que forma parte de la lista que lleva como legislador a Regino Racedo y al ex intendente de la ciudad jardín Daniel Toledo, una figura rechazada y degastada en la política de Yerba Buena. Sobre todo, si se tiene en cuenta el hecho de que el ex intendente forma parte del alperovichismo, el cual tiene un alto rechazo en la población tucumana, en general, y en la yerbabuenense en particular.
Pero a pesar del conocido prontuario del ex gobernador, Daniel Toledo continúa siendo un soldado de la cruzada alperovichista. Y a él decidió unirse el concejal Marcelo Albaca, quien ahora quedó manchado a causa de formar parte de un espacio que buscará “blanquear” la inmensa y profunda oscuridad que rodea a Alperovich. Y que al mismo tiempo contamina a sus fieles lacayos, a cuyas filas estaría ingresando Albaca.
¿QUIÉN ES DANIEL TOLEDO?
El vecino de Yerba Buena tiene memoria y no olvida que antes de irse, Daniel Toledo, incorporó a la planta permanente de esa Municipalidad a unas 492 personas.
Tal es así que su sucesor, el radical Mariano Campero, pidió que se revisen las designaciones, y en ese entonces, un concejal macrista, hoy oficialista, presentó un proyecto de ordenanza para que se forme una comisión investigadora. “Debido al incremento económico que esto le ocasiona al municipio, es nuestro deber fiscalizar cada uno de los legajos de quienes fueron titularizados a través de la ordenanza 2.009”, consideraba el concejal.
El colmo de la desvergüenza se dio al trascender que, entre los designados por Toledo, había algunos funcionarios suyos. Estas incorporaciones fueron observadas por el departamento de Recursos Humanos del municipio cuando su directora, Alcira Cativa, abrió unos expedientes.
En esos documentos, se invocó el estatuto para la administración pública de Tucumán (Ley 5.473), que en su artículo 41 establece que el personal de gabinete debe cesar sus funciones, de modo automático, cuando acaba la gestión de quien los ha contratado. Por esa razón, entre otras, Cativa consideró que no correspondía efectuar las incorporaciones.
“El agente citado no reviste como personal con contrato administrativo …. Por lo tanto, su gestión debe finalizar el 31 de octubre de este año”, se lee en las notas, que fueron fechadas el 26 de junio. Dos meses antes de las impugnaciones, el 30 de abril, los funcionarios toledistas habían sido incorporados a la planta permanente, a través de decretos que llevan la firma de Toledo.
En esos dictámenes -en cambio- se consigna que los funcionarios sí estaban incluidos en un anexo único del personal contratado. Pero en la revisión de esos listados hecha por Recursos Humanos, no se observan los apellidos de los mencionados. Cabe recordar que la composición anterior del Concejo, había aprobado -con los votos de ediles afines a Toledo- un proyecto para titularizar al personal contratado de la Municipalidad y de la Secretaría del cuerpo deliberante.
“Aquellos agentes que se encuentran en carácter de personal contratado … quedarán titularizados en la planta permanente”, dice la ordenanza. Así las cosas, para que Toledo pudiera nombrar a una persona -según lo reglado-, esta debía haber sido antes empleada municipal, entre otros requisitos. Entre los expedientes, sobresale uno referido a Angelina del Valle Vicinguerra, la madre de Marianela Mirra, la tucumana que ganó el reality “Gran Hermano”.
En una nota enviada al departamento de liquidación, la directora de Recursos Humanos solicita que se “proceda a la baja de las planillas de haberes”, y que se le informe al sistema de cómputos de la Casa de Gobierno.
¿Por qué Cativa pidió que no le paguen más a Vicinguerra? Pues bien, en ese documento, consignó que viene informando, desde hace meses, que no posee ninguna planilla de asistencia de la empleada, y que tampoco tiene un contrato u otro documento legal.
Pero eso no es todo. Y es que, el ex concejal del (PRO) ya había presentado un par de años antes ante la Fiscalía de Instrucción de Turno del Centro Judicial de la Capital, para ingresar una denuncia penal por los posibles delitos de “asociación ilícita, defraudación y abuso de autoridad contra los socios gerentes de la empresa Marm Group, a cargo del negocio de los cepos por mal estacionamiento en Yerba Buena”. La denuncia se hizo extensiva a los funcionarios municipales.
A quienes, en el escrito, el edil considera como “responsables de los ilícitos que se estarían produciendo en perjuicio a vecinos de la ciudad y posiblemente al erario municipal”. “Cabe destacar que hace meses que intento obtener información de dicha empresa -con cartas documento que nunca contestaron- incluido un pedido de informe que presenté en el Concejo Deliberante de Yerba Buena y que hasta la fecha no fue tratado”, afirmó el concejal opositor.
“Es preocupante el contrato que firmó el intendente de Yerba Buena, profesor Daniel Toledo, y avaló el Concejo Deliberante de la gestión anterior (en su última sesión antes de finalizar el mandato), que beneficia exclusiva y sospechosamente a esta empresa, perjudicando al municipio, no sólo en el porcentaje que debería ingresar a las arcas municipales y que se lleva Marm Group”.
“Sino también en una peligrosísima cláusula de rescisión, en donde se le garantizó a la empresa una indemnización equivalente al total de lo facturado por la misma desde el primer día de contrato”, añadió. En ese marco, cabe destacar que el entonces concejal opositor, a la hora de fundar los hechos motivos de la denuncia señaló que “para que se entienda: si dentro de siete años se le anula el contrato a la empresa el municipio debería abonarle $81.000.000”.
“Si, ochenta y un millones de pesos, el equivalente casi a la mitad del presupuesto anual de Yerba Buena, lo que nos llevaría a la quiebra total” aseguró. “Este y otros datos surgen del contrato, de 10 años de duración, más una renovación automática por otro período de tiempo similar más la incomprensible porcentualidad en el cobro, ya que del ítem ‘destrabe’ la empresa se lleva el 100% y del ítem ‘multa’ se lleva además el 50 por ciento”.
“Es decir que el municipio sólo recaudaría -en el caso que ese dinero realmente ingresara lo cual hoy tengo mis serias dudas- la cuarta parte de lo cobrado instantáneamente por esta empresa en negro, ya que entregan recibos X que no serían legales”, señalaba el concejal. En definitiva, lo cierto es que se trata de contrataciones millonarias, adjudicaciones impugnadas y obras “defectuosas”.
Estos son algunos de los elementos que rodean a un grupo de personas que trabajó en diversas obras del municipio durante la gestión del ex intendente desde el 2007 hasta el 2015. Este grupo formó parte de una serie de constructoras a través de diversos cargos: dueño, apoderado, representante técnico, etc. En septiembre del 2017, el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT realizó un estudio.
El cual se realizó en base a cerca de 50 muestras en cuadras pavimentadas en la gestión de Toledo. Según funcionarios de Yerba Buena, los resultados permiten afirmar que en esas obras “faltan cerca de $80.000 de materiales”. Al respecto, el entonces secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, José Luis Ferroni, trazó un cálculo que se hizo en base al resultado promedio que se obtuvo en las 50 muestras analizadas por los representantes de la UNT.
De acuerdo a ese informe, en la mayoría de los testigos (bloques de hormigón) extraídos, la altura rondaba los 12 centímetros (cuando debería tener 18). “A valores del 2017, (para pavimentar una cuadra) usted gastaría solamente en hormigón $ 250.000. El espesor que tiene (la mayoría de las muestras) es de cerca de $ 180.000”, explicó Ferroni, a propósito de la calle Frías Silva al 600.
Podría apodarse el señor de los pavimentos. Porque en sus casi ocho años de gestión, el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, ha pavimentado unas 1.700 cuadras, según sus propios cálculos, hechos en marzo del año pasado. Sin embargo, buena parte de las calles parece salida de Vietnam. La pregunta que surge, entonces, es: ¿Quiénes hicieron las obras? ¿Quién controló los millones de pesos invertidos?
¿Por qué las arterias estaban atestadas de pozos, a pocos años de haberse inaugurado? De acuerdo a documentos de la Municipalidad, desde 2009 en adelante Toledo efectuó contrataciones directas con numerosas empresas que se encargaron de hacer conexiones cloacales, asfalto, cordones cunetas, retardadores de velocidad, desagües y redes de gas, entre otras adjudicaciones.
¿QUIEN ES SISTO TERÁN?
En agosto del 2002, Esteban Jerez, por entonces a cargo de la fiscalía anticorrupción de Tucumán, solicitó que se abra una investigación jurisdiccional contra Sisto Terán, vicegobernador de Julio Miranda, “por haber pagado presuntamente coimas” para que en febrero de ese año se aprobara la reforma de la Constitución provincial. Entonces el funcionario judicial hizo un pedido al juez de instrucción.
Se trata de Víctor Pérez, al que se le pidió que le requiera a la Legislatura “un juicio político a fin de lograr la destitución de Terán y así poder seguir adelante con la investigación” sumaria abierta el 12 de junio pasado. Jerez concluyó que “la presunta compra de voluntades (para que el 19 de febrero se declarara mediante una ley la necesidad de reformar la Carta Magna local) se produce por la facilidad en el manejo de fondos públicos que tiene el presidente de la Legislatura”.
En base al testimonio del entonces legislador justicialista Osvaldo Cirigliaro, el fiscal sostuvo que Terán “maneja al año en forma exclusiva 5 millones de pesos, que quedan sin explicación”. De las declaraciones juradas del vicegobernador y de su esposa, Sylvana Dellarosa, de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales de los años 1999, 2000 y 2001 surge que en el segundo de esos años “tuvieron un incremento patrimonial no justificado de 70.000 pesos”.
Jerez argumentó que, desde que asumieron las autoridades de ese momento en octubre de 1999, la reforma se convirtió “casi en una obsesión”, en la que “la ley que establece la necesidad de la enmienda sólo constituyó la concreción de una larga aspiración”. También mencionó “la declaración testimonial ratificatoria de la denuncia de Alejandra Ducca (esposa del legislador ex bussita Mariano Poliche, ante la Fiscalía Anticorrupción).
En la que consta que la mujer dijo que se repartieron 2 millones de pesos para que se apruebe la reforma. Ducca, denunció el pago de coimas el 25 de junio, sin embargo, cuando el juez Pérez la citó como testigo el 30 de julio negó haber dicho lo del “reparto de dinero”. Pérez tenía plazo para decidir si archivaba la investigación sumaria abierta contra Terán o si la profundizaba, como le aconsejó Jerez.
En cuyo caso tendría que pedirle a la Legislatura que destituya al vicegobernador para poder citarlo a declarar como imputado. Sin embargo, cabe recordar que con el apoyo del representante de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), el justicialismo consiguió los dos tercios de los votos que necesitaba para rechazar la apertura del proceso de juicio político en contra de Sisto Terán.
Como si esto fuera poco, cabe recordar su paso también por el kirchnerismo debido a que el presidente, Alberto Fernández, avanzó en julio del año pasado con el “ascenso” para un tucumano que ya venía formando parte del Gobierno nacional. Sisto Terán Nougués pasó a ejercer como secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.
En febrero de 2020, tres meses después de la llegada del Frente de Todos a la presidencia, el ex vicegobernador de Tucumán había sido nombrado al frente de la Unidad Ejecutora “Belgrano-Norte Grande”. Esta estructura también depende de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. A partir de entonces, Terán Nougués estuvo a cargo de una repartición con alcance en todo el territorio nacional, cuya misión es ejecutar “políticas para la gestión de los recursos hídricos”.
“Priorizamos las obras para el acceso al agua potable y el saneamiento de toda la población”, señala el sitio web del Gobierno nacional. En definitiva, entre 1999 y 2003, Terán Nougués fue vicegobernador de Julio Miranda. Luego, durante el alperovichismo, fue legislador provincial. Y, con la llegada de Juan Manzur a Gobierno provincial, fue designado al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, que tenía a su cargo la gestión de obras públicas de infraestructura.
Hasta que, en 2020, finalmente, pasó a la órbita de la Nación, de la mano de Alberto Fernández. Ahora bien, cabe preguntarse entonces: ¿Qué razón espuria puede esconderse detrás de la intención de Marcelo Albaca de ocultar detrás suyo a Sisto Terán y Daniel Toledo? La respuesta a esta pregunta la tienen los propios vecinos de Yerba Buena, quienes comentan acerca de un secreto a voces.
Y es que Sisto Terán y Daniel Toledo estarían ocultándose detrás de Marcelo Albaca para poder llevar a cabo desde las sombras, un desarrollo inmobiliario muy importante que tendría lugar en el Casco Viejo de Yerba Buena. Entonces la razón por la cual Sisto Terán y Daniel Toledo se ocultarían detrás de la figura de Marcelo Albaca sería el hecho de que lo estarían utilizando y el dejándose “utilizar” para “lavar” sus imágenes controvertidas.
Esto se debe a que Marcelo Albaca les vende a los vecinos de Yerba Buena la imagen de un supuesto cambio, cuando en realidad no es así, ya que está rodeado de puros personajes oscuros de la vieja política de Tucumán, sobre todo alperovichistas, tal y como es el caso de Daniel Toledo y Sisto Terán. La misma a la que Yerba Buena ya había conseguido desacostumbrarse tras dejar eso atrás.
Pero ahora, pretende traer esta desvergüenza de vuelta.
Sin embargo, Marcelo Albaca se ilusiona con llegar a la intendencia de Yerba Buena y lo hace con el apoyo de la agotada y vieja política alperovichista.
“Dime con quién andas y te diré quién eres”…
